El Tribunal Supremo ha rechazado otro recurso del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el caso de las filtraciones a la prensa. Los magistrados han avalado las diligencias ordenadas por el juez Ángel Hurtado, en especial las relacionadas con los teléfonos del fiscal.
El móvil oficial del jefe del Ministerio Público fue intervenido en un registro en octubre, pero en él no se hallaron mensajes relevantes. Este hecho llevó al instructor a sospechar que García Ortiz podría haber utilizado otro teléfono para las comunicaciones investigadas.
El alto tribunal señala que es clave conocer cuántas veces ha cambiado de móvil el fiscal desde junio de 2023 y los datos sobre ellos. García Ortiz intentó frenar esta investigación argumentando que la medida era innecesaria y que no aportaría información relevante.
El fiscal general, supuestamente, quiere dejar el cargo
Sin embargo, la Sala de Apelación ha rechazado estos argumentos y ha confirmado la necesidad de aclarar si usó otros teléfonos. Los jueces destacan que la ausencia de mensajes en el terminal incautado genera dudas sobre si se le entregó un móvil distinto.
La acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, solicitó estas diligencias al Supremo. González Amador señala que García Ortiz y la fiscal Pilar Rodríguez filtraron datos sobre su caso fiscal para perjudicar su imagen.
El instructor pidió conocer si el fiscal general usó otros móviles oficiales en los meses previos a la revelación de los secretos. El tribunal considera que si se emplearon otros teléfonos es posible que desde ellos se hayan producido llamadas clave para el caso.
Según los magistrados, la investigación busca identificar a los interlocutores y el contenido de las comunicaciones mantenidas. El recurso del fiscal general también criticaba que se revisaran datos de fechas previas al periodo de la investigación.
García Ortiz borra el contenido de su teléfono
El Supremo ha respondido que estas pesquisas son necesarias porque podrían revelar un patrón en el uso de móviles oficiales. Los jueces recuerdan que, si no se hubieran eliminado mensajes del teléfono incautado, muchas diligencias no habrían sido necesarias.
La acusación particular insiste en que García Ortiz ha intentado frenar la investigación y teme que haya destrucción de pruebas. Este nuevo revés judicial refuerza las sospechas sobre el papel del fiscal general y la posible manipulación de pruebas.
El caso sigue abierto y, si se demuestra la filtración de secretos, podría acarrear consecuencias penales para los investigados. El Tribunal Supremo, con esta decisión, deja claro que la investigación debe continuar hasta esclarecer toda la verdad.
