El problema no es la recaudación en sí —un Estado necesita recursos—, sino el uso político de Hacienda. Hoy se ha normalizado que el Ministerio de Hacienda funcione como instrumento de intimidación: contra disidentes, medios críticos, tuiteros, instagramers o influencers que se atreven a denunciar al Gobierno, al PSOE o a sus satélites. A unos se les inspecciona por respirar; a otros no se les pregunta nunca.
Así se quiebra la confianza cívica. Cuando el ciudadano percibe que la ley no es igual para todos, deja de creer en el sistema. Hacienda ha pasado de ser árbitro a ser parte, de garantizar justicia fiscal a ejercer represión selectiva. Se ha convertido en garrote ideológico. Sería interesante que funcionarios del ministerio denunciarán las instrucciones que reciben y si son premiados o incentivados por perseguir a quienes indica el poder.
Este comportamiento es un escándalo democrático. La justicia fiscal exige investigar arriba con la misma contundencia con la que se persigue abajo. Lo contrario —lo que hoy ocurre— no es progresismo ni justicia social: es abuso de poder, impunidad y miedo.
Porque cuando Hacienda sirve al partido y no al ciudadano, la democracia enferma. Y España, con este ministerio convertido en arma política, va directa a la UCI institucional.
