En el recurso presentado ante el juzgado, la defensa sostiene que la devolución del pasaporte constituye un acto administrativo que debe ejecutarse una vez desaparecen las medidas cautelares
Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó levantar las medidas cautelares y devolver los pasaportes, a Begoña Gómez y a su asesora, ninguna de las dos investigadas en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado ha recuperado todavía el documento. El motivo, según sostienen las defensas, es que el magistrado exige que ambas comparezcan personalmente en el juzgado para hacerles entrega del pasaporte, una decisión que ya ha sido recurrida por una de las afectadas.
La resolución de la Audiencia dejó sin efecto las medidas cautelares que el instructor había acordado semanas atrás. Entre ellas figuraban la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado al apreciar un supuesto riesgo de fuga.
Sin embargo, aunque el tribunal ordenó devolver la documentación, el pasaporte continúa bajo custodia judicial. Según denuncian las defensas, el juez no ha autorizado su entrega mediante el trámite habitual y ha condicionado la devolución a que las dos investigadas se personen físicamente en la sede judicial.
Esta circunstancia ha provocado un nuevo enfrentamiento procesal. La representación legal de una de las investigadas considera que el mantenimiento de esta exigencia supone una limitación de su derecho a la libre circulación, ya que el documento continúa retenido pese a que la Audiencia acordó levantar todas las restricciones.
En el recurso presentado ante el juzgado, la defensa sostiene que la devolución del pasaporte constituye un acto administrativo que debe ejecutarse una vez desaparecen las medidas cautelares. A su juicio, no existe ninguna resolución judicial que justifique seguir reteniendo el documento hasta que la interesada comparezca personalmente.
Los abogados consideran que la actuación del magistrado excede las competencias que le atribuye la ley. En el escrito recuerdan que la entrega del pasaporte corresponde al letrado de la Administración de Justicia, encargado de ejecutar este tipo de actuaciones una vez existe una resolución firme.
Por ello, sostienen que el juez habría asumido una función que no le corresponde al retrasar la entrega mediante una providencia. La defensa entiende que esa decisión invade competencias atribuidas por la legislación procesal al letrado de la Administración de Justicia.
El recurso también afirma que mantener retenido el documento después de que la Audiencia ordenara devolverlo supone una restricción del derecho fundamental a la libre circulación sin cobertura legal suficiente. En consecuencia, solicita que el pasaporte sea entregado de manera inmediata.
La polémica surge después de que la Audiencia Provincial corrigiera la decisión inicial de Juan Carlos Peinado. El tribunal revocó las medidas cautelares impuestas a ambas investigadas y ordenó la devolución de sus pasaportes al considerar que no existían razones para mantener aquellas restricciones.
Cuando acordó retirarles la documentación, el juez justificó la medida por un supuesto riesgo de fuga. Incluso llegó a sostener en su resolución que los agentes de la Policía Nacional encargados de la protección de Begoña Gómez podrían colaborar en una hipotética salida del país, una afirmación que posteriormente fue objeto de revisión por el tribunal superior.
