No se está pidiendo una condena sin juicio. No se está dictando una sentencia desde una tribuna política. Se está pidiendo algo bastante más elemental en cualquier democracia seria: que se investigue.
Y parece mentira que en la España de 2026 haya que explicar que investigar al poder no constituye un ataque contra la democracia. Es exactamente lo contrario.
EL ARTÍCULO 102 EXISTE PARA SER UTILIZADO
La Constitución no es un elemento decorativo que se saca a pasear cada 6 de diciembre.
Su artículo 102 contempla expresamente la responsabilidad penal del presidente y de los demás miembros del Gobierno y establece un procedimiento especial cuando pudiera plantearse una acusación por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Para poner en marcha una acusación de esa naturaleza se requiere la iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso y la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.
Ahí aparece la trascendencia política de la propuesta de Vox.
Vox no dispone por sí solo de los diputados necesarios. Y precisamente por eso Abascal coloca políticamente sus escaños a disposición de una iniciativa que necesariamente tendría que sumar a otros grupos parlamentarios.
Ahora tendrán que retratarse los demás.
Porque resulta muy sencillo pronunciar discursos inflamados contra Sánchez, denunciar sus cesiones, lamentarse por el deterioro institucional y aparecer ante las cámaras anunciando que España no puede continuar así.
Pero llega un momento en el que hay que pasar de las palabras a los hechos.
Vox ha movido ficha.
¿La moverán los demás?
CEUTA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN EPISODIO MÁS
Lo ocurrido en Ceuta es demasiado grave para que dentro de unas semanas desaparezca de los informativos y termine enterrado bajo la siguiente polémica veraniega.
Decenas de miles de personas llegaron hasta la frontera española en una crisis sin precedentes recientes. Vox sostiene que existen indicios de que el Gobierno pudo disponer previamente de información sobre lo que iba a suceder y reclama conocer las comunicaciones mantenidas con Marruecos.
Si esa sospecha es falsa, que una investigación permita descartarla.
Y si existe alguna responsabilidad, que se determine hasta dónde llega.
Eso es precisamente lo que diferencia un Estado de derecho de una república bananera: las preguntas incómodas no se resuelven ocultándolas, sino respondiéndolas.
Estamos hablando de Ceuta.
Estamos hablando de territorio nacional.
Estamos hablando de seguridad nacional.
No de una disputa municipal ni de una polémica de tertulia.
La soberanía española no puede depender de los estados de ánimo de Rabat ni de las necesidades parlamentarias de La Moncloa.
INVESTIGAR A UN PRESIDENTE NO ES ATACAR LA DEMOCRACIA
Seguramente escucharemos durante los próximos días que la propuesta es desproporcionada, escandalosa o radical.
No compro ese argumento.
Las grandes democracias han sometido a sus máximos responsables políticos a mecanismos extraordinarios de responsabilidad.
Estados Unidos, probablemente el ejemplo más conocido, ha vivido distintos procedimientos de impeachment contra presidentes de diferente signo político. Nixon terminó dimitiendo ante el avance del caso Watergate; Clinton fue sometido a un proceso de destitución y Donald Trump afrontó dos impeachments.
Y Estados Unidos no dejó de ser una democracia por ello.
Precisamente demostró que en una democracia ningún cargo público debería considerarse intocable.
España tiene un sistema constitucional diferente y nuestro artículo 102 no es un impeachment norteamericano. Conviene dejarlo claro. Pero comparte una idea esencial: ocupar la presidencia del Gobierno no convierte a nadie en irresponsable ante la ley.
Lo verdaderamente inquietante sería asumir que existen determinadas preguntas que no pueden formularse porque afectan al presidente.
DEMASIADAS SOMBRAS
Y el problema de Pedro Sánchez es que esta iniciativa no aparece en mitad de una legislatura caracterizada precisamente por la tranquilidad institucional.
España lleva demasiado tiempo despertándose entre investigaciones, procedimientos judiciales y escándalos que afectan o han afectado al entorno político, familiar o gubernamental del presidente.
El llamado caso Koldo.
Ábalos.
Santos Cerdán.
Las investigaciones relacionadas con Begoña Gómez.
Las actuaciones judiciales sobre David Sánchez.
Las ramificaciones de diferentes operaciones vinculadas a contratos públicos durante la pandemia.
Y sobre aquella pandemia queda todavía mucho por conocer.
Mientras millones de españoles permanecían encerrados en sus casas, mientras cerraban negocios, mientras familias enteras despedían a sus muertos en condiciones dramáticas y mientras el Estado gastaba cantidades gigantescas mediante procedimientos extraordinarios, hubo personas y empresas que hicieron negocios extraordinariamente lucrativos alrededor de las administraciones.
Conocer quién decidió, quién recomendó, quién intermedió y quién se benefició no constituye ninguna obsesión conspirativa.
Es una obligación democrática.
Lo mismo debería suceder con cualquier ayuda pública concedida a empresas vinculadas directa o indirectamente con personas próximas al poder político, incluidas aquellas sobre las que se hayan planteado dudas respecto de relaciones con antiguos dirigentes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero.
No afirmemos culpabilidades antes de que sean demostradas.
Pero tampoco aceptemos el silencio antes de que sean investigadas.
EL EXTRAÑO CONCEPTO DE NORMALIDAD DE SÁNCHEZ
Nos hemos acostumbrado a demasiado.
Y quizá ese sea uno de los mayores éxitos políticos del sanchismo: haber convertido lo excepcional en cotidiano.
Un escándalo sucede al anterior con tal velocidad que apenas tenemos tiempo para comprenderlo.
Cuando todavía estamos hablando de una investigación judicial aparece otra.
Cuando intentamos conocer las explicaciones de un ministro surge un nuevo episodio.
Cuando reclamamos responsabilidades políticas nos contestan con propaganda.
Y cuando preguntamos por Marruecos aparece el habitual muro de silencio.
Todo termina reducido a una consigna: Sánchez resiste.
Pero la resistencia personal de Pedro Sánchez no puede convertirse en un proyecto nacional.
España no necesita un presidente especializado en sobrevivir. Necesita un Gobierno especializado en gobernar.
¿QUÉ SABÍA EL GOBIERNO?
Esa es ahora la pregunta fundamental.
¿Qué información poseía el Ejecutivo antes de los acontecimientos de Ceuta?
¿Cuándo la recibió?
¿Qué comunicaciones existieron con Marruecos?
¿Qué decisiones se adoptaron?
¿Por qué?
¿Quién las adoptó?
¿Funcionaron correctamente los mecanismos de inteligencia y seguridad?
¿Se informó adecuadamente al resto de instituciones del Estado?
Son preguntas.
Y hacer preguntas todavía no es delito en España.
Al menos de momento.
Precisamente por eso resulta difícil comprender el escándalo que algunos pretenden fabricar alrededor de la iniciativa de Vox. Si las actuaciones del Gobierno fueron impecables, una investigación debería servir para acreditarlo.
Quien está convencido de haber actuado correctamente debería ser el primer interesado en que se conozca todo.
VOX VUELVE A TOMAR LA INICIATIVA
Políticamente hay además una realidad que resulta cada vez más difícil de esconder.
Vox está tomando la iniciativa.
Mientras unos calculan encuestas, otros miden palabras y algunos parecen esperar pacientemente a que Pedro Sánchez termine cayéndose solo, Vox plantea utilizar un mecanismo constitucional extraordinario para tratar de conocer si pudieron existir responsabilidades extraordinarias.
Podrá prosperar o no.
Seguramente será muy difícil conseguir los apoyos necesarios.
Pero obliga a los demás a pronunciarse.
Y eso también es política.
Porque Vox está diciendo al resto de la oposición: aquí están nuestros diputados; si ustedes creen realmente que estamos ante acontecimientos de enorme gravedad, utilicemos los instrumentos que proporciona el Estado de derecho.
Ahora veremos quién recoge el guante.
Especialmente el Partido Popular.
Porque llegará un momento en el que Alberto Núñez Feijóo tendrá que decidir si quiere limitarse a administrar el desgaste de Sánchez o contribuir activamente a esclarecer responsabilidades.
No se puede denunciar permanentemente la gravedad de la situación española y, cuando aparece una herramienta constitucional para actuar, refugiarse nuevamente en el cálculo electoral.
ESPAÑA TIENE DERECHO A SABER
No sé cuál sería el resultado final de una investigación.
Precisamente para eso están las investigaciones.
Lo que sí sé es que los españoles tienen derecho a conocer qué ocurrió.
Tenemos derecho a saber qué sucedió antes, durante y después de la crisis de Ceuta.
Tenemos derecho a conocer las relaciones mantenidas con Marruecos.
Tenemos derecho a saber cómo se administraron miles de millones durante la pandemia.
Tenemos derecho a conocer hasta el último extremo de cualquier operación realizada con dinero público.
Y tenemos derecho a exigir responsabilidades políticas y, cuando corresponda y así lo determinen los tribunales, responsabilidades penales.
Eso no es extremismo.
Eso se llama democracia.
Durante demasiados años nos han vendido la idea de que proteger las instituciones significaba proteger a quienes temporalmente las ocupaban.
Es exactamente al revés.
Para proteger las instituciones, hay que fiscalizar implacablemente a quienes las ocupan.
Pedro Sánchez pasará.
Como pasaron Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy.
España permanecerá.
Y por eso la pregunta que debería formularse cualquier diputado antes de decidir qué hacer con la propuesta planteada por Santiago Abascal no es si beneficia electoralmente a Vox.
Ni siquiera si perjudica políticamente a Sánchez.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Merecen los españoles conocer toda la verdad?
Si la respuesta es sí, investiguemos.
Que comparezcan quienes tengan que comparecer.
Que se entreguen los documentos que tengan que entregarse.
Que se conozcan las comunicaciones que legalmente puedan conocerse.
Y después, con pruebas encima de la mesa, que cada institución cumpla con su obligación.
Vox ha decidido dar el primer paso.
Ahora les corresponde a los demás demostrar si cuando hablan de regeneración democrática, defensa de la Constitución y protección de la soberanía nacional están expresando convicciones o simplemente recitando discursos.
Porque Ceuta es España.
Porque la soberanía nacional no se negocia.
Porque ningún Gobierno está por encima de la ley.
Y porque ningún presidente, por mucho que se apellide Sánchez y por mucho que haya convertido la resistencia en su principal virtud política, puede pretender que España se acostumbre a no preguntar.
Que se investigue. Que se sepa. Y, si existen responsabilidades, que se depuren hasta las últimas consecuencias.
