La Fiscalía pretende cerrar del todo el caso de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA en 1997. Más concretamente, quiere que los recursos presentados por el Partido Popular y por las acusaciones populares ejercidas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Fundación Villacisneros no sean admitidos.
Así lo ha explicado Vozpópuli. La número dos del fiscal general (imputado por un presunto caso de revelación de secretos), María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al Tribunal Supremo que no se reabra la causa. A su modo de ver, considera que los hechos ya están prescritos.
La postura de Sánchez Conde se opone a la de la junta de fiscales de la sección penal del Supremo. El pasado febrero apoyó mayoritariamente la reapertura del 'caso Miguel Ángel Blanco' al considerar válidos los recursos de casación presentados por las acusaciones. Esta decisión chocaba con el fallo previo de la Audiencia Nacional (AN), que había ordenado archivar la causa al estimar que había prescrito.
Manifestaciones proetarras
La izquierda abertzale mantiene su actitud de indiferencia hacia las víctimas del terrorismo, al continuar organizando actos públicos de homenaje a miembros de ETA, con frecuentes peticiones para su liberación.
El pasado febrero, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció varias concentraciones en distintas localidades del País Vasco, donde se exigía la excarcelación de dos etarras condenadas por asesinato.
