La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse bajo el foco. El diputado socialista por Murcia Joaquín Martínez Salmerón fundó en 2005 un despacho de abogados que actualmente representa a fondos de inversión en procedimientos de ejecución hipotecaria. Una actividad que contrasta con las medidas impulsadas por el Ejecutivo para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.
Según una investigación publicada por La Verdad de Murcia, el bufete Martínez & Salmerón Abogados interviene en al menos 14 procedimientos hipotecarios en la Región de Murcia. Entre sus clientes figura AP Malbec Bidco, sociedad vinculada al fondo estadounidense Apollo.
El Congreso permitió al diputado socialista continuar ejerciendo la abogacía
El detalle más significativo aparece en los propios registros parlamentarios. El Congreso autorizó el 19 de diciembre de 2023 que Martínez Salmerón continuara ejerciendo la abogacía hasta el 30 de abril de 2024, exclusivamente para finalizar o reasignar asuntos pendientes.
El diputado del PSOE Joaquín Martínez Salmerón
Por tanto, su llegada al Congreso no supuso una desvinculación inmediata de su actividad profesional.
Su declaración patrimonial también refleja tres viviendas, seis plazas de garaje y 662.839,97 euros en cuentas y productos financieros. Además, declaró 5.400 euros procedentes del alquiler de una vivienda en 2022.
Un despacho especializado en ejecuciones hipotecarias
La investigación periodística también señala que el parlamentario figura como administrador de Jomasa Geluk, sociedad que recibió activos mediante una escisión parcial del despacho.
Martínez Salmerón sostiene que actualmente no participa en la gestión del bufete y defiende la legalidad de sus actuaciones profesionales.
El asunto adquiere relevancia política por su pertenencia a la Diputación Permanente del Congreso, en un momento marcado por el debate sobre los decretos de vivienda y la suspensión de determinados desahucios.
La cuestión pendiente es determinar qué vínculos empresariales conserva el diputado y si estos tienen alguna incidencia en sus obligaciones de transparencia parlamentaria.
