El juez también exige los documentos relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés, pieza clave en el escándalo de los contratos públicos
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dado un giro clave en la investigación sobre Begoña Gómez.
Peinado ha solicitado formalmente a la Fiscalía Europea que informe de la fecha en la que remitirá los informes del 'caso Begoña' Gómez.
El juez también exige los documentos relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés, pieza clave en el escándalo de los contratos públicos.
Esta petición llega nueve meses después de que la Fiscalía Europea asumiera la investigación de contratos financiados con fondos de la UE.
Los contratos bajo sospecha habrían beneficiado a empresas vinculadas a Barrabés con la supuesta mediación de Begoña Gómez.
La causa sigue bajo secreto de sumario, pero el juez quiere conocer los avances y documentación retenida por la Fiscalía Europea.
Peinado ha subrayado que cualquier documento que reciba será tratado con absoluta confidencialidad, pero no tolerará más demoras.
La mujer de Pedro Sánchez está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida.
El juez también examina un posible delito de intrusismo profesional, derivado de su rol en adjudicaciones públicas millonarias.
La Fiscalía Europea asumió parte del caso en verano, centrándose en contratos adjudicados a Innova Next y The Valley Business School.
Estos contratos, financiados con dinero europeo, habrían contado con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
La firma de Gómez ha despertado sospechas sobre un posible abuso de poder aprovechando su posición como esposa de Sánchez.
El juez Peinado continúa investigando en Madrid la relación de Gómez con Barrabés y su posible influencia en adjudicaciones.
El caso dio un giro en julio, cuando Barrabés pasó de testigo a investigado tras declarar ante el magistrado.
En su comparecencia, Barrabés admitió reuniones con Begoña Gómez en Moncloa, pero no precisó fechas ni detalles clave.
Su falta de claridad ha llevado a las acusaciones a cuestionar el verdadero papel de Gómez en las adjudicaciones públicas.
La denuncia original fue presentada por Manos Limpias, que sostiene que Gómez favoreció licitaciones por más de 10 millones de euros.
Según esta acusación, la esposa del presidente habría utilizado su influencia para beneficiar a empresas afines.
Con esta solicitud a la Fiscalía Europea, Peinado busca coordinar esfuerzos y esclarecer el papel de Gómez en el escándalo.
El retraso en la entrega de los informes por parte de la Fiscalía Europea ha generado suspicacias en el entorno judicial. Algunos sectores consideran que la tardanza podría estar motivada por presiones políticas para frenar la investigación.
El caso de Begoña Gómez sigue generando tensiones entre la justicia nacional y la europea, además de un fuerte debate político.
Las asociaciones judiciales han pedido celeridad en el caso y transparencia en el papel de la Fiscalía Europea. El Gobierno, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre la investigación alegando respeto a la independencia judicial.
