La sesión de control al Gobierno de este 11 de febrero pasará a la historia no por las explicaciones ofrecidas —que no las hubo— sino por la indecente banalización de la tragedia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en el Parlamento para hablar —supuestamente— del accidente de Adamuz y del estado del sistema ferroviario español. Y lo que hizo fue sembrar más dudas, más inquietud y más desconfianza.
Porque cuando un presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, desliza que la red ferroviaria española es tan extensa que “estas cosas pueden pasar”, lo que está diciendo, en román paladino, es que el error, el fallo y la tragedia entran dentro de la normalidad. Que asumir riesgos es parte del viaje. Que subir a un tren puede ser, en cierta medida, jugar a la ruleta rusa.
Un presidente sin respuestas
Lo que esperaban los españoles —y muy particularmente las víctimas y sus familias— era claridad. Querían saber qué ha fallado. Si ha habido negligencia. Si los sistemas estaban revisados. Si el mantenimiento se ha recortado. Si se mintió cuando se aseguró que determinados tramos estaban completamente renovados.
En lugar de eso, el presidente optó por el viejo manual: diluir la responsabilidad, escudarse en tecnicismos y acusar implícitamente a la oposición de instrumentalizar el dolor.
No dio datos concretos.
No asumió ni una sola responsabilidad política.
No anunció ceses.
No pidió perdón.
Y lo más grave: contradijo o, al menos, no aclaró las afirmaciones previas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ya había ofrecido una versión que con el paso de los días ha quedado, como mínimo, en entredicho.
Cuando el Gobierno se ve obligado a rectificar, a matizar o a esconder informes técnicos, la confianza ciudadana se evapora. Y sin confianza, cualquier infraestructura —por moderna que sea— se convierte en una amenaza psicológica permanente.
Cataluña y el silencio cómplice
Especial inquietud generan las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Años de abandono, de incidencias constantes, de retrasos crónicos y de falta de inversión real han convertido lo que debería ser un servicio público esencial en una fuente diaria de frustración.
Sin embargo, ni una palabra clara. Ni un reconocimiento del deterioro. Ni una autocrítica.
Lo único que escuchamos fue una defensa corporativa del sistema, casi ofensiva para quienes cada día sufren retrasos, averías, trenes detenidos en mitad de la nada.
Cuando un Gobierno defiende más su relato que la seguridad de los viajeros, hemos cruzado una línea roja.
47 muertos y ni una dimisión
Mientras tanto, en el país vecino, la ministra del Interior de Portugal presentó su dimisión tras la pésima gestión de unas borrascas que dejaron víctimas y una evidente sensación de descontrol.
En España, con 47 fallecidos —46 en Adamuz y uno más en un tren de cercanías en Barcelona, un maquinista— no ha dimitido nadie.
Nadie ha asumido responsabilidad política.
Nadie ha ofrecido su cargo.
Nadie ha considerado que la dignidad institucional exige dar un paso atrás.
Al contrario: el Gobierno se atrinchera. Y algunos portavoces han llegado a insinuar que la crítica es “irresponsable” o fruto de la “ultraderecha”.
Es decir, el problema no es el accidente.
El problema no es la gestión.
El problema es que alguien critique al Ejecutivo.
