La Puerta del Sol es el kilómetro cero de España. Por ella pasamos cada día cientos de miles de personas que vamos a trabajar, a comprar, a coger el metro o simplemente a pasear. Durante 38 días, ese espacio dejó de ser de todos para ser de unos pocos. Lo que empezó como una concentración de apoyo a una anciana con mucha jeta terminó convertido en un campamento con 1.800 tiendas, cocina, asambleas y portavoces, plantado en medio de la plaza más transitada del país.
La pregunta es: ¿quién ha decidido que el derecho a manifestarse incluye el de ocupar durante seis semanas el corazón de una capital europea, y quién ha pagado la factura?
El 23 de septiembre se ejecutó el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda de renta antigua de Sainz de Baranda en la que vivía desde 1956. Una inmobiliaria había comprado el piso y le reclamaba con todo el derecho el valor de mercado que ella, como buena progre, rehusaba pagar. Tres días después, el 26 de septiembre, una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas desembocó en la Puerta del Sol y allí se quedó. Había nacido la “Acampada 26S”.
Maricarmen murió el 7 de octubre en el Gregorio Marañón. La acampada, en lugar de disolverse, creció: de unas 500 tiendas el 30 de septiembre a cerca de 1.800 diez días después, con más de 40 colectivos sumados a la fiesta. Aguantó hasta la madrugada del 3 de noviembre, cuando la Policía Nacional, en coordinación con la Municipal, vació la plaza. Quedaban 334 perroflautas. Hubo dos detenidos por resistencia. Treinta y ocho noches.
El desahucio de la pobre viejecita se convirtió en 72 horas en la excusa perfecta de los socialistas, para exigirse a sí mismos, una intervención radical del mercado del alquiler, el llamado “decreto Maricarmen”. El 29 de septiembre, con la plaza ya ocupada, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos-ley de vivienda. Después llegó la convocatoria de una huelga general de los come gambas, contra la oposición para el 11 de noviembre y el adelanto electoral al 29 de noviembre.
Que cada cual saque sus conclusiones sobre la secuencia. Un Gobierno en apuros ve una oportunidad a su medida, lo alimenta con decretos, deja que la plaza siga tomada mientras la Delegación del Gobierno que debe desalojarla la dirige un hombre de su partido, y convoca elecciones con la vivienda como bandera. No hace falta ser conspiranoico para ver que a Moncloa la acampada no le molestaba. Le venía bien. Las campañas se hacen con emociones, y una anciana desahuciada es una emoción muy rentable. Lo obsceno es usarla.
Y los acampados, convencidos dentro de su falta de higiene mental y corporal, de ser la vanguardia de una revolución, han sido la figuración de un circo electoral ajeno.
Nadie mantiene 1.800 tiendas durante 38 días por generación espontánea. El Sindicato de Inquilinas de Madrid encabezó la convocatoria y una estructura de más de 40 colectivos puso comisiones, relevos, cocina y portavoces oficiales. Eso es una organización con director de escena, no una protesta espontánea.
Hay dos preguntas incómodas que nadie en la izquierda quiere responder. La primera: ¿quién puede permitirse vivir seis semanas en una tienda de campaña en pleno centro un dia laborable? No el camarero, ni el fontanero, ni la dependienta que pasaba por delante para ir a trabajar. Los sindicatos policiales advirtieron de que buena parte de las tiendas dormían vacías: decorado para la foto. La segunda: ¿quién paga la logística?
Manos Limpias ya ha denunciado al Sindicato de Inquilinas por alteración del orden público y por la ocupación continuada de la plaza. Veremos qué dice un juez. No se puede sostener es que aquello fuera «el pueblo».
La Policía Municipal impuso cerca de 180 sanciones en el entorno de la acampada: más de un centenar por limpieza y 76 por consumo de alcohol y drogas. Angelitos míos…
Esa es la foto real del campamento “por el derecho a la vivienda”. Cuando por fin se levantó, los servicios de limpieza retiraron 36,2 toneladas de residuos, un 88 % más que tras el 15-M de 2011. La Comunidad tuvo que hacer una limpieza extraordinaria de los pozos de ventilación del metro por el estado en que estaban. Operarios con trajes de protección desmontando basura en el kilómetro cero: esa es la imagen con la que Madrid ha despertado esta semana.
El Ayuntamiento cifra en más de 30 millones de euros las pérdidas del comercio de la zona. Treinta millones que no son de ningún ministro ni de ningún portavoz de asamblea. Son de las tiendas, los hoteles, los bares y los trabajadores que viven de que Sol sea Sol. Como están acostumbrados a gastarse cantidades similares en putas y coca, esto les parece, lo normal.
La competencia para desalojar era de la Delegación del Gobierno, que esperó 38 días y actuó solo cuando los principales colectivos ya habían anunciado su marcha. Es decir: desalojó un campamento que se estaba yendo solo y lo vendió como “último recurso”. Francisco Martín ha sido denunciado por ello. La justicia decidirá si hubo dejación de funciones.
Pero Almeida y Ayuso tampoco salen limpios. Ahora la Comunidad abre un procedimiento patrimonial contra la Delegación para recuperar los gastos. Perfecto: que se peleen entre administraciones. Mientras tanto, quien ha pagado la limpieza, los bomberos, los cientos de policías y los pozos de ventilación somos los madrileños, con nuestros impuestos. Ningún vecino de Madrid votó que su dinero sirviera para descontaminar un campamento de cerdos.
No es la primera vez. El 15-M de 2011 ocupó la misma plaza casi un mes, y aquello terminó con la misma basura que esto. No me refiero a Podemos, que también.
Entonces se dijo que era excepcional. Quince años después, Sol vuelve a ser una ciudad de tiendas de campaña, y esta vez con el Gobierno de la nación mirando con simpatía.
Compárese con nuestros vecinos. En Londres, Occupy acampó junto a la catedral de San Pablo en 2011 y fue desalojado por orden judicial sin que a nadie se le ocurriera hablar de represión. En París, Nuit Debout llenó la plaza de la República en 2016 y la Policía desmontaba las instalaciones cada madrugada: protesta de día, plaza libre de noche. En Berlín o en Ámsterdam, una ocupación permanente de la plaza central duraría horas, no semanas. Aquí, 38 días. País de pandereta socialista no es un insulto; es un diagnóstico.
Se puede defender el acceso a la vivienda, y hay que hacerlo, sobre todo cuando el problema de la vivienda ha pasado del puesto 16 al 1, desde que gobierna el Adonis. Pero sin convertir la plaza de todos en el cuartel general de unos piojosos.
Comerciantes, trabajadores, turistas y vecinos tienen exactamente el mismo derecho a la Puerta del Sol que quien decide plantar una tienda en ella. La diferencia es que los primeros no necesitan permiso para pasar por su propia ciudad.
Sol ha recuperado la normalidad. Lo que no se ha recuperado es la confianza en que la ley se cumpla cuando quien la rompe tiene la ideología correcta. El 29 de noviembre los españoles votaremos con esa imagen en la retina: una plaza secuestrada, un Gobierno que la consintió y 36 toneladas de basura como balance. Quien crea que eso suma votos, que lo compruebe en las urnas.
