La democracia española nació sobre una apuesta extraordinariamente ambiciosa: reconciliar a quienes habían estado enfrentados durante décadas, permitir la participación de las grandes familias ideológicas y sustituir definitivamente la violencia por las urnas. Nos equivocamos. El pueblo español ya estaba reconciliado en los años 40 y la izquierda de éste país, engañó a todos. Parecían querer pasar página, y lo que hicieron fue ajustar cuentas de una guerra que ellos mismos provocaron. Fuimos tremendamente ingenuos pensando que se podía confiar en las siglas del odio, siglas manchadas de sangre.
Aquello exigía generosidad, pero también memoria. Y mi pregunta, casi medio siglo después, es si la generosidad política terminó confundiendo la reconciliación con la ausencia de un examen suficientemente exigente del pasado.
1934: cuando la democracia republicana fue puesta a prueba
Para comprender esta cuestión hay que regresar a octubre de 1934.
La mal llamada insurrección de Asturias, protagonizada principalmente por organizaciones obreras socialistas, con participación de otras fuerzas revolucionarias anarquistas y comunistas, constituyó un levantamiento armado contra el Gobierno de la República. No fue una simple protesta laboral. Hubo enfrentamientos, destrucción y numerosas víctimas. Algo que se olvida con frecuencia es que fue una intentona golpista del PSOE en toda España, pero que solo tuvo éxito limitado en dos zonas muy concretas.
Al mismo tiempo, en Cataluña, Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de una República Federal Española. Aquella iniciativa, impulsada desde la Generalitat y vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya, supuso un desafío a la legalidad republicana vigente.
Son hechos históricos que no deberían quedar ocultos tras las simpatías ideológicas de cada generación.
Ahora bien, tampoco sería riguroso atribuir idénticas responsabilidades a todos los partidos de la época. El PNV, por ejemplo, tuvo una trayectoria distinta de la de los dirigentes socialistas implicados en la insurrección asturiana o de ERC en Cataluña. El nacionalismo vasco defendía aspiraciones de autogobierno y estaban dispuestos a venderse al mejor postor y, durante la Guerra Civil, terminó apoyando al Frente Popular, aunque otro sector apoyaría al bando nacional, después de conocerse las atrocidades que se cometían contra los católicos. En definitiva, ayer como hoy tenían un precio.
Precisamente porque la historia importa, conviene contarla sin confundir acontecimientos ni responsabilidades.
1977: ¿reconciliación, legalización y continuidad?
La legalización del Partido Comunista de España, el 9 de abril de 1977, fue una de las decisiones más trascendentales y controvertidas de la Transición.
Para sus defensores, resultaba indispensable incorporar a una fuerza con arraigo social y una larga trayectoria de oposición a la dictadura. Siendo sinceros, fueron la única oposición, aunque sin base social. El resto de opositores al franquismo, era un circo entre borrachos, algunos liberales y gente encabronada que, o bien no fueron recompensados con un cargo o habían sido destituidos de uno. Para sus críticos, significaba admitir en el nuevo sistema a una organización cuya historia también estaba vinculada al estalinismo, a la revolución y a episodios represivos durante la Guerra Civil.
La decisión no puede comprenderse sin recordar el contexto de aquellos años: una democracia todavía frágil, la amenaza de la violencia política, la presión de sectores que aventuraban que un cambio tan radical nos conduciría al desastre y el esfuerzo de dirigentes de procedencias muy distintas por evitar otro enfrentamiento nacional.
Pero comprender una decisión histórica no obliga a renunciar a examinar sus consecuencias.
El PSOE, ERC y el PNV también recuperaron su actividad legal durante la apertura democrática. Sus trayectorias habían sido diferentes y sus responsabilidades históricas tampoco eran intercambiables.
La cuestión de fondo, desde mi perspectiva, no consiste en negar a socialistas, comunistas o nacionalistas su derecho a participar en democracia. Consiste en preguntarse si habría sido preferible que la nueva etapa política naciera con organizaciones verdaderamente nuevas, sin una identificación orgánica tan directa con los grandes conflictos del pasado.
¿Era posible empezar de nuevo?
La alternativa habría consistido en permitir la libre organización de todas las corrientes ideológicas, pero exigir nuevas denominaciones y una separación institucional explícita respecto de las formaciones anteriores a la Guerra Civil.
No habría desaparecido por ello el socialismo, el comunismo, el republicanismo o el nacionalismo. Las ideas habrían seguido existiendo, como es natural en una sociedad libre.
Sin embargo, esta propuesta plantea una dificultad que no debe esconderse: para algunos, impedir que determinadas organizaciones recuperasen sus nombres históricos habría supuesto restringir la libertad de asociación y establecer criterios potencialmente discriminatorios sobre quién podía participar en la nueva democracia. Para otros, esto se podía hacer sin ningún tipo de problemas, siguiendo el modelo de la Alemania Federal, donde por ejemplo, el partido Nacional Socialista quedó prohibido al igual que el Partido Comunista y los partidos separatistas. En España fuimos tremendamente ingenuos permitiendo que las organizaciones culpables de provocar la guerra Civil y las posteriores matanzas y persecuciones religiosas, se incorporarán a la vida civil y política como si nada hubiera pasado.
Es cierto que cambiar unas siglas no transforma automáticamente una cultura política. Pero en lo moral, envías un mensaje claro que hubiera evitado la utilización y tergiversación histórica que hoy sufrimos. La responsabilidad democrática debería depender de los comportamientos, las instituciones y el respeto efectivo al pluralismo, no solamente de un nombre. En España eso no es tan sencillo.
Es una objeción importante. Y, aun reconociéndola, sigo considerando legítimo preguntarse si la Transición debió dar mayor importancia a una ruptura simbólica y política con los enfrentamientos anteriores a 1939.
La memoria que no puede ser selectiva
Durante décadas hemos discutido sobre la responsabilidad histórica del franquismo, sus víctimas y su legado. Es un debate legítimo, como también lo es examinar las actuaciones de las organizaciones que se opusieron a él y que provocaron la guerra civil.
Una democracia madura debería ser capaz de estudiar los crímenes, los errores y las responsabilidades de todas las fuerzas políticas sin convertir la investigación histórica en una competición de agravios.
Nadie debería quedar exento del escrutinio por pertenecer a una tradición ideológica determinada.
Ni los vencedores de la Guerra Civil ni los vencidos. Ni las derechas ni las izquierdas. Ni los partidos de ámbito nacional ni los nacionalistas.
La reconciliación no exige borrar las responsabilidades individuales o colectivas. Exige conocerlas, contextualizarlas y evitar que se utilicen para justificar nuevas exclusiones.
Las viejas siglas en la España del siglo XXI
Hoy, cuando la confrontación política vuelve a ocupar buena parte del debate público, resulta inevitable observar la persistencia de organizaciones que reivindican una historia centenaria.
El PSOE continúa apelando a su tradición histórica. El PCE mantiene su identidad dentro de la izquierda española. ERC y el PNV conservan unas raíces políticas anteriores a la Constitución de 1978.
Esa continuidad es un hecho. Lo discutible es qué significado debemos atribuirle.
No sería justo sostener que los dirigentes actuales son responsables de los actos cometidos por sus antecesores hace noventa años. Tampoco sería históricamente correcto afirmar que los partidos contemporáneos reproducen sin más las conductas de sus organizaciones de los años treinta. El problema es cuando los líderes actuales tienen como referentes a los de antaño como sucede en España, entonces si debemos preocuparnos.
Deberiamos exigirles que afronten su pasado sin idealizaciones y que expliquen con claridad qué lecciones han extraído de él.
También podemos reclamar que la memoria histórica no se convierta en un instrumento partidista, y que la discrepancia ideológica no sirva para deslegitimar al adversario.
La democracia no se mide por la antigüedad de unas siglas. Se mide por la capacidad de sus representantes para aceptar límites, respetar instituciones y reconocer la legitimidad de quienes piensan de otra manera. La izquierda de éste país no está dispuesta a dejar el gobierno sin antes y “después” incendiar las calles.
La pregunta que sigue abierta
No pretendo reescribir la Transición desde la comodidad del presente. Sus protagonistas tuvieron que adoptar decisiones difíciles en circunstancias que hoy apenas podemos imaginar, a pesar de que no eran pocas las voces que advertían de lo mal que se estaba haciendo todo.
La legalización de las organizaciones históricas facilitó la incorporación de sectores sociales muy distintos al nuevo régimen, sectores muy minoritarios, que como el separatismo y el socialismo, se vieron muy beneficiados en la nueva Constitución que se estaba redactando.
Pero tampoco debemos convertir cada decisión de 1977 en un dogma intocable. Estamos idealizando una época que sentó las bases del desastre que vivimos ahora, y hay quien todavía reivindica ese periodo y no hace autocrítica.
Mi posición es que España habría debido debatir con mayor profundidad qué continuidad institucional y simbólica podía admitirse respecto de los partidos que habían participado en los grandes conflictos de la Segunda República.
Quizá unos partidos nuevos habrían contribuido a representar mejor una voluntad de empezar de cero. Quizá, por el contrario, la exclusión de las viejas denominaciones habría dificultado la reconciliación y debilitado la democracia naciente.
Es una discusión que merece argumentos, documentos y memoria, no consignas.
Porque, al final, la gran enseñanza de nuestra historia no debería ser que determinadas siglas están condenadas para siempre, sino que ninguna organización política, por muy antigua o respetada que se considere, puede situarse por encima de la convivencia del pueblo español.
España no necesita heredar las enemistades de sus abuelos. Necesita conocerlas para no repetirlas.
Y ese debería ser el compromiso innegociable de quienes, desde cualquier posición política, dicen defenderla.
