El nuevo favor de la Abogacía del Estado al Fiscal General

La Abogacía del Estado ha vuelto a mover ficha para salvar a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado impuesto por Pedro Sánchez.  En un nuevo gesto de servilismo, ha presentado un informe pericial que exculpa a la Fiscalía en la filtración del correo del novio de Ayuso.

Este documento, pagado con dinero público, descarta que el correo que proponía un pacto fuese reenviado por un abogado del Estado. El informe, sin embargo, no analiza el contenido del email recibido por la Fiscalía, clave en la investigación del Tribunal Supremo.

Es decir, el documento solo exime a la Abogacía del Estado, pero deja sin aclarar cómo la prensa obtuvo la carta de la defensa. Resulta conveniente que el análisis técnico se centre solo en lo que le interesa al Gobierno, obviando el papel de la Fiscalía.

Este movimiento llega en un momento crítico, cuando el Tribunal Supremo investiga a García Ortiz por revelación de secretos. El fiscal general, protegido por Sánchez, está en el punto de mira tras la difusión del email que comprometía a González Amador.

La Fiscalía de Delitos Económicos recibió el correo de la defensa y, curiosamente, poco después apareció publicado en los medios. La versión oficial sostiene que nadie filtró nada, pero los hechos indican que alguien dentro del sistema lo hizo.

El Tribunal Supremo trata de averiguar quién filtró el contenido y con qué intención, pero el informe pericial evita esa cuestión. Lo que sí queda claro es que este informe llega como un salvavidas para la Fiscalía y el Gobierno en plena tormenta judicial.

No es la primera vez que la Abogacía del Estado se alinea con los intereses del Ejecutivo en casos políticamente sensibles. La misma institución ya ha intervenido a favor de Sánchez en asuntos como la ley de amnistía y la defensa de sus ministros.

Ahora, vuelve a aparecer oportunamente para despejar el camino del fiscal general y evitar que el caso le salpique más. La pregunta que muchos se hacen es: ¿realmente se busca la verdad o se trata de proteger a los afines al Gobierno?

Si la Abogacía del Estado actuara con independencia, no limitaría su informe solo a lo que exculpa a la Administración. Pero en este caso, se ha preferido elaborar un documento a medida, sin entrar en lo que podría comprometer a la Fiscalía.