La política española ha alcanzado tal nivel de degradación que ya nada sorprende. Ni siquiera que un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont, que debería estar entre rejas, sea quien decide si el presidente del Gobierno continúa o no en la Moncloa. Es la radiografía perfecta de una nación secuestrada por sus enemigos, gobernada por un partido corrupto y sostenida por quienes odian a España.
Ahora, los de Junts, los herederos de la antigua Convergència, los mismos que saquearon Cataluña durante décadas, fingen una ruptura con Pedro Sánchez. Amenazan con no aprobarle los Presupuestos, dicen que están cansados del incumplimiento de los acuerdos, que no confían en el Gobierno, todo pura escenografía. El gran teatro del separatismo se ha puesto en marcha, y como siempre, con el mismo objetivo: que parezca que todo cambia para que todo siga igual.
Porque ni Puigdemont ni Junts han hablado de romper de verdad. No han mencionado en ningún momento una moción de censura, ni han pedido elecciones, ni han planteado la caída de Sánchez. Saben perfectamente que sin Sánchez en la Moncloa, el separatismo perdería su mayor aliado. Lo único que buscan es redecorar el escenario para simular independencia política ante su electorado, ahora amenazado por el crecimiento de Aliança Catalana, la fuerza separatista que les está robando terreno en el discurso radical.
Es el viejo truco de los tramposos: aparentar conflicto para mantener el negocio. Porque sí, el separatismo no es más que un negocio multimillonario financiado con los impuestos de todos los españoles. Y Pedro Sánchez, con su debilidad y su ambición sin límites, es el socio perfecto. Mientras el PSOE continúe en el poder, los separatistas seguirán cobrando su parte del botín: transferencias, indultos, amnistías, control de recursos y chantajes institucionales.
No nos engañemos. Puigdemont necesita a Sánchez y Sánchez necesita a Puigdemont. Son las dos caras de una misma moneda. El primero evita la cárcel gracias al segundo, y el segundo evita su caída gracias al primero. Una relación de mutua protección entre delincuentes políticos, que viven de traicionar a la nación y a la ley.
Y todo esto ocurre con una normalidad aterradora, como si no fuera un escándalo que el futuro de España dependa de un prófugo que huyó en el maletero de un coche. Como si fuera normal que un presidente del Gobierno despache cada decisión con los enemigos declarados del Estado. España se ha convertido en una anomalía democrática, un país rehén de su propio desgobierno, donde las leyes se cambian para salvar a los amigos y castigar a los disidentes.
