La reciente aprobación de la Ley de Amnistía ha generado un acalorado debate y múltiples reacciones tanto a favor como en contra.
Esta ley tiene como objetivo anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de personas relacionadas con el proceso soberanista en Cataluña. Entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Sin embargo, lo que no se cuenta de esta ley revela una compleja trama de implicaciones políticas y legales.
La Ley de Amnistía no solo abarca a figuras prominentes como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, líderes de ERC y Junts respectivamente. Si no también a una amplia gama de personas involucradas en el movimiento independentista. Esta lista incluye a consellers, diputados, directores de colegios, alcaldes y manifestantes relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Además, la amnistía se extiende a 73 policías que actuaron durante dicho evento. Resultando en la eliminación de delitos para más de 300 independentistas y agentes policiales.
La Ley de Amnistía incluye el perdón para los delitos de terrorismo tras una condena firme. Incluyendo atentados mortales, tenencia y fabricación de explosivos, así como torturas, en línea con la directiva europea de 15 de marzo de 2017.
No obstante, persisten incógnitas sobre casos específicos relacionados con el independentismo. Como las protestas de Tsunami Democràtic y las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR).
La incógnita de los casos de terrorismo
Dos casos destacados generan incertidumbre respecto a su posible amnistía, las protestas de Tsunami Democràtic. Que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional y que involucran a Carles Puigdemont.
Además, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y las acciones de los CDR. Que están cusados de planear actos de sabotaje en respuesta a la sentencia del procés.
