Hay una frase atribuida a María Jesús Montero que resume perfectamente una determinada manera de entender el poder: presumir de tener más poder que Isabel la Católica. La comparación resulta especialmente llamativa. Isabel I de Castilla pasó a la historia por su papel en la construcción de la monarquía hispánica, mientras que Montero ha desarrollado su carrera política en un Estado democrático, con instituciones, controles parlamentarios y responsabilidades que deben someterse al escrutinio público.
Y precisamente de responsabilidades conviene hablar ahora que Pedro Sánchez ha decidido situarla al frente de la coordinación nacional de su campaña electoral, según el nombramiento anunciado para las elecciones del próximo 29 de noviembre.
El nombramiento plantea una pregunta política interesante: ¿qué busca Sánchez en la persona encargada de coordinar su campaña? ¿Capacidad de organización, experiencia de gestión, conocimiento del territorio o, por encima de todo, una lealtad personal que garantice la continuidad de su discurso?
No es una cuestión menor. Una campaña electoral es el momento en que los partidos deben rendir cuentas de su gestión, explicar sus proyectos y aceptar el contraste con sus adversarios. No debería convertirse en un ejercicio de adhesión personal al dirigente que ocupa la presidencia del Gobierno.
La lealtad a Sánchez y el problema de la rendición de cuentas
María Jesús Montero ha sido una de las principales defensoras públicas de Pedro Sánchez. Como vicepresidenta y ministra de Hacienda, asumió un papel central en la defensa de las decisiones económicas del Ejecutivo y en la confrontación parlamentaria con la oposición.
Esa identificación política explica por qué su nombramiento puede interpretarse como una apuesta por la continuidad. Sánchez conoce su discurso, su capacidad para intervenir en debates públicos y su disposición a defender la acción gubernamental.
Pero también abre un interrogante: ¿hasta qué punto una campaña dirigida por una de las figuras más estrechamente vinculadas al Gobierno permitirá una evaluación autocrítica de sus años de gestión?
La política española necesita que los responsables públicos respondan por sus decisiones, no que sustituyan las explicaciones por consignas. Y Hacienda es, precisamente, uno de los ministerios cuya gestión merece un examen particularmente riguroso.
Hacienda: recaudar, gestionar y respetar las garantías
Durante su etapa al frente del Ministerio de Hacienda, Montero defendió políticas fiscales que han suscitado importantes controversias sobre la presión tributaria, el tratamiento de los contribuyentes y el reparto de recursos entre administraciones.
Sus defensores consideran que la recaudación permite sostener los servicios públicos y las políticas sociales. Sus críticos cuestionan la carga fiscal soportada por familias, autónomos y empresas, así como la suficiencia de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto.
Ese debate debe hacerse con cifras, resultados y comparaciones verificables.
Más delicada todavía es la sospecha, expresada en determinados sectores políticos y periodísticos, de que los instrumentos tributarios puedan utilizarse para ejercer presión sobre adversarios o periodistas incómodos.
No basta con que exista desconfianza hacia el Gobierno para concluir que la Agencia Tributaria ha actuado con fines partidistas. Pero tampoco sería aceptable que las instituciones se negaran a ofrecer explicaciones cuando se plantean denuncias fundadas.
La Administración tributaria debe actuar conforme a la ley, con criterios técnicos, respeto a la confidencialidad y plena independencia frente a intereses políticos. Ese principio debe protegerse gobierne quien gobierne.
La SEPI y las preguntas que siguen abiertas
Uno de los asuntos que inevitablemente acompaña la trayectoria política de Montero es la investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El Senado constituyó una comisión de investigación y la exministra compareció ante ella el 20 de abril de 2026. Durante aquella sesión se debatieron sus responsabilidades políticas en la supervisión de la SEPI y el nombramiento de Vicente Fernández, expresidente del organismo.
Montero defendió que los hechos investigados respecto de Fernández correspondían a un período posterior a su presidencia de la SEPI. Posteriormente reconoció que se arrepentía de haber confiado en él, aunque sostuvo que entonces no existían indicios que justificaran sospechas.
La distinción entre responsabilidad política y responsabilidad penal es esencial. Que existan investigaciones sobre antiguos cargos públicos no demuestra que Montero participara en irregularidades ni que conociera presuntas conductas ilícitas.
Sin embargo, la ausencia de una imputación personal tampoco elimina la obligación de explicar cómo funcionaban los controles, qué criterios se siguieron para efectuar determinados nombramientos y qué mecanismos existían para detectar posibles conflictos de intereses.
La reciente confirmación de que el Gobierno ha mantenido una participación muy activa en la planificación estratégica de empresas de la SEPI añade interés al debate sobre los límites entre dirección política y autonomía empresarial. El Ejecutivo defiende esa intervención por razones de estabilidad e inversión estratégica; sus críticos reclaman mayores garantías de independencia. Y también se conoció la relación estrecha de Montero con Fernández, tanto es así, que se les pudo ver pasando unos románticos días en el Hotel Las Salinas de Almería.
La pregunta que merece una respuesta no es si toda intervención pública constituye una irregularidad, porque evidentemente no es así. La cuestión es si las decisiones se adoptaron con transparencia, criterios objetivos y controles suficientes para impedir cualquier trato de favor.
La campaña electoral y la confrontación permanente
El Comité Electoral aprobado por el PSOE el 5 de octubre de 2026 distribuye sus responsabilidades entre Rebeca Torró, coordinadora general; María Jesús Montero, responsable de Coordinación Estratégica; y Cristina Narbona, encargada del Programa Electoral.
Esa distribución concede a Montero una función política relevante: participar en la definición del mensaje con el que el socialismo acudirá a las urnas.
Y aquí aparece otra de las grandes contradicciones del momento político.
Los partidos que han ejercido responsabilidades de gobierno durante años deben explicar qué han conseguido y qué no han logrado resolver. Es legítimo que critiquen las propuestas de la oposición, pero esa crítica no puede sustituir al balance de su propia actuación.
La polémica en torno a la convocatoria de una huelga general, y su presentación como instrumento de presión política frente a quienes aspiran a gobernar, ilustra hasta qué punto la confrontación puede desplazar el debate sobre salarios, vivienda, productividad o servicios públicos.
Una huelga constituye un derecho fundamental. Sus convocantes pueden defenderla por motivos sociales y laborales. Pero también deben explicar sus objetivos y las razones de su oportunidad, especialmente cuando coincide con una campaña electoral.
Lo mismo cabe exigir a Montero: claridad sobre las propuestas económicas del PSOE, sobre la financiación de sus compromisos y sobre las diferencias reales entre su programa y el de sus adversarios.
Los gestos, el discurso y la política convertida en espectáculo
Las intervenciones públicas de María Jesús Montero se caracterizan por una expresividad muy marcada. Sus gestos, su tono y sus enfrentamientos parlamentarios generan atención y, con frecuencia, polémica.
Hay quienes interpretan ese estilo como espontaneidad y firmeza. Otros lo consideran excesivamente teatral y poco adecuado para quien ha ocupado algunas de las mayores responsabilidades del Estado.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es su manera de gesticular, sino si sus intervenciones aportan argumentos suficientes.
España no necesita que sus dirigentes compitan en volumen de voz ni en intensidad escénica. Necesita respuestas verificables sobre el empleo, la deuda pública, los impuestos, la vivienda y el funcionamiento de las instituciones.
El espectáculo parlamentario puede producir titulares, pero no sustituye a la gestión.
Del poder de Isabel la Católica a las responsabilidades de una campaña
La comparación con Isabel la Católica ofrece una última reflexión.
El poder político no se mide únicamente por los cargos que se ocupan, los recursos que se administran o la cercanía al presidente del Gobierno. En democracia, su legitimidad depende también de los límites que se respetan y de las cuentas que se rinden.
María Jesús Montero tiene una amplia trayectoria institucional y política. Precisamente por eso, su papel en la campaña de Sánchez merece un examen exigente, no una descalificación personal.
Debe responder por su gestión en Hacienda, aclarar las cuestiones políticas que se plantean sobre la supervisión de la SEPI y explicar qué proyecto económico propone el PSOE para los próximos años.
El 29 de noviembre, los ciudadanos no estarán llamados a juzgar los gestos de Montero ni su grado de fidelidad a Sánchez. Estarán llamados a evaluar proyectos, trayectorias y responsabilidades.
Porque en democracia no basta con demostrar lealtad al líder. Hay que demostrar responsabilidad ante los ciudadanos.
Y esa es una obligación que alcanza tanto a quienes gobiernan como a quienes aspiran a sustituirlos.
