La Fiscalía abre diligencias penales contra las torturas de la policía franquista

Por primera vez, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación penal para esclarecer los casos de tortura ocurridos durante el franquismo. Lo hace en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en Barcelona.

Así lo confirma El Mundo. Estas prácticas fueron llevadas a cabo por miembros de la Brigada Político-Social. La investigación se lleva a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.

La denuncia de una víctima sobre las agresiones sufridas durante su arresto en febrero de 1977 llevó a la apertura de la investigación. Estos hechos ocurrieron en un contexto de persecución política sistemática impuesta por la dictadura.

Más concretamente, según ABC, Blanca Serra, de 81 años, presentó en noviembre una denuncia ante la Fiscalía por las torturas sufridas. Tanto en la Jefatura de Policía de Vía Laietana como en la Dirección General de Seguridad de Madrid, entre 1977 y 1982, durante la Transición.

En su denuncia, también incluyó a su hermana Eva, ya fallecida, quien fue detenida en cuatro ocasiones en ese mismo período. La primera de estas detenciones tuvo lugar antes de las primeras elecciones tras la dictadura. La última, ya en democracia, fue por portar una pancarta que decía "Independencia".

Recordemos que las querellas y denuncias presentadas en los tribunales de Barcelona por las torturas ocurridas en la Jefatura de Vía Laietana durante el franquismo han sido desestimadas.

Esta resolución fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial, que argumentó que los hechos ya habrían prescrito. En consecuencia,  consideraron que la Ley de Memoria Democrática no podría iniciar "procesos contra los responsables de  violaciones graves de derechos humanos" cometidas durante la dictadura.

La decisión de iniciar la investigación se sustenta en el compromiso de la Ley de Memoria Democrática de asegurar una "investigación efectiva". Que respete el derecho de las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia, ser reparadas y garantizar que no se repitan estos hechos.

Estos principios son esenciales en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se encuentran contemplados dentro del derecho a la tutela judicial efectiva. Esto según lo establecido en el artículo 10.2 de la Constitución.