El lector tiene una fatiga comprensible cuando, ante cada tragedia nacional, la respuesta de los políticos consiste en parapetarse en el eslogan de siempre. Se ha vuelto costumbre despachar un drama humano con un par de frases manidas: o todo es culpa del cambio climático que anula cualquier responsabilidad de gestión, o todo obedece a una macabra y perfecta conspiración de un pirómano. La realidad, por desgracia, suele ser bastante más simple y preocupante.
El devastador incendio de este jueves 9 de julio en el término municipal de Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha vuelto a sacudir la conciencia del país de una forma cruel. Con un trágico balance provisional que se sitúa ya en doce personas fallecidas, en su mayoría ciudadanos extranjeros atrapados en vehículos y ramblas mientras intentaban huir del avance de las llamas y más de 3.150 hectáreas calcinadas.
La catástrofe de Los Gallardos se ha consolidado como el incendio más mortífero de la historia de la comunidad autónoma andaluza. Las investigaciones preliminares de la Guardia Civil apuntan a una causa de origen accidental: la caída de un cable del tendido eléctrico en una jornada previa de condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, el luto y el rugido de los hidroaviones y la UME no han tardado en reavivar un debate soterrado que cruza España de norte a sur: la sombra de la especulación energética sobre el suelo quemado.
En las últimas horas, diversas corrientes de opinión y colectivos vecinales han subrayado una coincidencia que, cuanto menos, agudiza la suspicacia: la existencia de solicitudes y proyectos para la instalación de macrogranjas fotovoltaicas en zonas limítrofes o coincidentes con el área afectada en el levante almeriense. No es una sospecha sin contexto. El despliegue desordenado de energías renovables en el medio rural español ha generado una comprensible ansiedad en el tejido local, alimentando la teoría de que el fuego actúa como un desbrozador providencial y barato para abrir camino a las placas de silicio.
El marco jurídico que regula el suelo forestal es la Ley de Montes 43/2003. Durante una década, el texto original mantuvo un cerrojo blindado: la prohibición de cambiar el uso de un suelo forestal incendiado durante un plazo mínimo de treinta años. El objetivo de aquella norma era disuasorio: garantizar que nadie, bajo ningún concepto, pudiera obtener un rédito urbanístico o comercial de la ceniza. Sin embargo, la reforma introducida a través de la Ley 21/2015 modificó sustancialmente este blindaje al introducir una rendija en su artículo 50. La normativa actual permite el cambio de uso de suelo quemado antes de que venzan esos treinta años si concurren razones imperiosas de interés público de primer orden.
Es en este matiz donde el legislador se abrió a la desconfianza. En España, la transición ecológica y la soberanía energética han sido elevadas por los sucesivos ejecutivos a la categoría de dogma de Estado. Cuando la burocracia central o autonómica cataloga de forma sistemática la implantación de polígonos fotovoltaicos y parques eólicos como proyectos de utilidad pública e interés social, el recelo del ciudadano no es una paranoia conspiranoica; es lógica elemental. Si la ley consiente una excepción por interés público y la narrativa oficial dicta que la transición verde es el mayor interés público del progresismo, el ciudadano sospecha (fíjate tú que tontería) que el candado de los treinta años tiene una llave maestra guardada en el cajón de los mismos de siempre.
El drama de la política forestal en España no reside solamente en una hipotética confabulación criminal, sino en el abandono institucional del medio rural, disfrazado de ecologismo. El progresismo nos impone una visión idílica y contemplativa, de la naturaleza, penalizando las actividades tradicionales que históricamente mantenían limpios los montes: el pastoreo, la saca de madera, la limpieza selectiva de biomasa y el mantenimiento de cortafuegos. Al criminalizar la intervención humana en el ecosistema bajo el pretexto de una conservación intocable, se han convertido nuestros montes en gigantescos polvorines a la espera de una chispa, ya sea un rayo, una negligencia o la caída de un cable de alta tensión como parece haber ocurrido en Los Gallardos.
La paradoja es tan flagrante como hipócrita. El mismo modelo político que restringe la actividad del agricultor y del ganadero local en aras de la biodiversidad es el que, posteriormente, extiende alfombras rojas a la proliferación de hectáreas de espejos oscuros que alteran irreversiblemente el paisaje y la socioeconomía rural. El ciudadano de la España rural ve atónito el proceso de colonización energética donde su entorno no se protege para ser vivido, sino que se vacía para servir de soporte a las necesidades de las grandes urbes, legitimado por una retórica verde que resulta útil y provechosa en los despachos de Madrid e inútil frente a un frente de fuego de avance rápido en el subdesierto almeriense.
No es necesario recurrir a conspiraciones para exigir responsabilidades urgentes. Lo que los hechos nos demuestran con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y los informes de las fiscalías de medio ambiente, es que el marco normativo actual genera incentivos perversos y un alarmante caldo de cultivo para la desconfianza. Si las instituciones pretenden que el ciudadano vuelva a creer en la pulcritud de los procesos de recalificación y asignación de parques fotovoltaicos, la respuesta no puede ser el reproche moral ni el etiquetado de negacionistas a quienes hacemos preguntas incómodas. La única salida digna es el endurecimiento legislativo definitivo: eliminar de la Ley de Montes cualquier ventana de excepcionalidad que vincule los proyectos de energías renovables con el suelo forestal siniestrado, blindando la prohibición de los treinta años de manera absoluta y sin rodeos semánticos sobre el interés público.
La tragedia de Almería nos obliga a elevar el nivel del debate por encima de la complacencia habitual. Doce vidas perdidas entre las llamas exigen algo más que declaraciones de pesar y minutos de silencio parlamentarios. Exigen una reflexión profunda sobre qué modelo de territorio estamos construyendo. Si permitimos que la legítima transición hacia fuentes de energía más limpias se perciba como un proceso depredador, opaco y divorciado de la seguridad y el respeto a la población rural, habremos fracasado como sociedad. La conservación del patrimonio natural de España no se garantiza con consignas ideológicas ni con el despliegue indiscriminado de tecnología sobre la tierra quemada; se defiende devolviendo la dignidad al campo, limpiando el monte en invierno y cerrando, por ley y con cerrojo de acero, cualquier resquicio donde la codicia pueda disfrazarse de progreso ecológico.
Quien desee profundizar en este fenómeno con el rigor periodístico que hoy escasea, encontrará las claves en YERMA 2030, un documental que os recomiendo encarecidamente, de gran amigo Miguel Rix disponible en su canal de YouTube; os abrirá los ojos ante lo que acaba de ocurrir en el levante almeriense y lo que, por desgracia, se repetirá en más puntos de nuestra geografía.
