España, el país donde la gestión pública ha sido sustituida por la ingeniería social. El Gobierno de Pedro Sánchez se jacta de que España que va como un cohete, pero la realidad que percibe el ciudadano es la de un Estado gripado, incapaz de cumplir con sus funciones más elementales, asombrosamente eficiente a la hora de esquilmar al contribuyente. El país donde no se aprueban presupuestos, pero donde nunca se deja de gastar en ideología.
Encadenamos tres años sin Presupuestos Generales del Estado. Tras la incapacidad de sacar adelante las cuentas de 2024 debido a la inestabilidad de una coalición de gobierno rehén de sus socios separatistas, nos hemos plantado en 2026 bajo el dictado de un presupuesto prorrogado que ya no guarda relación alguna con las necesidades de la nación.
Gobernar sin PGE no es una anécdota; es el síntoma de un Gobierno zombi o corrupto, según se mire. Significa que no hay capacidad de inversión real, que los ministerios funcionan con parches y que la planificación estratégica brilla por su ausencia. Sin embargo, para lo que el sanchismo considera estratégico, es decir, su propia supervivencia ideológica, el dinero fluye con alegría. El reciente reparto de 177,1 millones de euros adicionales entre las Comunidades Autónomas para la lucha contra la violencia de género es el ejemplo de cómo, a falta de presupuestos, se gobierna a golpe de Real Decreto Ley para alimentar la maquinaria de género.
Es en este escenario de parálisis donde destaca la única pieza del engranaje estatal que funciona con eficacia: el Ministerio de Hacienda. Es una burla cruel al ciudadano que la página web de Renfe colapse sistemáticamente ante una demanda extra en puentes festivos o con el lanzamiento de ofertas de billetes baratos, demostrando una infraestructura digital propia del siglo pasado. O las citas previas en la Seguridad Social que se han convertido en un bien de lujo que se subasta en el mercado negro del desespero.
Pero, ¡ah, amigo!, intente usted entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria durante la campaña de la Renta. La AEAT presume de una capacidad de procesamiento superior a las 2.900 declaraciones por minuto en sus picos de tráfico. Para succionar el ahorro privado, el Estado dispone de la tecnología de la NASA; para que usted pueda renovar el DNI o coger un tren a Valencia, el Estado le ofrece el rendimiento de un ábaco de madera.
Nos quieren vender que los 180 millones son una inversión necesaria, pero esa es solo la propina de un festín que pagamos todos. En los últimos tres años, el Gobierno ha movilizado un total de 20.319 millones de euros destinados a políticas con perspectiva de género. El coste anual por ciudadano, basado en la población activa, que es la que realmente sostiene este sistema:
Ministerio de Igualdad: Con un presupuesto de ejecución que en 2025 alcanzó el 96% (481,33 millones de euros), este departamento nos cuesta directamente a cada trabajador unos 25 euros anuales. Su única función es generar informes que nadie lee y polémicas que a nadie interesan. Excepto a las de pelo morado.
El Plan Estratégico de los 20.000 millones: Si dividimos esa cifra astronómica entre los tres años de su duración y lo repercutimos sobre los contribuyentes, el coste medio es de 450 euros anuales por trabajador. Usted está trabajando casi una semana entera al año solo para financiar la ingeniería social de este Gobierno.
La propaganda televisiva (RTVE): Mantener TelePedro nos cuesta 1.210 millones de euros al año. Esto supone un impacto de unos 75 euros anuales por hogar. Pagamos para que nos den lecciones de moralidad progre desde pantallas pagadas con nuestro IVA.
Justicia de Excepción: Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer consumen más de 600 millones de euros anuales. Mientras tanto, los juzgados de lo civil o lo social están colapsados, con señalamientos de juicios para 2027 o 2028. Se prioriza la ideología sobre la tutela judicial efectiva.
Mientras Hacienda recauda 2.900 mordiscos por minuto para financiar este delirio, España se desmorona. El déficit de mantenimiento de las carreteras del Estado supera ya los 10.000 millones de euros. Tenemos puentes con grietas, asfalto que destroza neumáticos y una red ferroviaria de cercanías que es una lotería diaria. Pero no hay dinero para asfalto, porque el dinero se ha ido a los Puntos Violeta y a talleres de deconstrucción de la masculinidad.
La quiebra no es solo económica, es moral. Se me ha quedado cara de tonto con la noticia de un anciano en silla de ruedas, detenido y retenido por riesgo de fuga tras tener la osadía de defender su casa de un asalto por parte de delincuentes magrebíes. En la España de los 20.000 millones para igualdad, el hombre honrado que protege su hogar es un criminal, mientras que las estructuras del Estado se vuelcan en proteger a colectivos que han hecho del victimismo su modo de vida. El dinero público se utiliza para desarmar física y moralmente al ciudadano, mientras se riega con millones a asociaciones que actúan como comisarios políticos del régimen.
Los 177,1 millones que la semana pasada se han repartido son gasolina para que la hoguera del Pacto de Estado siga ardiendo. Este pacto no es más que una gigantesca red clientelar. Se destina apenas un 5% a la ayuda directa a las víctimas, mientras que el grueso del presupuesto se queda en el camino: sueldos de asesoras, de pelo morado también, campañas de publicidad institucional donde el Ministerio de Igualdad es el líder indiscutible con 14,5 millones anuales y subvenciones a asociaciones que solo existen en el papel.
Es una industria del agravio que necesita que el problema persista. Si la violencia de género disminuyera drásticamente gracias a la educación real y la seguridad policial, miles de expertas con el carné del partido entre los dientes perderían su medio de vida. Por eso no invierten en policía, ni en chalecos antibalas para la Guardia Civil, ni en mejorar la seguridad en los barrios. Invierten en sensibilización, que es el término progre para decir autobombo pagado.
Se ayudaría más a la mujer y a la sociedad con la denuncia clara, la concienciación valiente que hacemos en estas columnas y la cultura que respeta la verdad.
Un servidor, con el apoyo de sus lectores, con la concienciación que destilan mis artículos y mi trilogía “Relatos de un Maltratador”, y con el dinero que dono directamente de la venta de mis novelas para la ayuda a víctimas reales, estoy haciendo más por la dignidad de este país que todo el Ministerio de Igualdad con sus 20.000 millones. Nosotros ayudamos arrimando el hombro; ellas ayudan con el suyo, (el de usted), el de todos, tras pasar por el filtro purificador de una Hacienda que nunca descansa.
Es hora de decir basta. Basta de financiar con 2.900 latigazos fiscales por minuto una estructura de poder que solo busca dividirnos. España necesita menos perspectiva de género y más perspectiva de futuro. Necesita trenes que funcionen, carreteras seguras, justicia igual para todos y un Gobierno que, por una vez, deje de tratarnos como a su cajero automático personal para pagarse su circo ideológico. Las de los chiringuitos quieren vivir del cuento; nosotros solo queremos que nos dejen vivir en paz.