La opinión de Javier García Isac
Hoy, 11 de noviembre, España asiste a uno de los espectáculos más grotescos, esperpénticos y descarados que recuerdo en nuestra historia sindical. Una huelga general convocada por quienes han permanecido durante ocho largos años disfrutando de las comodidades del poder, de las subvenciones públicas y de los privilegios que proporciona vivir extraordinariamente bien sin tener que rendir demasiadas cuentas a quienes pagan la fiesta.
Una huelga general a lomos de una gamba.
Porque hay que tener mucha cara, muchísimo cuajo y una desvergüenza verdaderamente olímpica para convocar una huelga general precisamente ahora, cuando Pedro Sánchez se juega su continuidad en el poder, cuando las encuestas amenazan con desalojar al socialismo de La Moncloa y cuando los sindicatos comienzan a temer que un cambio político pueda poner fin al generoso pesebre del que llevan alimentándose durante tantos años.
¿Dónde estaban estos sindicalistas durante los últimos ocho años? ¿Dónde estaban cuando la inflación devoraba los salarios? ¿Dónde estaban cuando los españoles perdían poder adquisitivo, cuando llenar la cesta de la compra se convertía en un lujo, cuando los autónomos cerraban sus negocios y cuando los jóvenes descubrían que trabajar ya no garantizaba poder independizarse?¿ Ya no hablan de pobreza energética ni de cuánto cuesta llenar el depósito?
Estaban donde siempre. Cerca del poder, muy cerca del presupuesto y, sospecho, todavía más cerca de las gambas.
Ocho años de silencio y una huelga de repente.
Durante ocho años han tenido motivos más que suficientes para movilizarse contra un Gobierno que ha sido incapaz de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. Ocho años durante los cuales la vivienda se ha convertido en un sueño inalcanzable para millones de españoles. Ocho años de presión fiscal, de intervencionismo, de promesas incumplidas y de una creciente distancia entre la España oficial y la España que madruga.
Pero no había huelga general.
No había grandes movilizaciones contra Pedro Sánchez. No había llamamientos a paralizar el país. No había indignación sindical proporcional al sufrimiento de tantos trabajadores.
Había fotografías, reuniones, acuerdos, subvenciones y una extraordinaria comprensión hacia los problemas del Gobierno.
Y ahora, cuando faltan apenas dieciocho días para las elecciones generales del 29 de noviembre, descubren repentinamente que España necesita una huelga general.
¡Qué casualidad!
Una casualidad tan extraordinaria que solamente puede explicarse desde la más absoluta ingenuidad o desde la complicidad política.
Yo no creo en las casualidades cuando aparecen acompañadas de tantos intereses económicos y partidistas.
La primera huelga general contra la oposición.
Pero si algo convierte esta convocatoria en un monumento al disparate es su evidente dimensión política.
María Jesús Montero, una de las grandes protagonistas del sanchismo, ha situado el enfrentamiento con la oposición en el centro de la justificación política de esta movilización.
Y aquí llegamos al verdadero esperpento.
¿Una huelga general contra la oposición?
¿Desde cuándo se convoca una huelga contra quienes no gobiernan? ¿Desde cuándo se paraliza un país para protestar contra quienes no tienen la responsabilidad de dirigirlo?
Hasta ahora, las huelgas generales se convocaban contra las políticas de los gobiernos. Contra sus reformas laborales, sus decisiones económicas o sus incumplimientos.
Pero el sanchismo ha conseguido darle la vuelta hasta al concepto mismo de huelga.
Ahora resulta que el responsable de los problemas de España no es quien lleva ocho años gobernando, sino quien ha tenido la osadía de hacer oposición.
No es el Gobierno quien debe responder de su gestión. Es la oposición quien debe pedir perdón por no haberle aprobado todas sus iniciativas.
Es sencillamente delirante.
Siguiendo esta lógica, cualquier día convocarán una manifestación contra los ciudadanos que no votan socialista, una huelga contra las encuestas que anuncian su derrota o un paro general contra las urnas por tener la desagradable costumbre de permitir que los españoles cambien de Gobierno.
Porque, en mi opinión, de eso trata realmente esta movilización: de intentar condicionar el ambiente político a las puertas de unas elecciones decisivas.
No estamos ante una reivindicación laboral ordinaria. Estamos ante lo que considero una operación de agitación política disfrazada de sindicalismo.
Los sindicatos del marisco y del presupuesto.
Conviene aclarar algo que considero fundamental.
Yo defiendo el derecho de los trabajadores a organizarse, a asociarse libremente, a negociar sus condiciones laborales y, naturalmente, a ejercer el derecho de huelga.
Lo que no defiendo es que determinadas organizaciones sindicales se hayan convertido en estructuras burocráticas cuya supervivencia parece depender más de su relación con el poder político que de la confianza de los trabajadores.
Y aquí quiero ser absolutamente claro.
Ni un solo euro de subvención pública para financiar el funcionamiento ordinario de los sindicatos. Ni uno.
Quien quiera pertenecer a un sindicato, que se afilie. Quien crea en sus dirigentes, que pague su cuota. Quien considere imprescindible su existencia, que contribuya voluntariamente a mantenerlo.
Pero que no me obliguen a mí, con mis impuestos, a sostener organizaciones con las que no comparto sus planteamientos y cuyas actuaciones considero, en demasiadas ocasiones, profundamente partidistas.
Cada uno debe pagarse su fiesta.
No quiero que mis impuestos financien películas que no voy a ver, estructuras de partidos a los que no estoy afiliado, televisiones públicas que considero instrumentos de propaganda ni organizaciones sindicales que parecen haber olvidado a quienes dicen representar.
Quiero que mis impuestos sirvan para garantizar una sanidad digna, una educación de calidad, unas pensiones sostenibles, unas infraestructuras adecuadas y la seguridad de los españoles.
No para mantener redes de influencia política.
Y no me hablen de solidaridad.
La solidaridad consiste en ayudar a quien lo necesita, no en obligar al contribuyente a mantener organizaciones que deberían sostenerse gracias al respaldo voluntario de sus propios afiliados.
Una organización verdaderamente representativa no debería tener miedo a vivir de sus cuotas.
Al contrario. Debería sentirse orgullosa.
Porque quien depende económicamente de sus afiliados tiene que responder ante ellos. Quien depende del presupuesto corre el riesgo de terminar respondiendo ante quien reparte las subvenciones.
Y ahí está, precisamente, el gran problema.
El miedo no es a perder derechos. Es a perder privilegios.
Tengo la impresión de que esta huelga tiene mucho más que ver con el miedo al futuro que con los problemas presentes de los trabajadores.
Pero no hablo del miedo de quienes se levantan cada mañana a las seis para acudir a su puesto de trabajo.
Hablo del miedo de determinadas cúpulas sindicales a que cambie el Gobierno.
Porque un cambio político podría traer consigo una revisión profunda del sistema de subvenciones, de las estructuras de representación y de los mecanismos de financiación de organizaciones que llevan demasiado tiempo instaladas en una cómoda relación con el poder.
Y eso, naturalmente, preocupa.
Preocupa mucho más que la inflación, que el precio de la vivienda o que las dificultades de nuestros jóvenes.
Los sindicatos deberían ser independientes de los gobiernos. De todos los gobiernos.
Deberían enfrentarse a un Ejecutivo socialista con la misma contundencia con la que se enfrentan a uno del Partido Popular. Y deberían juzgar a Vox por sus propuestas concretas, no por las consignas que les dictan desde determinadas trincheras ideológicas.
Pero esa independencia, a mi juicio, hace mucho tiempo que quedó comprometida.
No se puede presumir de representar a todos los trabajadores cuando se actúa como si una parte de ellos tuviera menos derechos políticos por votar a determinados partidos.
No se puede defender la democracia mientras se pretende convertir la movilización sindical en un instrumento para impedir la alternancia política.
Y no se puede exigir sacrificios a los ciudadanos desde la comodidad de estructuras que apenas parecen conocer los sacrificios que padecen quienes las financian.
Una huelga electoral con disfraz sindical.
Lo más escandaloso de esta convocatoria es su calendario.
No se produce a mitad de una legislatura. No llega después de una reforma laboral recién aprobada que justifique semejante reacción. No responde, a una situación sobrevenida que explique por qué precisamente hoy debe paralizarse España.
Llega cuando la campaña electoral está a punto de comenzar.
Llega cuando Pedro Sánchez necesita movilizar a su electorado.
Llega cuando el socialismo intenta presentar unas elecciones generales como una batalla apocalíptica entre la democracia y un supuesto fascismo que solamente parece existir cuando las encuestas dejan de sonreírle.
Y llega después de ocho años en los que los dirigentes sindicales han demostrado una paciencia verdaderamente franciscana con el Gobierno.
Una paciencia que, curiosamente, desaparece cuando existe la posibilidad de que gobiernen otros.
¡Milagro sindical!
Los mismos que ayer encontraban explicaciones para casi todo hoy descubren razones para convocar una huelga general.
Los mismos que parecían incapaces de levantar la voz contra Pedro Sánchez ahora pretenden levantar a toda España contra quienes todavía no gobiernan.
Y los mismos que aseguran defender a los trabajadores parecen dispuestos a utilizarlos como figurantes de una campaña electoral.
Porque eso es lo que considero especialmente indignante: que se pretenda convertir a los trabajadores en instrumentos de una estrategia partidista.
El trabajador no es propiedad de ningún sindicato.
El trabajador no pertenece a ningún partido político.
Y el trabajador tiene todo el derecho del mundo a votar a quien considere oportuno sin que nadie le señale, le intimide o pretenda darle lecciones de democracia.
Ojalá sea un fracaso monumental.
Hoy espero que esta huelga general sea un fracaso rotundo.
Y lo espero precisamente porque creo en la libertad de los trabajadores.
En la libertad de acudir a su puesto de trabajo. En la libertad de no secundar una convocatoria que consideran injustificada. En la libertad de no dejarse arrastrar por organizaciones cuyos objetivos políticos no comparten.
Por supuesto, también respeto a quien decida secundarla pacíficamente. Ese es su derecho. Pero que quede claro, que es una huelga política que nada tiene que ver con las mejoras laborales de nadie, es simplemente un acto de precampaña para intimidar a la oposición.
Y ningún piquete debería tener la capacidad de imponer por la fuerza lo que no consigue mediante la persuasión.
Ningún trabajador debería sentirse amenazado por querer trabajar.
Y ningún sindicato debería confundir el derecho de huelga con un supuesto derecho a paralizar la libertad de los demás.
Deseo que hoy millones de españoles den una lección de independencia a quienes parecen convencidos de que pueden utilizarlos como ejército electoral.
Porque el verdadero sindicalismo debería preocuparse de mejorar los salarios, defender unas condiciones laborales dignas, combatir los abusos empresariales y garantizar que el esfuerzo tenga recompensa.
No de salvar gobiernos.
No de proteger subvenciones.
No de participar en campañas de propaganda.
Y mucho menos de convertir las calles en un escenario de confrontación política para favorecer a quienes llevan ocho años gobernando.
El 29 de noviembre, las urnas pondrán a cada uno en su sitio.
Dentro de dieciocho días, los españoles tendrán la oportunidad de pronunciarse libremente sobre la gestión de Pedro Sánchez.
Y eso es precisamente lo que algunos parecen temer.
Porque las elecciones tienen una característica maravillosa: el voto de un trabajador vale exactamente lo mismo que el de un ministro, el de un dirigente sindical o el de un presidente del Gobierno.
En la intimidad de la cabina electoral no mandan las subvenciones, ni las pancartas, ni las consignas. Siempre y cuando el gobierno no haga trampas.
Manda el ciudadano.
Y quizá por eso resulta tan necesario, para determinados sectores, intentar calentar el ambiente político antes de que los españoles depositen su papeleta.
Pero España no pertenece a Pedro Sánchez.
España no pertenece al PSOE.
España tampoco pertenece a los sindicatos.
España pertenece a los españoles.
A quienes trabajan, a quienes buscan empleo, a quienes levantan negocios, a quienes pagan impuestos y a quienes mantienen con su esfuerzo cotidiano un país que merece bastante más respeto del que recibe.
Hoy, 11 de noviembre, asistimos a una huelga que considero innecesaria, injustificada y profundamente electoralista.
Una huelga que llega ocho años tarde para denunciar los problemas de los trabajadores y dieciocho días antes de unas elecciones para intentar salvar políticamente a quienes han gobernado durante esos ocho años.
Una huelga que, retrata a buena parte del sindicalismo subvencionado mucho mejor que cualquier discurso.
Y termino con una reflexión.
Cuando un sindicato tiene que elegir entre defender al trabajador o defender al Gobierno, debería elegir siempre al trabajador.
Cuando tiene que elegir entre su independencia y las subvenciones, debería elegir siempre su independencia.
Y cuando sus dirigentes se preocupan más por quién ganará unas elecciones que por las dificultades de quienes dicen representar, quizá ha llegado el momento de preguntarse a quién sirven realmente.
Porque los trabajadores necesitan sindicatos libres, independientes y representativos.
Lo que no necesitan son sucursales electorales financiadas con sus propios impuestos.
Ojalá esta huelga sea recordada como el día en que los españoles dijeron basta al sindicalismo de pesebre.
Porque, mientras millones de familias hacen auténticos malabarismos para llegar a fin de mes, algunos parecen seguir empeñados en viajar por la vida a lomos de una gamba.
Y lo verdaderamente intolerable es que pretendan que la gamba la sigamos pagando todos.
