Hay momentos en los que una televisión pública deja de cumplir la función para la que fue creada y pasa a convertirse en un instrumento al servicio del poder. Eso es exactamente lo que está sucediendo con RTVE. Lejos de representar el pluralismo político y social de España, la televisión que pagamos entre todos, pero la televisión que solo disfrutan ellos, ha terminado convirtiéndose en un altavoz de una determinada visión ideológica, en una maquinaria de propaganda donde cada vez resulta más difícil encontrar equilibrio, neutralidad y respeto hacia quienes piensan diferente.
Programas como los que dirige Jesús Cintora representan, el mejor ejemplo de esa deriva. No por el hecho de que exista una línea editorial determinada, algo perfectamente legítimo en un medio privado, sino porque hablamos de una televisión pública sostenida con el dinero de todos los contribuyentes. Cuando un programa parece construido para ridiculizar sistemáticamente a una parte de la sociedad mientras protege a otra, deja de cumplir la misión de servicio público que debería inspirarlo.
Las imágenes que hemos podido ver estos días vuelven a alimentar ese debate. El tono, las formas y la actitud exhibidas durante el programa, donde una tertuliana como Marta Gómez Montero abandona el plató a lágrima viva y quejándose del trato dispensado por el mismísimo Jesús Cintora, proyectan una imagen impropia de una televisión pública. No se puede normalizar un clima de tensión permanente ni convertir el plató en un escenario donde el enfrentamiento sustituya al debate sereno.
El problema, además, va mucho más allá de un presentador concreto. RTVE lleva años perdiendo credibilidad porque demasiados ciudadanos tienen la sensación de que ha dejado de ser la televisión de todos para convertirse en la televisión del Gobierno de turno y, en estos momentos, del sanchismo y de esa organización corrupta que es el PSOE. Esa percepción es devastadora para una institución que debería ser patrimonio común de todos los españoles, independientemente de su ideología.
Mientras tanto, la pluralidad política brilla por su ausencia. Resulta difícil comprender cómo determinadas fuerzas políticas gozan de una presencia constante y amable en numerosos espacios televisivos, mientras otras, especialmente Vox, apenas encuentran oportunidades para defender sus posiciones en condiciones de igualdad. No reclamo privilegios para nadie; reclamo igualdad de trato. Si RTVE pertenece a todos, todas las sensibilidades democráticas deberían tener cabida en ella.
Esta situación tampoco es exclusiva de RTVE. En demasiadas televisiones autonómicas asistimos al mismo fenómeno: una sobre representación de determinadas opciones ideológicas, como PODEMOS, con muy escasa presencia parlamentaria, y una marginación sistemática de otras. El pluralismo ha sido sustituido por el sectarismo y el debate por el pensamiento único.
Por eso considero que ha llegado el momento de abordar una reforma profunda del modelo audiovisual público en España. Una reforma que garantice independencia respecto del poder político, criterios profesionales en la selección de sus responsables, transparencia en el gasto y un auténtico equilibrio en la representación de las distintas sensibilidades presentes en nuestra sociedad.
No se trata de sustituir una propaganda por otra. Se trata precisamente de acabar con la propaganda. La televisión pública debe informar, no adoctrinar; debe preguntar al poder, no protegerlo; debe servir al conjunto de la nación y no al partido que circunstancialmente ocupa el Gobierno.
Los españoles merecemos una RTVE que vuelva a ser motivo de orgullo y no de enfrentamiento. Una televisión donde el respeto sustituya al insulto, donde el periodismo prevalezca sobre el activismo y donde nadie pueda sentirse excluido por pensar diferente.
Porque RTVE no pertenece a Pedro Sánchez, ni a ningún partido político. Pertenece a todos los españoles. Y precisamente por eso es urgente recuperarla.
