El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero se ha convertido en algo muy distinto a lo que debería ser una administración al servicio del interés general. Hoy es un aparato recaudatorio voraz con un objetivo claro: apretar a los de siempre —autónomos, pymes y trabajadores— mientras mira hacia otro lado cuando se trata del dinero del poder político.
El Estado presume de récord histórico de recaudación. Nunca se había cobrado tanto a los españoles. Y, sin embargo, nunca se había investigado tan poco a quienes mandan. Es una paradoja obscena: Hacienda lo sabe todo de ti, pero nada parece saber de ellos.
Mientras llegan cartas de regularización —ahora por las cotizaciones de autónomos de 2024— y se asfixia al que levanta la persiana cada mañana, el dinero en metálico del PSOE sigue siendo territorio vedado. Existen testimonios que señalan cobros en efectivo entre miembros del comité federal. ¿Se ha abierto alguna investigación? ¿Hay comprobaciones sobre si ese dinero se declara? Silencio administrativo.
Lo mismo ocurre con patrimonios inexplicados que Hacienda rehúsa examinar. ¿De dónde sale la fortuna de José Bono? ¿Se ha investigado con el mismo celo que a un fontanero de barrio? ¿Y la de José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González? Grandes nombres, cero expedientes conocidos.
Preguntas aún más incómodas siguen sin respuesta. ¿De dónde sale el dinero con el que Pablo Iglesias mantiene un canal de YouTube desde México? ¿Qué papel jugó la financiación procedente de Venezuela en el nacimiento de Podemos? Son cuestiones gravísimas que un ministerio verdaderamente independiente debería investigar.
