Hubo un tiempo en que el periodismo tenía como función vigilar al poder. Señalar los abusos. Fiscalizar al Gobierno. Investigar la corrupción. Defender la libertad frente al aparato del Estado. Pero en la España del sanchismo hemos asistido a algo mucho más peligroso: la transformación de una parte importante de la prensa en un auténtico brazo propagandístico del poder político.
Y hoy, después del demoledor auto judicial que investiga la presunta trama de corrupción, extorsión y presión institucional alrededor del PSOE, muchas piezas empiezan a encajar.
Porque ya no hablamos únicamente de supuestos amaños de contratos, de comisiones o de redes clientelares. Hablamos de algo todavía más grave: de una presunta maquinaria organizada para amedrentar jueces, desacreditar fiscales, perseguir a miembros de la UCO y criminalizar a periodistas independientes que se atrevieron a investigar aquello que otros callaban.
Y para que una operación de estas dimensiones funcionara hacía falta algo imprescindible: cobertura mediática. Hacían falta voceros. Hacían falta periodistas dispuestos a señalar a quienes investigaban al poder mientras protegían al propio poder.
Por eso hoy resulta imposible no recordar aquel manifiesto firmado en 2024 por una larga lista de periodistas y comunicadores en apoyo explícito a Pedro Sánchez y a su famosa “carta de reflexión”, aquel obsceno ejercicio de victimismo político convertido en campaña propagandística desde la Moncloa.
Aquello no fue un gesto inocente. No fue una simple adhesión sentimental. Fue la escenificación pública de una prensa alineada con el poder.
Entre los firmantes aparecían nombres como Iñaki Gabilondo, Silvia Intxaurrondo, Miguel Mora, Cristina Fallarás, Rosa María Artal, Maruja Torres, Javier Valenzuela, Manuel Rivas, Antón Losada, Ana Pardo de Vera, Rosa Villacastín, Jesús Maraña o Gorka Landaburu, entre otros muchos.
Todos ellos se movilizaron para proteger políticamente a Pedro Sánchez justo cuando comenzaban a aflorar los grandes escándalos que hoy cercan al PSOE.
Y ahora, a la luz de los últimos acontecimientos, resulta legítimo preguntarse muchas cosas.
Porque mientras algunos medios independientes investigábamos el caso Tito Berni, el caso Koldo, las conexiones de Víctor de Aldama, los negocios de Begoña Gómez, el enchufe del hermano del presidente o las sospechas que rodeaban a José Luis Rodríguez Zapatero, desde determinados programas, tertulias y columnas se lanzaba una operación coordinada de desprestigio contra quienes informábamos.
Nos llamaban pseudomedios.
Nos llamaban ultras.
Nos acusaban de difundir bulos.
Intentaban desacreditar cualquier información que pusiera en peligro al sanchismo.
Mientras tanto, hoy sabemos que la UCO, bajo supervisión judicial, investiga una presunta trama de extorsión y presión sobre jueces, fiscales y mandos policiales. Una trama que, según los autos conocidos, habría intentado amedrentar a figuras como el juez Juan Carlos Peinado, la juez Beatriz Biedma, el fiscal Alejandro Luzón o miembros relevantes de la UCO.
Y la pregunta es inevitable.
¿Quién construía el relato mediático para justificar esa persecución?
¿Quién preparaba el terreno desde los platós y los editoriales?
¿Quién convertía en sospechosos a jueces y periodistas incómodos mientras blanqueaba al poder político?
Porque aquí no estamos hablando únicamente de afinidad ideológica. Estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando de la posible colaboración mediática en una operación de presión política contra el Estado de Derecho.
Es imposible entender el crecimiento del sanchismo sin el apoyo de una parte del ecosistema mediático. Sin periodistas convertidos en activistas políticos. Sin comunicadores que dejaron de informar para dedicarse a proteger al Gobierno.
Cada vez que aparecía un nuevo escándalo, estos mismos nombres activaban el mismo mecanismo:
Negar.
Ridiculizar.
Insultar.
Desviar el foco.
