No estamos ante una política social. Tampoco ante un gesto humanitario. La regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes ilegales impulsada por la izquierda española responde a una lógica muy distinta: la ingeniería electoral y demográfica al servicio del poder. Una operación diseñada no para integrar, sino para alterar el cuerpo electoral y perpetuarse en el Gobierno cuando el apoyo popular se desploma.
No es una interpretación interesada. Lo dicen ellos mismos, de forma cada vez menos disimulada. Cuando figuras de la izquierda radical afirman que hay que “cambiar el país”, “superar a los reaccionarios” o “reemplazar un modelo social”, no hablan en abstracto. Hablan de personas concretas. De votantes concretos. De nosotros.
Cuando ya no ganan, cambian al votante
La izquierda ha asumido una realidad que se niega a afrontar con honestidad: su proyecto fracasa. No genera prosperidad, no cohesiona, no ilusiona. Deja un país empobrecido, endeudado y dividido. Y cuando un proyecto fracasa en democracia, hay dos salidas: rectificar o marcharse. La izquierda española ha elegido una tercera vía: modificar el censo.
La secuencia es conocida y deliberada:
regularización exprés, empadronamiento automático, acceso a ayudas, dependencia administrativa y por fin, voto cautivo.
No se trata de integración real, ni de exigencias, ni de respeto a la ley. Se trata de fabricar electores agradecidos mientras se desprecia al contribuyente, al autónomo, al trabajador, a la familia española que sostiene el sistema y a la que, sin embargo, se culpa de todos los males.
La izquierda verbaliza el reemplazo
Por primera vez en décadas, la izquierda ya no oculta su desprecio por una parte del país. Nos llama “fachas”, “privilegiados”, “retrógrados”, “sobrantes”. Y cuando se deshumaniza al adversario político, el siguiente paso siempre es el mismo: justificar su desplazamiento.
Por eso las palabras de Irene Montero no son anecdóticas. Son reveladoras. Cuando desde la izquierda se habla de “superar” o “desbordar” a quienes no comparten su visión ideológica, se está apuntando a un objetivo político muy concreto: diluir nuestro peso democrático sustituyéndolo por otro más dócil, más dependiente y más manipulable.
Frente a ese discurso, Santiago Abascal ha hecho algo que la mayoría evita: poner nombre al problema. No para generar odio, sino para advertir de una realidad incómoda. Porque lo que está en marcha no es pluralidad; es colonización electoral.
Hace 90 años no convencieron: eliminaron
