Las sacas de noviembre del 36, el terror rojo y la memoria prohibida
El 6 y 7 de noviembre de 1936 comenzaron en Madrid las llamadas sacas: miles de presos políticos, religiosos, militares y simples ciudadanos fueron arrancados de sus celdas y trasladados en camiones a los parajes de Paracuellos del Jarama y del Soto de Aldovea. Allí, ante fosas improvisadas, fueron fusilados sin juicio ni defensa. Era el inicio de la mayor matanza de la retaguardia republicana, un genocidio político que pretendía exterminar a quienes no comulgaban con la revolución del Frente Popular.
Mientras en el frente se combatía por el control de la capital, en la retaguardia se desataba el terror rojo. Las víctimas eran madrileños anónimos, padres de familia, sacerdotes, monjas, militares retirados o muchachos acusados de “fascistas” por haber ido a misa. Detrás de aquella barbarie hubo un poder político: el Frente Popular, y dentro de él, un nombre que no puede ser borrado de la historia —el Partido Socialista Obrero Español—, que formaba parte de aquel gobierno y dio cobertura al crimen.
La primera gran matanza del siglo XX español
La noche del 6 al 7 de noviembre de 1936 marca el comienzo del horror. El Gobierno de la República huye de Madrid y deja el poder en manos de una Junta de Defensa, presidida por el general Miaja. En ese contexto, un joven de 21 años, Santiago Carrillo, recién nombrado consejero de Orden Público, toma el control de las cárceles madrileñas. Desde esa oficina, según numerosos testimonios y documentos, se organizan las “evacuaciones” de presos que acabarán convertidas en ejecuciones masivas.
Los camiones salían al amanecer de las prisiones de San Antón, Porlier, Ventas, Modelo o Alcalá. Custodiados por milicianos de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido Comunista, llevaban a los presos al Jarama, donde los fusilaban en masa. Los cálculos más prudentes hablan de más de 5.000 fusilados entre noviembre y diciembre. Otros estudios elevan la cifra a más de 8.000 víctimas.
Fueron asesinados obispos, sacerdotes, guardias civiles, falangistas, médicos, abogados, ancianos e incluso niños. No hubo piedad. Ni una sola de esas vidas fue digna de una autopsia, ni de una palabra de consuelo, ni de una condena posterior. Solo silencio y fosas.
Carrillo, el verdugo impune
Santiago Carrillo, que décadas después sería blanqueado como “padre de la democracia”, fue en aquel noviembre el rostro del terror. Como consejero de Orden Público tenía el control sobre las prisiones, las milicias y los transportes. Nada se movía en Madrid sin su autorización. Las sacas se hacían con listas oficiales, con sellos y con permisos firmados. No eran ejecuciones espontáneas ni arrebatos de odio: eran operaciones planificadas y coordinadas desde el poder político.
El propio Paul Preston —nada sospechoso de simpatías derechistas— reconoció que “resulta inconcebible que Carrillo no supiera lo que estaba ocurriendo”. Y si lo sabía, y lo permitió, fue cómplice de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero España nunca lo juzgó. Al contrario, lo homenajeó, lo nombró ciudadano honorario y lo enterró como un referente moral.
El PSOE y la responsabilidad moral
El PSOE fue parte esencial de aquel Gobierno que permitió el genocidio. De hecho, el ministro de Gobernación era Ángel Galarza, dirigente socialista. Y quien dirigía buena parte de las milicias del “orden público” eran las Juventudes Socialistas Unificadas, creadas por el propio Largo Caballero. Es decir: no se trató de un exceso comunista aislado, sino de una cadena de mando donde el PSOE tuvo papel decisivo.
Ese mismo PSOE que entonces calló ante los fusilamientos y justificó la violencia como “defensa de la República” es el mismo que hoy gobierna España. Y lejos de pedir perdón, promueve leyes de memoria que blanquean a los verdugos y condenan al olvido a las víctimas.
El mismo PSOE que en 1936 colaboró con los asesinos de Paracuellos, hoy llama “fascistas” a quienes osan recordar a los muertos del terror rojo.
El olvido impuesto y las consignas del odio
Ochenta y nueve años después, las fosas de Paracuellos siguen siendo una herida abierta. Miles de cuerpos sin identificar reposan bajo tierra, mientras los que dicen defender la memoria histórica se niegan a nombrarlos. Ninguna ley, ningún decreto, ninguna placa oficial los honra. En cambio, se levantan monumentos a quienes empuñaron el fusil contra ellos.
Y lo más obsceno: en las manifestaciones actuales de la izquierda radical se escuchan consignas como “Volveréis como en el 36” o “Arderéis como en el 36”.
