España bate récords de recaudación en multas de tráfico mientras sus carreteras se deterioran a un ritmo alarmante. La Dirección General de Tráfico presume de ingresos, pero guarda silencio sobre el destino de ese dinero. ¿Seguridad vial, o caja recaudatoria?
Hay algo profundamente obsceno en que el Estado saque pecho mientras aprieta el cuello de los ciudadanos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo con la Dirección General de Tráfico: cifras récord de multas, campañas constantes de sanción y un discurso oficial que insiste, casi de forma mecánica, en que todo se hace “por nuestra seguridad”.
Pero basta con salir a cualquier carretera secundaria —y muchas principales— para desmontar esa mentira.
Baches, firme deteriorado, señalización deficiente, quitamiedos obsoletos, iluminación inexistente en tramos peligrosos. Esa es la realidad cotidiana de millones de españoles.
Una realidad que contrasta brutalmente con los anuncios luminosos que nos advierten de la velocidad o con los radares estratégicamente colocados donde más rentable resulta sancionar.
Porque de eso se trata: de rentabilidad.
El Estado recaudador frente al ciudadano exprimido
El problema no es que existan normas. El problema es que las normas se han convertido en un instrumento fiscal encubierto. La Dirección General de Tráfico ya no actúa como un organismo al servicio de la seguridad vial, sino como una máquina perfectamente engrasada de recaudación.
Y lo más grave es el cinismo.
Nos dicen que las multas salvan vidas, pero no invierten en carreteras seguras. Nos hablan de concienciación, pero multiplican radares en rectas sin peligro mientras abandonan puntos negros históricos. Nos exigen responsabilidad, pero ellos gestionan con irresponsabilidad absoluta.
¿Dónde está el dinero?
Esa es la gran pregunta que nadie responde.
Carreteras abandonadas, infraestructuras en ruina
España, que fue referencia en infraestructuras durante décadas, hoy muestra síntomas evidentes de deterioro. Y no es casualidad.
El Ministerio dirigido por Óscar Puente ha asumido con total normalidad el abandono progresivo del mantenimiento. No hay inversión suficiente, no hay planificación a largo plazo, y lo que es peor: no hay voluntad política.
Las carreteras envejecen, se degradan, se vuelven peligrosas, y mientras tanto, el ciudadano paga más que nunca.
Y no solo en asfalto.
El ferrocarril, que debería ser alternativa y orgullo nacional, también sufre un deterioro alarmante: incidencias constantes, falta de mantenimiento, retrasos, averías, muertes, todo ello mientras el discurso oficial insiste en una supuesta modernización que no se corresponde con la experiencia real del usuario.
El gran engaño de la “seguridad” y la “sostenibilidad”
Durante años nos vendieron que las restricciones, las sanciones y los cambios normativos tenían un objetivo: salvar vidas y proteger el medio ambiente.
Hoy sabemos que no era cierto.
Las ciudades expulsan al ciudadano de su propio centro. Se penaliza el vehículo privado, se imponen zonas de bajas emisiones, se obliga a cambiar de coche, y ahora descubrimos que ni siquiera hay capacidad para absorber ese cambio.
Nos dijeron que el coche eléctrico era el futuro. Ahora resulta que “no caben” en las ciudades.
Nos dijeron que era por el clima. Pero lo que vemos es negocio.
