El calendario tiene fechas que son, monumentos a la infamia. El próximo 8 de abril de 2026 aunque los datos fiscales ya nos acechen desde mediados de marzo, se abre oficialmente la veda. Comienza la campaña de la Renta 2026, ese periodo de tres meses donde los ciudadanos dejamos de ser individuos con derechos para convertirnos en la ubre de una vaca exhausta que este Gobierno en particular, ordeña con saña. Pero este año, el sarcasmo ministerial ha decidido saltarse una línea roja de decencia: Hacienda obliga ahora a los propietarios a tributar por las rentas que no han recibido debido a la inquiokupación.
Estamos ante una ficción fiscal criminal. Usted, que con el ahorro de una vida logró adquirir un inmueble, se encuentra hoy con que su inquilino ha decidido que su propiedad es un derecho gratuito. Pero el Estado, el socio a ganancias que nunca aparece a pérdidas, le exige que declare como ingresos lo que en realidad son deudas. Según la doctrina que este Ejecutivo ha blindado, el impago no exime de la obligación tributaria. Es decir, para el fisco, el dinero está en su bolsillo, aunque solo esté en un contrato que el okupa utiliza como papel higiénico. Es el mundo del revés: usted paga el IBI, paga la comunidad y también por sadismo burocrático, paga el IRPF de un dinero que jamás verá.
Un Gobierno que ha sustituido la gestión por la ingeniería. Una ingeniería que nace en los laboratorios del CIS de Tezanos, donde se cocinan realidades paralelas, y que se consolida en procesos electorales salpicados por las sombras del voto por correo y sospechas alejadas de cualquier democracia que se precie de serlo. Un sistema que sobrevive metiendo la mano en los bolsillos del contribuyente para financiar una red clientelar de nuevos votantes a base de subvenciones, mientras los escándalos de corrupción con su atrezo habitual de sobrinas de Ábalos y harina colombiana desfilan por los telediarios como si fueran una anécdota y no el núcleo duro de su praxis política.
El cierre de la estación de esquí de Navacerrada la semana pasada. No es una cuestión ecológica, como pretenden vendernos. Es una cuestión puramente clasista: saben que su caladero de votos no pisa la nieve. Para este Gobierno, el esquí es un deporte de derechas, de gente que trabaja y se esfuerza, y por tanto, debe ser erradicado. Sin embargo, legislan para el okupa y el inquiokupa, porque en ellos ven a su verdadero sujeto revolucionario: el parásito que depende de la debilidad del sistema para medrar. Prefieren una España de persianas bajadas y cerraduras forzadas que una nación de propietarios orgullosos.
Hablo con conocimiento de causa, porque yo mismo he sido víctima de esta estafa institucionalizada llamada inquiokupación. Quién os escribe estas líneas, no iba a esperar a que una justicia lenta y perezosa se dignara a mirar mi caso, decidí que la dignidad no se negocia en un juzgado. Me presenté en mi propiedad y, con todo el cariño que me permite mi constitución física, saqué a los intrusos de las solapas. Acto seguido, instalé una puerta anti-okupa y cambié la cerradura del portal sin pedir venia a los vecinos ni esperar a que un funcionario me diera el visto bueno. Dos meses antes, ya les había cortado todos los suministros.
Sé perfectamente que, para este código penal diseñado por y para delincuentes, mis actos son punibles. Me dirán que es coacción, que es vulnerar el derecho al hogar de quien no paga. Pero miren ustedes, hagamos cuentas con la calculadora en la mano; la de la realidad, no con la de Hacienda. Primero: una sanción administrativa o una denuncia por coacciones me sale infinitamente más barata que un proceso judicial de tres años pagando la luz, el agua y el gas a unos hijos de padre desconocido. Segundo: la paz mental de recuperar lo que es tuyo no tiene precio, y con mi actuación me quedé, como solemos decir los que no nos achantamos, más ancho que largo. Y tercero, y más importante: no reconozco la autoridad moral de unas leyes injustas dictadas por quien se comporta como el capo de una organización más que como un servidor público. No me dejo robar por un ladrón cadavérico que se hace videos todos los fines de semana en su bicicleta. Ladrón al fin y al cabo, ya vista de paisano protegiendo un piso ocupado o de traje en una bancada del Congreso.
La realidad que enfrentarán miles de propietarios a partir del 8 de abril es esta. El Gobierno les pedirá que sean solidarios con el sistema, mientras el sistema es cómplice de su ruina. Le dirán que declare esos 800 o 1.000 euros mensuales que su inquilino le debe desde hace un año.
