¿Los fiscales podrían derribar la Ley de Amnistía?

Los fiscales del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Quienes desempeñaron un papel crucial en el juicio del 1-O. Han manifestado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su postura de que la amnistía no es aplicable a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

Quienes fueron procesados por malversación, ni a los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Según los fiscales, hubo un "beneficio patrimonial" derivado del desvío de fondos públicos a fines distintos de los previstos. Lo que implica un ánimo de lucro.

En el escrito remitido a García Ortiz, los fiscales del Supremo sostienen que en los casos de malversación cometidos por Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Se cumple con todos los elementos del tipo penal. Los fiscales argumentan que los acusados infringieron su deber de custodia. Se apropiaron de fondos públicos y obtuvieron un beneficio patrimonial al destinar estos fondos a fines inconstitucionales que les beneficiaban para alcanzar sus objetivos políticos.

Malversación y ánimo de lucro

La malversación, según los fiscales, no requiere que el autor se enriquezca personalmente, pero en este caso, existió un beneficio patrimonial claro. Los fondos sustraídos de las arcas públicas se utilizaron para pagar servicios y contratos públicos que apoyaban un proyecto político exclusivo de los autores beneficiados.

Por tanto, los fiscales concluyen que hubo un ánimo de lucro al desviar fondos públicos para intereses particulares. Totalmente ajenos a los intereses públicos.

Los fiscales también subrayan que la malversación de fondos públicos afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Por ello, argumentan que los actos de malversación no pueden ser amnistiados bajo la ley de Amnistía.

La Ley de Amnistía se aprobó recientemente en el Congreso después de que el PP levantara el veto en el Senado. Esta ley podría beneficiar a unas 372 personas con causas penales, incluyendo a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor si se incluyen a los sancionados bajo la ley de seguridad ciudadana. Organizaciones como Junts y Alerta Solidària estiman que entre 1.000 y 1.500 personas podrían beneficiarse de la amnistía.

Argumentos específicos de los fiscales

Los fiscales del procés, Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno. Han presentado un dictamen en el que rechazan la aplicación de la amnistía para casos de malversación de fondos públicos. Según ellos, la sentencia del 1-O del Supremo probó que hubo un ánimo apropiatorio en la desviación de fondos públicos catalanes.

Además, citan una directiva de la UE de 2017 que considera que los intereses financieros de la Eurozona. Se ven afectados cuando se produce malversación en la función pública.

Los fiscales sostienen que la malversación cometida durante el procés no puede ser amnistiada, ya que se trata de una modalidad activa de apropiación indebida. Argumentan que los cabecillas políticos del procés, incluyendo a Puigdemont, se apropiaron directamente de los fondos públicos para financiar su proyecto separatista inconstitucional.

Esta postura implica que la malversación cometida no se incluye en la amnistía. Que, según la ley, solo es aplicable en casos de omisión impropia o comisión por omisión.

La posición de los fiscales pone en duda el regreso de Puigdemont a España sin ser detenido, ya que debería seguir siendo reclamado por malversación. Además, los beneficios buscados para Junqueras y otros condenados también quedarían frustrados, al no proceder el levantamiento de la inhabilitación que los mantiene alejados de la política activa.