La investigación judicial sobre las presuntas maniobras de las "cloacas" ha abierto un nuevo frente para el PSOE, que todavía no ha facilitado a la Audiencia Nacional toda la documentación relacionada con los servicios jurídicos contratados durante los últimos años. El partido ha respondido al magistrado Santiago Pedraz con un escrito en el que expone diferentes motivos para justificar el retraso.
Según publica Vozpópuli, Ferraz considera que las exigencias del procedimiento judicial deben conciliarse con la protección de información confidencial. La dirección socialista sostiene que entregar un listado de sus abogados y asesores externos podría dejar al descubierto cuestiones relacionadas con su estrategia legal.
Sin embargo, el secreto profesional no es el único obstáculo señalado por el partido. El PSOE también atribuye parte de las dificultades a la campaña electoral, al asegurar que la actividad política de estas semanas está condicionando su capacidad para atender las peticiones del juzgado.
La respuesta se produce en un momento en el que Pedraz ha intensificado sus requerimientos a Ferraz. Tras solicitar la información a principios de octubre sin obtener toda la documentación reclamada, el magistrado volvió a dirigirse al partido y le concedió dos días para responder.
La respuesta se produce en un momento en el que Pedraz ha intensificado sus requerimientos a Ferraz
El interés de la Audiencia Nacional se centra en conocer cómo se aprobaron y justificaron las contrataciones de profesionales jurídicos entre 2021 y 2025. Los investigadores buscan reconstruir los procedimientos administrativos y económicos empleados por el PSOE para contratar estos servicios.
Detrás de esta línea de investigación aparecen los 152.000 euros abonados a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, cuya intervención está siendo examinada por la Justicia.
La declaración de la gerente socialista, Ana María Fuentes, resultó relevante para orientar las pesquisas hacia estas operaciones. Según su testimonio, fue Santos Cerdán quien dio instrucciones para recurrir a los servicios de ambos letrados.
La propia Fuentes se encuentra investigada por un presunto delito de falsedad documental mercantil. Las sospechas judiciales afectan a determinadas notas de encargo que habrían servido para justificar los desembolsos.
El juez investiga si parte de ese dinero pudo terminar financiando actividades atribuidas a Leire Díez y a otras personas relacionadas con las presuntas operaciones de las "cloacas", en lugar de corresponder a los trabajos profesionales reflejados en la documentación.
