El 19 de junio de 2014 quedará marcado en la historia de España como el día en el que el Rey Juan Carlos I cedía el testigo a su hijo, Felipe VI. Aquella mañana solemne, en el Congreso de los Diputados, se escenificó el relevo generacional de la Corona española. El viejo monarca, desgastado por los escándalos, por el caso Nóos, por las sombras de corrupción y por una imagen pública devastada tras el episodio de Botsuana, daba un paso atrás con la intención de salvar la institución.
España asistía a una abdicación que no respondía únicamente al paso del tiempo, sino a la necesidad urgente de preservar la continuidad de la monarquía parlamentaria.
Muchos españoles contemplaron aquel relevo con esperanza. Incluso quienes manteníamos profundas reservas sobre el funcionamiento del sistema nacido en 1978 entendimos que Felipe VI tenía una oportunidad histórica: corregir errores, recuperar la dignidad institucional de la Corona y ejercer verdaderamente el papel arbitral que la Constitución atribuye al Rey.
Once años después, el balance resulta profundamente decepcionante.
Felipe VI heredó una España todavía reconocible. Una nación con problemas, sí, pero todavía consciente de sí misma, todavía orgullosa de su historia y todavía capaz de defender ciertos principios básicos de convivencia nacional. Once años después, España aparece fracturada, debilitada institucionalmente, humillada frente al separatismo, sometida al chantaje permanente de quienes quieren destruirla desde dentro y gobernada por un poder político dispuesto a dinamitar cualquier límite con tal de mantenerse en el poder.
Y mientras todo eso ocurría, la Corona callaba.
Durante estos once años hemos asistido a una degradación sin precedentes de las instituciones. Hemos visto cómo el separatismo catalán protagonizaba en 2017 un auténtico golpe de Estado contra la unidad nacional. Aquellos días de octubre fueron probablemente el momento más crítico para España desde la muerte de Franco (lo del 23 F es otra historia). Y es justo reconocer que entonces Felipe VI estuvo a la altura de las circunstancias.
Su discurso del 3 de octubre de 2017 fue probablemente el único gran momento político de su reinado.
Aquel mensaje devolvió durante unas horas la esperanza a millones de españoles abandonados por una clase política cobarde. Felipe VI habló claro, denunció la deslealtad de los golpistas y recordó que el Estado tenía la obligación de restaurar el orden constitucional. Muchos españoles pensaron entonces que el Rey había entendido la gravedad del momento histórico y que estaba dispuesto a defender la nación.
Pero aquella esperanza duró muy poco.
Porque después de aquel discurso contundente llegó la claudicación silenciosa. Llegó la inhibición. Llegó el cálculo. Llegó la renuncia a ejercer cualquier liderazgo moral. Y llegó, sobre todo, la sensación de que la Corona había decidido adaptarse al nuevo consenso ideológico dominante para sobrevivir políticamente.
Desde entonces, Felipe VI ha contemplado prácticamente en silencio cómo se concedían indultos a los golpistas del 1-O. Ha visto cómo se eliminaba el delito de sedición para beneficiar a quienes intentaron destruir España. Ha firmado leyes de amnistía profundamente cuestionadas por juristas, fiscales y jueces. Ha presenciado cómo el Gobierno entregaba competencias, privilegios y soberanía nacional a quienes desprecian la existencia misma de España.
Y la Corona no ha hecho absolutamente nada.
Algunos dirán que el Rey “no puede intervenir”. Que la Constitución limita sus funciones. Que debe actuar siempre conforme al Gobierno. Pero esa explicación empieza a resultar insuficiente cuando lo que está en juego no es una simple disputa política, sino la propia continuidad histórica de la nación española.
Porque un Rey no es solamente una firma automática en el BOE. O al menos no debería serlo.
La monarquía sólo tiene sentido si actúa como símbolo vivo de la unidad nacional, como garante moral de la continuidad histórica de España y como árbitro en los momentos de crisis institucional. Si la Corona se limita a asentir, callar y adaptarse al poder de turno, deja de ser una institución útil para convertirse en un simple elemento decorativo del sistema.
Y eso es precisamente lo que muchos españoles perciben hoy.
Felipe VI ha preferido convertirse en el monarca impecable para los foros internacionales, para Bruselas, para las élites globalistas y para el consenso políticamente correcto. Ha abrazado sin matices todos los dogmas de la Agenda 2030, el discurso climático, el lenguaje ideológico y las prioridades del nuevo orden global. Cada intervención pública parece cuidadosamente diseñada para no molestar jamás al poder dominante.
