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collage de separatistas catalanes

POLÍTICA

Lo que no te cuentan de la Ley de Amnistía

La Amnistía no solo abarca a figuras prominentes, amplia gama de personas involucradas en el movimiento independentistas

La reciente aprobación de la Ley de Amnistía ha generado un acalorado debate y múltiples reacciones tanto a favor como en contra.

Esta ley tiene como objetivo anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de personas relacionadas con el proceso soberanista en Cataluña. Entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Sin embargo, lo que no se cuenta de esta ley revela una compleja trama de implicaciones políticas y legales.

La Ley de Amnistía no solo abarca a figuras prominentes como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, líderes de ERC y Junts respectivamente. Si no también a una amplia gama de personas involucradas en el movimiento independentista. Esta lista incluye a consellers, diputados, directores de colegios, alcaldes y manifestantes relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

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Además, la amnistía se extiende a 73 policías que actuaron durante dicho evento. Resultando en la eliminación de delitos para más de 300 independentistas y agentes policiales.

La Ley de Amnistía incluye el perdón para los delitos de terrorismo tras una condena firme. Incluyendo atentados mortales, tenencia y fabricación de explosivos, así como torturas, en línea con la directiva europea de 15 de marzo de 2017.

No obstante, persisten incógnitas sobre casos específicos relacionados con el independentismo. Como las protestas de Tsunami Democràtic y las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR).

La incógnita de los casos de terrorismo

Dos casos destacados generan incertidumbre respecto a su posible amnistía, las protestas de Tsunami Democràtic. Que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional y que involucran a Carles Puigdemont.

Además, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y las acciones de los CDR. Que están cusados de planear actos de sabotaje en respuesta a la sentencia del procés.

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La propuesta legislativa establece un plazo máximo de dos meses para que los tribunales y órganos administrativos o contables apliquen la amnistía. Priorizando su implementación de manera "preferente y urgente" y especificando que los recursos contra estas decisiones no tendrán efecto suspensivo.

Beneficiarios y perjudicados

Los principales beneficiarios de esta ley son los líderes independentistas y aquellos involucrados en el procés. Así como los políticos que buscan consolidar su poder mediante la aprobación de esta medida.

Sin embargo, los perjudicados son muchos, comenzando por el Estado de derecho, que parece sucumbir ante intereses particulares. La ley afecta el principio de separación de poderes, la seguridad jurídica y la credibilidad de las instituciones, además de socavar el principio de igualdad ante la ley.

Esta amnistía discrimina a quienes, habiendo cometido delitos similares, pero sin estar relacionados con el independentismo catalán, no recibirán el mismo trato. Este hecho resalta una profunda injusticia y genera un sentimiento de desigualdad entre los ciudadanos.

Los profesionales del Derecho han levantado la voz para proteger a aquellos que se ven discriminados por esta medida. Argumentando que las amnistías, como figura jurídico-política, suelen darse en contextos de transición de regímenes autoritarios a democráticos. Pero no en democracias consolidadas como la española.

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