En febrero de 1936, España cruzó un punto de no retorno. No fue una deriva accidental ni un estallido espontáneo: fue la consecuencia directa de la llegada al poder del Frente Popular, con el Partido Socialista Obrero Español como partido hegemónico y motor ideológico. A partir de esas elecciones —fraudulentas, manipuladas en circunscripciones decisivas— se desató un clima revolucionario que convirtió la vida pública en una antesala de guerra. Hace 90 años comenzó el terror rojo en España, y conviene recordarlo sin maquillajes ni excusas.
Unas elecciones que abrieron la caja de Pandora
El relato oficial insiste en la “legitimidad democrática”. Pero los hechos —denuncias, anulaciones, presiones sobre juntas, violencia en las calles— muestran un proceso viciado que otorgó al Frente Popular una coartada para asaltar el poder. Desde el mismo día posterior a las elecciones, se desató la impunidad: ocupaciones, incendios, agresiones, depuraciones y asesinatos políticos. El mensaje era inequívoco: la ley ya no protegía a todos.
El PSOE no actuó como un partido institucional; actuó como vanguardia revolucionaria. Sus dirigentes hablaban abiertamente de que la democracia era un instrumento transitorio, no un marco a respetar. Cuando la izquierda convierte la política en guerra social, la violencia deja de ser excepción y pasa a ser método.
El terror antes del 18 de julio
Que nadie tergiverse la cronología: el terror comenzó antes del 18 de julio. Antes hubo quema de iglesias, asaltos a sedes políticas, persecución religiosa, milicias armadas toleradas, huelgas insurreccionales y asesinatos selectivos. Todo ello amparado por un poder que miraba a otro lado o justificaba el caos como “respuesta popular”.
España no “derivó” a la guerra: fue empujada. Y quien empuja es responsable del precipicio.
La memoria que el PSOE no quiere







