Noelia Castillo: el Estado te viola y luego te mata

La noticia de que Noelia, una joven de apenas veinticinco años, haya conseguido tras dos años de batalla legal que el Estado español le proporcione una muerte asistida, no es un triunfo de la libertad individual. Es la demostración de una nación que ha perdido el alma, los valores y la vergüenza. Una sociedad que prefiere administrar veneno antes que ofrecer consuelo, y que ha decidido que eliminar al sufriente es más eficiente que eliminar las causas del sufrimiento.

Como padre de dos hijas, escribo estas líneas con lágrimas en los ojos. Es imposible no ponerse en la piel de ese hombre, el padre de Noelia, que ha luchado cada minuto de estos últimos años para no perder a su tesoro, a su ángel. Imagino el calvario de un progenitor que ve cómo el mismo Estado que debería proteger a su hija se convierte en su verdugo con los aplausos de una progresía desnortada. Ese padre, que sigue peleando hasta el último aliento contra una maquinaria burocrática trituradora. Y mientras él ofrece amor y resistencia, el Gobierno ofrece una jeringuilla. Es la lucha de la luz contra la oscuridad burocrática.

Noelia no despertó un día con un deseo caprichoso de morir. Su infierno comenzó cuando, estando bajo la tutela del Estado, el sistema que nos dicen que es el escudo social más avanzado del mundo, fue violada en grupo. El Estado, que debía ser su guardián, fue su primer traidor. No la protegió entonces y, en una maniobra de cinismo, pretende solucionar su trauma ahora quitándola de en medio.

¿Dónde estaban los protocolos de protección entonces? ¿Dónde estaban los responsables de esos centros de menores que hoy se lavan las manos? El Estado falló en su deber de custodia, permitió que una niña fuera vejada en sus propias instalaciones y ahora, en lugar de reparar el daño con todos los recursos imaginables, le firma la sentencia de muerte para borrar la evidencia de su propia negligencia. Es el crimen perfecto: el Estado mata a la víctima del crimen que él mismo permitió.

Y me surge una pregunta, una que nadie en los otros medios se atreve a formular por no salirse del tiesto: ¿Por qué no conocemos los nombres de sus violadores? Todos sabemos que, si los agresores fueran blancos, heterosexuales y fueran a misa los domingos, sus rostros abrirían todos los telediarios y sus nombres serían tendencia durante semanas. Pero el silencio mediático y judicial en este caso huele a la corrección política que siempre protege a ciertos colectivos por encima de las víctimas. Si la nacionalidad o la procedencia de los violadores no encaja en el relato del Ministerio de Igualdad, la víctima pasa a ser un daño colateral que conviene silenciar. Primero la dejaron desprotegida ante sus agresores, y ahora la dejan desprotegida ante su propio dolor.

Este Gobierno se llena la boca con presupuestos astronómicos para proteger a las mujeres. Planes de 20.000 millones de euros en los últimos tres años, de un ministerio que devora 500 millones anuales en propaganda, observatorios y chiringuitos ideológicos. Todo ese dinero para combatir una violencia que, trágicamente, se cobra la vida de unas 50 mujeres al año. Cincuenta vidas que son sagradas, por supuesto, como también lo es, la de Noelia.

Pintamos bancos de morado, financiamos talleres de masculinidad frágil y regamos de subvenciones a asociaciones que solo sirven para colocar a los amigos del partido. Mientras tanto, la realidad es que la mitad de esas muertes son perpetradas por extranjeros y extranjeros nacionalizados, fruto de esa inmigración descontrolada de la que nos están llenando y de la que está prohibido hablar si no quieres ser tachado de facha. El dinero no va a la seguridad de la mujer; va a la ingeniería social y a los bolsillos de unos pocos.

Para Noelia no hay planes multimillonarios de reinserción vital. No hay un despliegue de los mejores especialistas en trauma pagados con esos fondos de Igualdad. Para ella no hay una red de seguridad que le devuelva la dignidad arrebatada. Para ella solo hay una ley de eutanasia. El Estado ha creado el problema y ahora utiliza el dinero de nuestros impuestos para financiar el asesinato legal que cerrará el expediente. Es una eficiencia macabra: sale más barato una dosis de pentobarbital que diez años de terapia intensiva y justicia real.

Noelia es mayor de edad y tiene derecho a decidir, reza el mantra de la modernidad: la voluntad individual por encima de todo. Pero dejémonos de eufemismos progres. ¿Puede una persona que ha pasado por un infierno de abusos, que está emocionalmente devastada y que no ha recibido el apoyo integral que necesitaba, estar en pleno uso de sus facultades para decidir su propia muerte? Cuando alguien está en la oscuridad más absoluta, su criterio no es una expresión de libertad, es un grito de auxilio que el Estado ha decidido ignorar.

Aceptar la petición de eutanasia de Noelia no es respetar su autonomía; es aprovecharse de su vulnerabilidad. Es como si un bombero, en lugar de sacar a alguien de un edificio en llamas, le diera un empujón hacia el vacío porque la víctima, cegada por el humo, dice que ya no puede más. Lo que Noelia necesita es ayuda, es una red familiar y social que la sostenga, es un tratamiento que no escatime en recursos. Pero claro, en España es más progresista facilitar el suicidio que defender la vida a capa y espada.

Y digo "nos la quitamos de en medio" porque todos somos responsables. Todos los que, con nuestro voto o nuestro silencio, permitimos leyes que sacan a violadores a la calle con reformas penales estúpidas, que protegen el aborto como un derecho festivo y que ahora despachan a los errores del sistema mediante la muerte asistida. Estamos financiando con nuestros impuestos el fracaso más estrepitoso de nuestra civilización.

Una sociedad que celebra la muerte mientras se desentiende de la vida real, una sociedad con una doble moral que te hace perder la fe: se criminaliza al que duda de las leyes de género, pero se beatifica al que facilita que una veinteañera se quite la vida.

Mientras los políticos se ponen el pin de la Agenda 2030 y hablan de un mundo más inclusivo, Noelia se prepara para el final porque nadie le ha dado una razón de peso para quedarse. Y lo peor es que habrá quien mañana, en los platós de televisión, hable de su valentía y de cómo España es pionera en derechos de vanguardia. Valentía es la de su padre, que se resiste a enterrar a su hija por un capricho administrativo. Valentía sería la del Estado si reconociera que no sabe proteger a sus menores y pusiera remedio a este sinsentido.

No debemos seguir mirando hacia otro lado. La historia de Noelia no debe ser un titular de éxito, sino un grito de alerta. Estamos construyendo un mundo donde es más fácil conseguir una inyección letal que una mano amiga. Todos sabéis que esto no es progreso.

Le debemos una disculpa a ese padre que no se rinde. Le debemos una disculpa a Noelia, a la que hemos fallado desde el primer día que entró en un centro de menores. Y nos debemos a nosotros mismos una rebelión moral contra estas leyes que nos deshumanizan. Noelia no ha logrado nada; España ha perdido a una hija y ha ganado un verdugo oficial. Es hora de decir basta a esta cultura de la muerte que nos devora por dentro mientras nos cobra por el servicio. La vida de Noelia valía mucho más que el presupuesto de un ministerio ideológico, y el hecho de que no hayamos sido capaces de hacérselo ver es nuestra mayor vergüenza.