La entrada de la racionalidad en un territorio colonizado por la ideología moradadesconcierta profundamente al aparato ideológico progre. Durante las últimas dos décadas, la gestión de las políticas públicas ha operado bajo un paraguas de intangibilidad, donde cualquier fiscalización o discrepancia eran excomulgados bajo el sambenito del negacionismo. Sin embargo, la política de nuestro país parece que evoluciona ligeramente, y los acuerdos institucionales entre PP y VOX, que recientemente han llevado a Manuel Gavira a asumir la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en Andalucía han puesto al descubierto algo más profundo que un mero intercambio de carteras: han destapado los nervios de un sistema que teme, por encima de todo, a la luz natural de la auditoría.
Para evitar histerias, os voy a explicarqué son exactamente las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género que ahora pasan bajo la gestión de dicha consejería. Son equipos técnicos adscritos a los Institutos de Medicina Legal, integrados por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, cuya labor consiste en auxiliar a los tribunales aportando informes periciales sobre el estado físico y psíquico de las víctimas, la valoración del riesgo de reincidencia y la situación de los menores. Son herramientas de auxilio judicial yde momento capillas ideológicas intocables.
No obstante, el grito en el cielo lanzado desde el Ministerio de Igualdad y los sectores más ortodoxos del progresismo no responde a una alteración de las garantías de los justiciables, blindadas ya por la desastrosa Ley Integral de Violencia de Género, que ninguna consejería autonómica puede suprimir por decreto, sino al pánico a que alguien corra la cortina y comience a examinar con verdadero rigor los flujos de gestión, los protocolos vigentes y la ineficacia real de los recursos públicos.
Sumado a esa resistencia, tenemos a otro protagonista esta semana, que frente a estas injusticias encuentra uno de sus exponentes más valiosos en la figura de Jesús Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica. Quien esto escribe tiene el privilegio de contar con su amistad personal y de haber compartido con él reflexiones lo suficientemente hondas como para haberle encomendado el prólogo de “El Diario de Carmen”, la segunda entrega de mi trilogía “Relatos de un Maltratador”. Conozco bien su mente analítica y su prodigiosa capacidad memorística, un talento estructurado que desarma cualquier argumentario prefabricado a golpe de datos reales y contrastados. Jesús no diserta desde la especulación teórica ni desde el cómodo despacho ministerial; defiende sus posturas desde el conocimiento profundo y el sufrimiento personal de haber tenido que bregar en carne propia con los laberintos de unas leyes de supuesta igualdad que acumulan más de quinientas asimetrías jurídicas, una anomalía legislativa sobre la que tuve ocasión de ironizar en mi publicación“527 logros del ministerio de igualdad”.obra que contó también con su asesoramiento.
Escuchar a Jesús Muñoz produce en los gabinetes oficiales una urticaria insoportable porque su discurso carece del folclorismo que el oficialismo necesita para descalificar a sus oponentes. Cuando alguien rebate los dogmas utilizando exclusivamente bases de datos oficiales, estadísticas desglosadas y jurisprudencia comparada, el argumentario progre se les desmorona. De ahí la estrategia sistemática de los ministerios de la Moncloa: intentar etiquetar la fuente como vector de bulos, desplegar cordones sanitarios mediáticos y blindar un relato hegemónico que confunde la crítica a la ley con la desprotección de las personas. Es una táctica tan vieja como ineficaz a largo plazo: cuando los argumentos escasean, se recurre a la descalificación moral del mensajero.
El miedo real de los vividores del Ministerio de Igualdad no es ideológico, sino patrimonial: temen perder la butaca y la financiación fluida que se sostiene sobre el dogma. La izquierda política y sus terminales asociativas no tiemblan pensando que la derecha vaya a desmantelar los derechos conquistados o a promover el retorno a épocas oscuras. Ese fantasma es un recurso retórico burdo y rentable para movilizar bases electorales con mentes cortitas. El verdadero temor es de índole estrictamente monetario: el temor a que una auditoría rigurosa pueda dejar al descubierto la ineficacia de falsas estructuras sobredimensionadas y, lo que es peor, la pérdida de la pasta fácil que se recauda y se reparte a costa de instrumentalizar la violencia.
No estamos ante una batalla entre el bien y el mal, sino entre el dogma subvencionado y la responsabilidad administrativa. Quienes llevamos tiempo defendiendo una mirada equilibrada, centrada en la protección integral de cualquier ser humano con independencia de su sexo, sabemos perfectamente que la inmensa mayoría de los ciudadanos de bien, incluso aquellos que votan a la izquierda y contemplan con reticencia la llegada de Vox a determinadas consejerías, albergan una sincera preocupación por que no se retroceda en la protección social. Y también es a esos lectores de buen corazón a quienes medirijo con claridad y sin paternalismo.
Cualquier lector honesto verá que la descalificación preventiva de Moncloa busca eludir el debate y la pluralidad. No se discute de inicio la pericia de los médicos forenses ni la profesionalidad de los trabajadores sociales (Eso se destapará luego, cuando se levante la alfombra y se vea que muchos no tienen la titulación necesaria); se discute la hegemonía de un relato que ha convertido la excepción en norma y la discrepancia científica en herejía. Cuando el poder político descalifica al discrepante sin rebatir ni una sola coma de sus informes, está confesando implícitamente la fragilidad de sus propios relatos.
No les pido que me crean a pie juntillas. Sería muy soberbio pretender que mis artículos, o mis novelas, que además publico con el propósito de abrir ventanas en habitaciones cerradas, constituyan una verdad revelada. Les invito a hacer algo mucho más exigente y democrático: infórmense a través de fuentes plurales, lean la prensa internacional, escuchen las argumentaciones de ambos “bandos”, comparen los presupuestos de las fundaciones y asociaciones subvencionadas con los resultados reales de sus memorias de actividad, y háganse la pregunta básica que todo ciudadano debería formularse: ¿Quién gana exactamente manteniendo este statu quo y a quién beneficia que la sociedad permanezca atrincherada en bloques irreconciliables?
Permítanme un apunte personal, desde la más estricta humildad que otorga el oficio de escribir. Yo no percibo retribución económica alguna por escribir estas opiniones en los medios, tampoco me paga ningún partido político y no tengo contraprestación de ningún tipo, y hasta el momento los beneficios generados por mis novelas se han destinado a una asociación que presta asistencia jurídica y psicológica a víctimas de violencia de ambos sexos. Lo hago porque creo firmemente en lo que escribo y porque entiendo que la coherencia no es un mérito del que presumir, sino la única ética admisible en el debate público. Por tanto, lo hago por convicción y no por mandato.
Es hora de abandonar el cómodo refugio de los prejuicios y el sectarismo. Despertemos, analicemos los datos con serenidad y exijamos que la política deje de ser un coto cerrado para convertirse en lo que siempre debió ser: un servicio eficaz, transparente y estrictamente respetuoso con la verdad.
