La imagen más obscena de esa mentira colectiva fue la gran manifestación posterior, esa marcha pretendidamente espontánea en defensa de la democracia, encabezada por los mismos políticos que conocían perfectamente la verdad de lo ocurrido. Marchaban en primera fila quienes sabían que el golpe no había sido lo que se contaba, pero entendían que el relato era útil, necesario y rentable.
Allí estaban los arquitectos del nuevo régimen, los beneficiarios directos del 23-F, caminando solemnemente entre “consignas” constitucionales, como si no supieran nada, como si no hubieran participado, como si no hubieran asentido. Aquella manifestación no fue un acto de defensa de la democracia: fue un ritual de consagración del engaño.
Desde ese momento, cualquier crítica al sistema quedaba automáticamente deslegitimada. El miedo al golpe se convirtió en chantaje permanente.
Todo el que cuestionara el rumbo político era sospechoso de golpismo. Todo el que hablara de soberanía, de patria o de orden era señalado como amenaza. El 23-F pasó a ser una pistola encima de la mesa del debate público.
El principal damnificado fue el Ejército. Las Fuerzas Armadas Españolas, que no habían protagonizado el golpe como institución, fueron convertidas en culpables colectivas. Se instauró una sospecha permanente sobre los mandos, se frenaron carreras, se purgó el espíritu y se laminó cualquier atisbo de independencia. El mensaje era inequívoco: el Ejército debía obedecer y callar.
Y mientras tanto, el sistema se blindaba. La Corona, personificada en Juan Carlos I, quedó sacralizada. Cuestionar al Rey era cuestionar la democracia. Cuestionar el 23-F era cuestionar la Constitución. Todo quedó atado en un nudo perfecto de inmunidad política y moral.
