Margarita Robles sostiene que el CNI hizo su trabajo y que el día 29 de julio sus agentes trasladaron a la Delegación del Gobierno información sobre una convocatoria para intentar entrar a nado al día siguiente. Fernando Grande-Marlaska sostiene, por el contrario, que no existió ningún informe que permitiera anticipar lo ocurrido. Y la propia Delegación del Gobierno en Ceuta ha respaldado la versión de Interior, negando haber recibido una advertencia que permitiera prever los acontecimientos.
Es decir, el Gobierno discute consigo mismo sobre qué sabía el Gobierno.
Magnífico.
Mientras Ceuta sufría una entrada masiva desde Marruecos, los ministros encargados de nuestra seguridad son incapaces, casi un mes después, de ponerse de acuerdo sobre algo tan elemental como determinar qué información poseía el Estado antes de que se produjeran los acontecimientos.
Y esto ya no es una discusión política. Es una cuestión de seguridad nacional.
O avisaron o no avisaron
Por eso regreso a la pregunta inicial.
¿Para qué sirve el CNI?
Si el Centro Nacional de Inteligencia avisó, queremos saber a quién avisó, cuándo avisó, qué comunicó y qué hicieron aquellos que recibieron la información.
Y si no avisó de algo de semejante dimensión, tendremos derecho a preguntar qué está fallando en nuestros mecanismos de inteligencia.
No estamos hablando de averiguar qué dice un adversario político en una conversación privada. Tampoco de las innumerables historias que durante años hemos conocido alrededor de las actividades privadas de Juan Carlos I, de sus relaciones, sus negocios o sus problemas personales.
Estamos hablando de algo muchísimo más importante: proteger las fronteras y anticipar las amenazas contra España.
Para eso queremos unos servicios de inteligencia.
Para defender España.
Para detectar amenazas.
Para informar al Gobierno.
Y para permitir que el Estado se adelante a los acontecimientos en lugar de llegar siempre después, cuando el daño ya está hecho.
Lo sucedido resulta todavía más inexplicable porque España ya tenía el precedente de mayo de 2021. Nadie podía alegar que desconocíamos que Marruecos posee la capacidad de utilizar la presión migratoria como instrumento político.
Y aquí está el elefante en la habitación del que demasiados prefieren no hablar: Marruecos.
Hasta voces nada sospechosas de compartir mis posiciones han señalado estos días lo sorprendente que resulta que el Ejecutivo evite sistemáticamente señalar la responsabilidad marroquí, mientras expertos consideran difícil explicar una operación de semejante dimensión sin, como mínimo, la tolerancia de Rabat.
España parece tener más miedo de molestar a Marruecos que Marruecos de perjudicar a España.
El mando único que llegó un mes después
Y entonces apareció el famoso mando único.
Tarde, naturalmente.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo había solicitado ya el 30 de julio, junto con la declaración de emergencia nacional. El Gobierno defendió entonces que los distintos ministerios estaban perfectamente coordinados.
Tan coordinados estaban que el 1 de agosto Marlaska aseguraba que la situación había quedado prácticamente revertida en 24 horas.
Tan solucionada estaba que Óscar Puente llegó a presumir en las redes sociales: “Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez”.
Pues debió de resolverla regular.
Porque casi un mes después, el 24 de agosto, el Gobierno terminó haciendo aquello que no consideró necesario cuando comenzó la crisis: crear un mando único encabezado por Ángel Víctor Torres y declarar la situación de interés para la seguridad nacional.
Resulta difícil encontrar una metáfora mejor del sanchismo.
Primero niegan el problema.
Después atacan a quien denuncia el problema.
Más tarde aseguran que el problema está solucionado.
Y finalmente adoptan, semanas después, las medidas que quienes denunciaban el problema habían solicitado desde el principio.
Eso sí: jamás reconocerán haberse equivocado.
El mando único empieza ahora a adoptar decisiones sobre centros de acogida, traslados y distribución de menores, y ha reunido a diez ministros con el presidente de Ceuta.
La pregunta es inevitable: ¿qué se ha hecho durante las semanas anteriores?
Porque un mando único creado cuando la crisis lleva casi un mes no es prevención.
Es improvisación administrativa.
Robles contra Marlaska
Pero todavía faltaba algo para completar el espectáculo: contemplar cómo dos ministros del mismo Gobierno ofrecen versiones difícilmente conciliables.
Margarita Robles asegura que el CNI trasladó información.
Marlaska insiste en que no existió ningún informe que anticipase lo ocurrido.
Ángel Víctor Torres, precisamente el hombre elegido para dirigir el mando único, se ha colocado del lado de Marlaska y afirma que no hubo comunicación sobre una llegada de decenas de miles de personas.
Y el PSOE ha alcanzado ya la cuadratura del círculo: Patxi López ha sugerido que las dos versiones podrían ser verdad al mismo tiempo.
Prodigioso.
Solo falta que nos expliquen cómo.
La cuestión sería cómica si no estuviéramos hablando de las fronteras españolas.
Porque detrás de este cruce de declaraciones existe una realidad mucho más preocupante: el Gobierno transmite la sensación de no saber qué ocurrió, quién sabía qué y cuándo lo sabía.
Y mientras los ministros discuten entre ellos, quienes pagan las consecuencias son los ceutíes.
Ceuta abandonada
Porque detrás de los números existen ciudadanos españoles.
Familias.
Comerciantes.
Trabajadores.
Policías.
Guardias civiles.
Militares.
Personas que durante semanas han visto alterada completamente su vida cotidiana.
La propia evolución de los acontecimientos ha obligado al Gobierno a buscar nuevos espacios de acogida y abandonar progresivamente los polideportivos utilizados inicialmente, mientras continúan los procedimientos para determinar quién puede permanecer en España y quién debe ser retornado.
Ceuta no puede convertirse en un gigantesco centro de acogida permanente mientras el resto de España contempla el problema desde cientos de kilómetros de distancia.
Ceuta es España.
Y precisamente por eso me parece especialmente importante una afirmación realizada por Margarita Robles en el Congreso: Ceuta y Melilla son españolas, españolísimas e intocables.
En eso coincido plenamente con la ministra.
Precisamente por ser españolísimas e intocables deberían haber sido defendidas con toda la capacidad preventiva del Estado desde el primer minuto.
No tres semanas después.
No cuando regresa el Gobierno de vacaciones.
No mediante reuniones interminables.
Desde el primer minuto.
Un Estado que llega tarde
España necesita conocer la verdad.
Necesitamos saber qué información tenía el CNI.
Necesitamos saber qué conocía Interior.
Necesitamos saber qué sabía Defensa.
Necesitamos saber qué recibió la Delegación del Gobierno.
Y necesitamos conocer qué decisiones se tomaron ante esa información.
Porque si el CNI avisó y nadie reaccionó suficientemente, existe una responsabilidad política evidente.
Y si nadie fue capaz de anticipar algo de semejante magnitud, tendremos un problema todavía mayor.
No cuestiono a los servidores públicos que trabajan silenciosamente protegiendo España. Cuestiono a quienes reciben la información y deben tomar decisiones.
Porque un servicio de inteligencia no existe para decorar organigramas ni para convertirse en protagonista de intrigas palaciegas.
Existe para proteger los intereses nacionales.
Como existe un Gobierno para gobernar.
Como existe un ministro del Interior para garantizar nuestra seguridad.
Como existen unas Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía.
Y como existe un jefe del Estado que, en circunstancias excepcionales, debería hacer sentir su presencia y cercanía en cualquier rincón de España que atraviese una situación extraordinaria.
Por eso también me pregunto dónde está el Rey.
Si Ceuta es España —y lo es desde mucho antes de que algunos Estados actuales siquiera existieran—, ¿qué impedía a Felipe VI acudir allí?
A veces las instituciones también se defienden ejerciéndolas.
Ceuta necesitaba presencia del Estado, autoridad, anticipación y firmeza.
Ha recibido contradicciones, improvisación y un mando único casi un mes después.
Y mientras tanto seguimos evitando formular la pregunta que incomoda verdaderamente a Moncloa:
¿qué responsabilidad ha tenido Marruecos en todo esto?
Quizá ahí esté la clave de tantos silencios.
Porque hemos llegado a una situación absurda en la que parece que España tiene que pedir disculpas por defender su frontera mientras quienes presionan esa frontera reciben todas las cautelas diplomáticas.
No.
Un país que renuncia a defender sus fronteras termina renunciando a decidir su propio destino.
Ceuta no necesita discursos.
Necesita Estado.
Necesita seguridad.
Necesita autoridad.
Y necesita saber que detrás de su frontera hay una nación dispuesta a defenderla.
Después de semanas de caos, contradicciones ministeriales y decisiones tardías, alguien tendrá que responder.
¿Qué sabía el Gobierno?
¿Cuándo lo sabía?
¿Qué hizo cuando lo supo?
Y volvemos inevitablemente al principio:
¿para qué sirve el CNI si, cuando España necesita anticiparse a una amenaza contra sus fronteras, terminamos descubriendo un mes después que ni siquiera los ministros saben ponerse de acuerdo sobre si fuimos advertidos?
