No es una campaña electoral. Es un intento de convertir el miedo en una herramienta de supervivencia política.
Y lo verdaderamente preocupante es que semejante estrategia procede de quienes llevan ocho años gobernando España, de quienes deberían rendir cuentas por su gestión y de quienes, en lugar de ofrecer soluciones, parecen empeñados en convencernos de que la alternancia democrática constituye una amenaza para la convivencia.
OCHO AÑOS GOBERNANDO Y NINGUNA RESPONSABILIDAD
Resulta verdaderamente fascinante observar cómo el Partido Socialista y sus socios afrontan estas elecciones como si acabaran de aterrizar en España procedentes de otro planeta.
Hablan de vivienda como si nunca hubieran gobernado. Hablan de pensiones como si jamás hubieran tenido responsabilidades económicas. Hablan de derechos sociales como si la precariedad, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades de los jóvenes para independizarse o el encarecimiento de la vida fueran fenómenos meteorológicos completamente ajenos a sus decisiones.
¿Pero quién ha gobernado España durante estos últimos ocho años?
¿Quién ha tenido los ministerios, los presupuestos, las competencias y los instrumentos necesarios para solucionar los problemas que ahora denuncia?
¿Quién ha contado con el respaldo parlamentario de comunistas, separatistas y nacionalistas para sacar adelante sus políticas?
La respuesta es tan sencilla como incómoda: ellos.
Y, sin embargo, pretenden presentarse ante los españoles como la solución a los problemas que no han sido capaces de resolver.
Es como si el pirómano se presentara voluntario para dirigir el cuerpo de bomberos y, además, exigiera que le agradeciéramos sus servicios.
DE LA VIVIENDA AL FASCISMO, PASANDO POR LAS PENSIONES
La campaña comenzó con la vivienda. Era el gran argumento electoral. El Gobierno pretendía responsabilizar a la oposición de una crisis que se ha agravado durante sus años de mandato.
Pero el discurso comenzó a mostrar sus contradicciones cuando aparecieron informaciones incómodas sobre las vinculaciones inmobiliarias de personas utilizadas como referentes en el debate público, entre ellas Mari Carmen, cuya trayectoria y relación con una empresa dedicada al alquiler merecen ser aclaradas con rigor.
Porque resulta políticamente revelador que quienes llevan años demonizando al propietario, al pequeño inversor y a las empresas dedicadas al arrendamiento tengan tantas dificultades para aplicar sus propios criterios cuando las contradicciones aparecen en su entorno.
Lo que para unos es especulación, para otros parece convertirse milagrosamente en actividad empresarial respetable.
Lo que para unos constituye una conducta carroñera, para otros merece comprensión.
La doble vara de medir elevada a categoría ideológica.
Y cuando la vivienda deja de proporcionar los réditos electorales esperados, aparece el siguiente recurso: las pensiones.
Ahora pretenden convencer a nuestros mayores de que una victoria de la derecha supondrá el final de sus prestaciones, como si los pensionistas fueran menores de edad incapaces de distinguir entre una propuesta política y una campaña de intimidación.
Se juega con la tranquilidad de quienes han trabajado toda su vida. Se utiliza su preocupación legítima por el futuro para fabricar un enemigo electoral.
Pero el verdadero debate sobre las pensiones debería centrarse en su sostenibilidad, en el empleo, en las cotizaciones, en la productividad y en la capacidad de nuestra economía para garantizar su futuro.
De eso apenas quieren hablar.
Es mucho más sencillo gritar que viene el fascismo.
EL FASCISMO COMO ÚNICO PROGRAMA ELECTORAL
La izquierda española ha conseguido algo verdaderamente extraordinario: después de ocho años gobernando, su principal propuesta para continuar en el poder consiste en advertir de lo que supuestamente harán otros si ganan.
No nos explican cómo van a solucionar la crisis de la vivienda.
No nos explican cómo pretenden mejorar el poder adquisitivo de las familias.
No nos explican cómo garantizarán unas pensiones sostenibles.
No nos explican cómo van a reducir el gasto político, mejorar los servicios públicos o combatir eficazmente la corrupción.
Nos dicen que hay que parar al fascismo.
Y se quedan tan tranquilos.
Según su relato, votar al Partido Popular o a Vox supondría poner en peligro los derechos de los homosexuales, las pensiones, las libertades y hasta la propia democracia.
Son acusaciones extraordinariamente graves que deberían sostenerse con propuestas concretas, documentos y argumentos, no con eslóganes diseñados para provocar miedo.
Porque en una democracia los ciudadanos tienen derecho a conocer qué propone cada partido, discutirlo y decidir libremente.
Lo que no resulta aceptable es sustituir ese debate por una amenaza permanente.
Cuando un Gobierno necesita presentar a media España como un peligro para justificar su continuidad, el problema no está en los votantes: está en el Gobierno.
VOX, LA VIOLENCIA Y EL SILENCIO DE QUIENES DEBERÍAN GARANTIZAR LA LIBERTAD
Pero existe una cuestión todavía más preocupante.
Los incidentes y boicots denunciados en actos de Vox merecen una respuesta inequívoca de las autoridades.
Estamos asistiendo a un clima en el que determinados grupos radicales parecen considerar legítimo impedir que Santiago Abascal y los representantes de su partido puedan dirigirse libremente a los ciudadanos.
Insultos, intimidaciones, intentos de reventar actos y enfrentamientos que obligan a intervenir a las fuerzas de seguridad.
Y ante semejante panorama surge una pregunta elemental: ¿dónde están los delegados del Gobierno?
¿Dónde está el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska?
Porque la obligación de un Gobierno democrático no consiste en proteger exclusivamente las manifestaciones de quienes comparten su ideología. Consiste en garantizar que todos los partidos legales puedan desarrollar sus actividades políticas en libertad y seguridad.
También Vox.
Especialmente Vox cuando sus actos son objeto de amenazas.
No afirmo que exista una instrucción acreditada de Marlaska para permitir esos incidentes. Lo que exijo es que el Ministerio del Interior explique qué dispositivos preventivos se están estableciendo, qué actuaciones se realizan contra quienes intentan impedir actos políticos y por qué se producen situaciones que generan una sensación de impunidad.
La libertad de expresión no puede depender de la simpatía que un delegado del Gobierno sienta por Santiago Abascal.
Impedir que un adversario político hable no es antifascismo. Es intolerancia. Y pretender justificarlo porque el adversario se llama Vox constituye una perversión de los principios democráticos.
¿LA VÍA FRANCESA? ¿INCENDIAR LA REAL CASA DE CORREOS?
Especialmente inquietantes resultan las declaraciones atribuidas a representantes de Más Madrid en la Asamblea regional, entre ellas Manuela Bergerot y Jimena González, en el contexto del debate sobre la movilización en las calles y las referencias a las protestas francesas.
Las alusiones a una posible «vía francesa» y a incendios en edificios institucionales, como la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, exigen explicaciones y sobre todo exige que el gobierno nos diga si comparte esas declaraciones de sus si iis parlamentarios.
Pero hay algo que no admite matices: incendiar una institución pública jamás puede ser una alternativa democrática a perder unas elecciones.
Las calles pertenecen a todos los ciudadanos, no a una organización política.
La Puerta del Sol no es propiedad de Más Madrid.
La democracia no se suspende cuando gobierna alguien que no nos gusta.
Y el derecho de manifestación, absolutamente legítimo, no incluye el derecho a intimidar, destruir o amenazar a quienes piensan de manera diferente.
La protesta pacífica forma parte de una democracia saludable. La violencia política constituye precisamente su negación.
Conviene recordarlo porque algunos parecen haber confundido la movilización ciudadana con una supuesta patente de corso para decidir quién puede gobernar España.
LOS ALTAVOCES DEL MIEDO
Y mientras tanto, una parte del ecosistema mediático favorable a Pedro Sánchez parece haber abandonado cualquier pretensión de distancia crítica.
En lugar de examinar la gestión del Ejecutivo, contrastar sus promesas y exigir explicaciones sobre los asuntos de corrupción que afectan a su entorno político, determinados comentaristas dedican sus esfuerzos a presentar una eventual victoria de la derecha como una catástrofe nacional.
No discuten propuestas. Fabrican escenarios apocalípticos.
No analizan programas. Atribuyen intenciones.
No exigen responsabilidades a quienes gobiernan. Reclaman confianza ciega en quienes han gobernado.
Es el periodismo convertido en propaganda electoral.
Naturalmente, cada medio tiene derecho a mantener su línea editorial. También a defender abiertamente a un candidato.
Lo que resulta intelectualmente deshonesto es presentar como información objetiva lo que constituye una campaña de miedo.
Y especialmente grave es contribuir a deshumanizar políticamente al adversario hasta convertirlo en alguien contra quien cualquier movilización parece justificada.
Después nos preguntamos por qué aumenta la crispación.
Quizá convendría empezar por quienes llevan años utilizando la palabra fascista como sustituto del argumento.
LA CORRUPCIÓN, EL GRAN TEMA PROHIBIDO
Hay una cuestión que incomoda especialmente al Partido Socialista: la corrupción.
Las investigaciones judiciales que afectan a antiguos responsables socialistas y a personas vinculadas al entorno del poder no pueden desaparecer del debate electoral porque al Gobierno le resulte conveniente.
Naturalmente, corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades penales y debe respetarse la presunción de inocencia.
Pero la responsabilidad política no desaparece mientras los procedimientos judiciales siguen su curso.
Los españoles tienen derecho a preguntar qué ocurrió, quién conocía determinadas actuaciones, qué controles fallaron y qué medidas se adoptaron para impedir posibles abusos.
Sin embargo, la respuesta política parece consistir demasiadas veces en cambiar de conversación.
Si hablamos de corrupción, responden con el fascismo.
Si hablamos de vivienda, responden con el fascismo.
Si hablamos de inseguridad, responden con el fascismo.
Si hablamos de impuestos, responden con el fascismo.
Si hablamos de pensiones, responden con el fascismo.
Al final, el fascismo termina siendo una especie de comodín universal que sirve para evitar cualquier examen de gestión.
Y uno empieza a sospechar que el mayor temor de algunos dirigentes no es que desaparezca la democracia, sino que funcione y los ciudadanos decidan sustituirlos.
LA DEMOCRACIA NO ES PATRIMONIO DE LA IZQUIERDA
Aquí llegamos al verdadero fondo de la cuestión.
Una parte de la izquierda española parece haber interiorizado una idea profundamente peligrosa: que su legitimidad para gobernar es superior a la de sus adversarios.
Cuando gana, habla de voluntad popular.
Cuando pierde, cuestiona la legitimidad política del vencedor.
Cuando gobierna, exige respeto institucional.
Cuando está en la oposición, determinados sectores parecen considerar legítimo convertir la calle en un instrumento de presión permanente.
Esta concepción patrimonial del poder es incompatible con el pluralismo democrático.
España no pertenece al PSOE.
España no pertenece a Sumar.
España no pertenece a Podemos ni a Más Madrid.
Tampoco pertenece al Partido Popular ni a Vox.
España pertenece a los españoles.
Y los españoles tienen derecho a elegir, equivocarse, rectificar y cambiar de Gobierno sin que nadie les amenace con convertir las calles en un escenario de confrontación.
Precisamente porque conocemos nuestra historia deberíamos ser especialmente cuidadosos con quienes convierten al adversario político en enemigo existencial.
Durante demasiado tiempo, en España, la descalificación del contrario ha servido para justificar comportamientos que jamás deberían tener cabida en una sociedad libre.
Y no estoy dispuesto a aceptar que volvamos a normalizar ese lenguaje.
EL 29 DE NOVIEMBRE NO SE VOTA ENTRE DEMOCRACIA Y FASCISMO
El próximo 29 de noviembre, si se mantiene la convocatoria electoral anunciada, los españoles no estarán llamados a elegir entre democracia y fascismo.
Estarán llamados a elegir entre distintas opciones políticas.
Podrán votar continuidad o cambio.
Podrán respaldar al Gobierno o castigarlo.
Podrán confiar en el PSOE, en el Partido Popular, en Vox o en cualquier otra candidatura legalmente constituida.
Eso es la democracia.
Y lo verdaderamente democrático consiste en aceptar el resultado, incluso cuando no nos gusta.
Lo que no puede admitirse es que una fuerza política pretenda presentarse como la única garantía de paz social mientras determinados sectores de su entorno político amenazan con movilizaciones cada vez más agresivas si las urnas no producen el resultado deseado.
Porque entonces ya no estaríamos hablando de una campaña basada en propuestas.
Estaríamos hablando de un chantaje.
Y ningún ciudadano debería sentirse obligado a votar a un partido por miedo a lo que sus seguidores puedan hacer si pierde.
NO LES TENEMOS MIEDO
Quiero terminar con una reflexión personal.
He vivido suficientes años, he conocido distintas etapas de nuestra democracia y he visto pasar a demasiados dirigentes convencidos de que España comenzaba y terminaba con ellos.
Todos acabaron descubriendo que el poder es temporal.
También Pedro Sánchez tendrá que asumirlo.
Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecen. Y la soberanía nacional no puede quedar secuestrada por quienes consideran que perder unas elecciones constituye una injusticia histórica.
Después de ocho años gobernando, el PSOE y sus socios deberían presentarse ante los españoles con un balance, unas explicaciones y un proyecto.
En lugar de eso, su discurso parece reducirse a una advertencia: o nosotros o el caos.
Pues bien, no.
Ni el caos es inevitable ni la paz social puede depender de que gobierne la izquierda.
No acepto que se amenace con incendiar las calles.
No acepto que se intimide a quienes acuden a un acto político.
No acepto que se utilice a nuestros mayores para sembrar el miedo sobre sus pensiones.
No acepto que se convierta a millones de españoles en sospechosos de fascismo simplemente porque desean un cambio de Gobierno.
Y, sobre todo, no acepto que quienes deberían defender las libertades pretendan administrarlas en función de sus intereses electorales.
La democracia consiste en poder echar pacíficamente a quienes gobiernan. Si para impedirlo alguien amenaza con la violencia, el problema no es el resultado de las urnas, sino quien formula la amenaza. Y por cierto, el resto también tenemos derecho a defendernos y así lo haremos.
Que nadie se equivoque.
España no necesita permiso de la izquierda para cambiar de Gobierno.
Los españoles no tienen que pedir perdón por votar a la derecha o a la opción que consideren correcta.
Y ninguna organización política tiene derecho a advertirnos de que, si no gana, desaparecerá la tranquilidad de nuestras calles.
El 29 de noviembre no se decide quién tiene derecho a vivir en España. Se decide quién tiene derecho a gobernarla.
Y ese derecho no lo conceden los ministros, los tertulianos, los sindicatos ni los agitadores callejeros.
Lo conceden los ciudadanos con su voto.
Porque la democracia no consiste en que gane siempre la izquierda. Consiste en que, cuando pierda, también respete la libertad de los españoles.
Y si alguien no está dispuesto a aceptar esa regla elemental, que no venga después a darnos lecciones de democracia.
