El drama de la política forestal en España no reside solamente en una hipotética confabulación criminal, sino en el abandono institucional del medio rural, disfrazado de ecologismo. El progresismo nos impone una visión idílica y contemplativa, de la naturaleza, penalizando las actividades tradicionales que históricamente mantenían limpios los montes: el pastoreo, la saca de madera, la limpieza selectiva de biomasa y el mantenimiento de cortafuegos. Al criminalizar la intervención humana en el ecosistema bajo el pretexto de una conservación intocable, se han convertido nuestros montes en gigantescos polvorines a la espera de una chispa, ya sea un rayo, una negligencia o la caída de un cable de alta tensión como parece haber ocurrido en Los Gallardos.
La paradoja es tan flagrante como hipócrita. El mismo modelo político que restringe la actividad del agricultor y del ganadero local en aras de la biodiversidad es el que, posteriormente, extiende alfombras rojas a la proliferación de hectáreas de espejos oscuros que alteran irreversiblemente el paisaje y la socioeconomía rural. El ciudadano de la España rural ve atónito el proceso de colonización energética donde su entorno no se protege para ser vivido, sino que se vacía para servir de soporte a las necesidades de las grandes urbes, legitimado por una retórica verde que resulta útil y provechosa en los despachos de Madrid e inútil frente a un frente de fuego de avance rápido en el subdesierto almeriense.
No es necesario recurrir a conspiraciones para exigir responsabilidades urgentes. Lo que los hechos nos demuestran con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y los informes de las fiscalías de medio ambiente, es que el marco normativo actual genera incentivos perversos y un alarmante caldo de cultivo para la desconfianza. Si las instituciones pretenden que el ciudadano vuelva a creer en la pulcritud de los procesos de recalificación y asignación de parques fotovoltaicos, la respuesta no puede ser el reproche moral ni el etiquetado de negacionistas a quienes hacemos preguntas incómodas. La única salida digna es el endurecimiento legislativo definitivo: eliminar de la Ley de Montes cualquier ventana de excepcionalidad que vincule los proyectos de energías renovables con el suelo forestal siniestrado, blindando la prohibición de los treinta años de manera absoluta y sin rodeos semánticos sobre el interés público.
La tragedia de Almería nos obliga a elevar el nivel del debate por encima de la complacencia habitual. Doce vidas perdidas entre las llamas exigen algo más que declaraciones de pesar y minutos de silencio parlamentarios. Exigen una reflexión profunda sobre qué modelo de territorio estamos construyendo. Si permitimos que la legítima transición hacia fuentes de energía más limpias se perciba como un proceso depredador, opaco y divorciado de la seguridad y el respeto a la población rural, habremos fracasado como sociedad. La conservación del patrimonio natural de España no se garantiza con consignas ideológicas ni con el despliegue indiscriminado de tecnología sobre la tierra quemada; se defiende devolviendo la dignidad al campo, limpiando el monte en invierno y cerrando, por ley y con cerrojo de acero, cualquier resquicio donde la codicia pueda disfrazarse de progreso ecológico.
Quien desee profundizar en este fenómeno con el rigor periodístico que hoy escasea, encontrará las claves en YERMA 2030, un documental que os recomiendo encarecidamente, de gran amigo Miguel Rix disponible en su canal de YouTube; os abrirá los ojos ante lo que acaba de ocurrir en el levante almeriense y lo que, por desgracia, se repetirá en más puntos de nuestra geografía.
