Porque una cosa es perder unas elecciones y otra muy distinta aceptar que se han perdido. Y tengo la impresión de que una parte de nuestra izquierda está empezando a confundir ambas cosas.
Durante ocho años han gobernado, han legislado, han repartido subvenciones, han ocupado instituciones, han disfrutado de ministerios, vicepresidencias, coches oficiales y presupuestos públicos. Han tenido tiempo y poder para poner en práctica sus recetas económicas, sociales y políticas. Y ahora, cuando se aproxima la hora de rendir cuentas ante los españoles, resulta que su principal propuesta electoral consiste en desempolvar una vieja consigna: «Hay que parar al fascismo».
¿Eso es todo? ¿Ocho años de gobierno para terminar ofreciendo como programa político un eslogan de los años treinta?
No hablan de cómo recuperar el poder adquisitivo de las familias. No explican cómo resolver el drama de la vivienda que ellos mismos han sido incapaces de solucionar. No ofrecen respuestas convincentes a la precariedad laboral, a la presión fiscal o a la inseguridad. No presentan un balance de gestión del que sentirse orgullosos.
Su gran proyecto consiste en advertirnos de que, si los españoles votamos lo que ellos no quieren, llegará el fascismo.
Es decir, que la democracia solamente sería democracia cuando ganan ellos.
Y cuando ganan los demás, resulta que el pueblo se ha equivocado.
EL FRENTE AMPLIO QUE TERMINÓ SIENDO MENGUANTE
Resulta especialmente grotesco contemplar el espectáculo que ofrecen los partidos situados a la izquierda del PSOE.
Aquellos que prometían construir un gran frente progresista, una alianza histórica de las fuerzas populares, una especie de irresistible ejército electoral destinado a transformar España, han terminado convertidos en una colección de siglas enfrentadas, dirigentes resentidos y proyectos personales que apenas consiguen ponerse de acuerdo para hacerse una fotografía.
Yo lo llamo el Amplio Frente Menguante.
Menguante porque cada vez representa a menos españoles. Menguante porque sus dirigentes se han dedicado a despedazarse políticamente entre ellos. Menguante porque los que ayer se abrazaban hoy se insultan, y quienes presumían de unidad han convertido sus diferencias en una guerra de supervivencia.
Podemos contra Sumar. Sumar intentando recomponerse. Los comunistas de toda la vida buscando una nueva etiqueta electoral. Y los separatistas de Esquerra Republicana, siempre dispuestos a defender sus particulares intereses territoriales mientras se presentan como salvadores de una supuesta democracia amenazada.
Lo verdaderamente extraordinario es que, después de semejante espectáculo, pretendan convencernos de que ellos representan la estabilidad, la convivencia y la superioridad moral.
No consiguen ponerse de acuerdo entre ellos, pero quieren explicarnos cómo debemos vivir los demás.
No han sido capaces de construir un proyecto político común, pero aspiran a dirigir el destino de España.
Y cuando se les pregunta qué proponen, responden con su consigna favorita: «¡Que viene el fascismo!».
El fascismo se ha convertido en el comodín de una izquierda que parece haber perdido las ideas. Una palabra que utilizan con tanta ligereza que han terminado vaciándola de su verdadero significado histórico.
Porque llamar fascista a cualquier adversario político no es defender la democracia. Es demostrar una preocupante incapacidad para convivir con quienes piensan de manera diferente.
LA HUELGA GENERAL CONTRA QUIENES TODAVÍA NO GOBIERNAN
Pero si hay algo que retrata esta situación es la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre.
Una huelga general en plena precampaña electoral. Una huelga convocada después de ocho años de gobierno socialista. Una huelga que, según las declaraciones políticas que la rodean, parece tener como principal destinatario a una oposición que todavía no ha llegado al poder.
¿Se puede alcanzar un grado mayor de surrealismo?
¿Dónde estaban todos estos revolucionarios cuando se disparaban los precios de los alimentos? ¿Dónde estaban cuando acceder a una vivienda se convertía en una misión imposible para millones de jóvenes? ¿Dónde estaban cuando los trabajadores perdían capacidad adquisitiva y los autónomos soportaban una presión fiscal cada vez más asfixiante?
Estaban, en demasiadas ocasiones, extraordinariamente cómodos.
Los sindicatos de clase parecían más preocupados por mantener sus relaciones con el Gobierno que por incomodar seriamente a quienes tomaban las decisiones.
Y ahora, cuando el poder político puede cambiar de manos, descubren repentinamente la necesidad de movilizar a los trabajadores.
Ocho años para protestar contra quienes gobernaban y han elegido hacerlo cuando existe la posibilidad de que dejen de gobernar.
No discuto el derecho a la huelga. Faltaría más. Lo que discuto es su instrumentalización partidista.
Una huelga general debe responder a reivindicaciones laborales y sociales concretas, no convertirse en un instrumento electoral destinado a impedir que una mayoría democrática pueda expresarse libremente.
La paradoja es monumental: quienes no organizaron una contestación semejante contra sus propios aliados políticos parecen prepararse para combatir a quienes todavía no han asumido responsabilidad alguna de gobierno.
Es la revolución preventiva.
Primero se convoca la huelga y después se espera a ver quién gana las elecciones.
EL PELIGROSO ESPEJO FRANCÉS
Y aquí aparece una cuestión que considero especialmente preocupante.
Lo que está sucediendo en Francia debería servirnos de advertencia.
Durante años hemos contemplado cómo determinados sectores radicales franceses han convertido la movilización callejera en una forma de presión política permanente. Disturbios, enfrentamientos, episodios de violencia y una creciente incapacidad para aceptar que una parte importante de la sociedad francesa está buscando alternativas políticas al sistema tradicional.
El ascenso de Marine Le Pen y del Reagrupamiento Nacional ha provocado una reacción de alarma entre sus adversarios, que en ocasiones presentan cualquier posibilidad de alternancia como una amenaza existencial.
Naturalmente, Francia tiene sus propias circunstancias políticas y no puede darse por inevitable una victoria presidencial de Le Pen. Pero el fenómeno que me preocupa es otro: la tentación de convertir las calles en un instrumento para deslegitimar anticipadamente determinados resultados electorales.
Y tengo la desagradable sensación de que algunos quieren importar ese modelo a España.
Si las urnas no ofrecen el resultado deseado, habrá movilizaciones. Si gobiernan otros, habrá protestas permanentes. Si se aprueban leyes que no gustan, habrá llamamientos a la resistencia.
Manifestarse pacíficamente es un derecho fundamental. Intimidar, amenazar o justificar la violencia política no lo es.
Y conviene establecer esta diferencia con absoluta claridad.
Porque la democracia no puede funcionar bajo la amenaza de que una parte del espectro político considere ilegítimo cualquier gobierno que no sea el suyo.
España no necesita importar los peores episodios de confrontación francesa. Bastantes problemas tenemos ya como para añadir una nueva cultura de agitación permanente. Pero la izquierda española está dispuesta a todo ante el miedo de perder el poder.
LOS HEREDEROS DEL «NO PASARÁN»
La historia española debería habernos enseñado algo.
Nuestro país ya conoció épocas en las que determinados sectores políticos consideraban que la legitimidad no procedía exclusivamente de las urnas, sino de una supuesta superioridad moral, ideológica o revolucionaria.
La Segunda República nos dejó episodios terribles de esa concepción patrimonial del poder. La insurrección de octubre de 1934, protagonizada por sectores socialistas y otras fuerzas revolucionarias, constituye uno de los ejemplos más evidentes de cómo la violencia política puede convertirse en una alternativa a los procedimientos democráticos.
No pretendo establecer una equivalencia automática entre aquella España y la actual. Sería históricamente irresponsable. Pero sí reivindico una lección que algunos parecen empeñados en olvidar: cuando se empieza a considerar ilegítimo al adversario, se abre una puerta peligrosísima para la convivencia.
El «No pasarán» puede tener un significado histórico concreto, pero no puede convertirse en una licencia contemporánea para negar el derecho a gobernar a quien obtiene una mayoría parlamentaria legítima.
Porque en una democracia los gobiernos no se eligen en una barricada.
Se eligen en las urnas.
Y quien pierde tiene la obligación de aceptar el resultado, ejercer la oposición y prepararse para las siguientes elecciones.
Así de sencillo. Así de democrático. Así de insoportable, al parecer, para quienes llevan demasiado tiempo confundiendo las instituciones con su patrimonio particular.
EL MIEDO A PERDER EL PODER
En el fondo, creo que estamos asistiendo a algo mucho más humano y bastante menos heroico de lo que sus protagonistas pretenden hacernos creer.
Estamos asistiendo al miedo.
Miedo a perder ministerios. Miedo a perder cargos. Miedo a perder influencia. Miedo a que desaparezcan estructuras políticas sostenidas durante años gracias a su proximidad al poder. Miedo, en definitiva, a regresar a una realidad en la que tendrán que convencer a los ciudadanos sin disponer de los resortes del Gobierno.
Y ese miedo se está disfrazando de antifascismo.
Resulta fascinante comprobar cómo algunos dirigentes que han participado en gobiernos, aprobado presupuestos, negociado nombramientos y disfrutado de todas las ventajas del sistema se presentan ahora como heroicos resistentes frente a una dictadura imaginaria.
Son revolucionarios con coche oficial.
Antisistema con despacho institucional.
Insurgentes de nómina pública.
Y defensores de la libertad que parecen tener serias dificultades para aceptar que otros españoles puedan votar de manera diferente.
La ironía sería divertida si las consecuencias no pudieran resultar tan preocupantes.
Porque una cosa es hacer el ridículo político y otra contribuir a crear un clima de hostilidad que termine trasladándose a las calles.
Quiero creer que la inmensa mayoría de los votantes de izquierda no comparte esa tentación. Estoy convencido de que muchos socialistas, comunistas y ciudadanos progresistas desean exactamente lo mismo que quienes votan al Partido Popular o a Vox: vivir en paz, trabajar, sacar adelante a sus familias y participar en una democracia en la que las elecciones sirvan para algo. Lo que sucede es que los hechos están empeñados en contradecirme.
Precisamente por eso resulta tan irresponsable presentar al adversario como un enemigo al que hay que combatir por cualquier medio.
EL 29 DE NOVIEMBRE NO SE VOTA EL FIN DEL MUNDO
Queda poco más de un mes para las elecciones generales.
Y durante estas semanas vamos a escuchar, probablemente, un repertorio interminable de advertencias apocalípticas.
Que si llega la derecha desaparecerán los derechos. Que si gobierna Vox regresaremos a los años treinta. Que si cambia el Gobierno España dejará de ser una democracia. Que si no gana la izquierda habrá que salir a las calles para defender las libertades.
Curiosa concepción de la libertad: solamente estaría garantizada cuando gobiernan ellos.
Pero el 29 de noviembre no se decide entre democracia y fascismo. Se decide quién debe gobernar España durante los próximos años.
Se decide si los ciudadanos desean continuidad o alternancia.
Se decide si quienes han ejercido el poder merecen renovar su confianza o si ha llegado el momento de exigir responsabilidades políticas y abrir una etapa diferente.
No habrá ninguna legitimidad superior a la de las instituciones democráticas.
Ni una manifestación, ni una huelga, ni una concentración multitudinaria podrán sustituir la voluntad expresada en las urnas. Siempre y cuando sean elecciones limpias y transparentes, cosas también complicada con este gobierno y sus secuaces.
ESPAÑA NO ES SUYA
Hay una frase que algunos dirigentes deberían grabarse antes de que llegue el 29 de noviembre:
España no es suya.
No pertenece al Partido Socialista. No pertenece a Sumar. No pertenece a Podemos. No pertenece a Esquerra Republicana. Y tampoco pertenece al Partido Popular ni a Vox.
España pertenece a los españoles. Y también a los que nos precedieron. Por eso tenemos la obligación y el deber de preservarla.
Pertenece a todos.
A quienes votan a la izquierda y a quienes votan a la derecha. A quienes participan en manifestaciones y a quienes prefieren quedarse en casa. A quienes desean un cambio político y a quienes consideran que debe continuar el actual proyecto.
Nadie tiene derecho a apropiarse de la democracia ni a repartir certificados de legitimidad ideológica. Y muchos menos a apropiarse de España como nación, que es lo que desea la izquierda.
Y mucho menos todavía, quienes han disfrutado del poder durante años y ahora parecen descubrir que existe una amenaza insoportable: que los ciudadanos decidan retirárselo.
Me preocupa profundamente que determinados sectores políticos estén alimentando un clima de confrontación en lugar de preparar serenamente una posible alternancia.
Me preocupa que se utilice el antifascismo como coartada para evitar hablar de la gestión realizada.
Y me preocupa que se pretenda convertir una campaña electoral en una batalla callejera entre españoles.
Porque nuestro país ya ha sufrido demasiadas veces las consecuencias de quienes creían tener el monopolio de la verdad.
El verdadero demócrata no es quien presume de defender la democracia cuando gana. Es quien la respeta cuando pierde. Y la izquierda está muy lejos de eso.
El próximo 29 de noviembre los españoles hablarán.
Y cuando hablen, quienes hayan perdido tendrán que escuchar.
Sin amenazas. Sin coacciones. Sin convertir las calles en un instrumento de intimidación política.
Porque la democracia no consiste en gobernar eternamente.
Consiste, entre otras muchas cosas, en saber marcharse cuando los ciudadanos así lo deciden.
Y si algunos no son capaces de entender algo tan elemental, quizá el problema no sea ese fascismo que dicen combatir a todas horas.
Quizá el problema sea su propia incapacidad para aceptar la libertad de los demás.
Porque el fascismo no aparece cada vez que la izquierda pierde unas elecciones. Lo que aparece, en ocasiones, es la verdadera cara de quienes nunca imaginaron que tendrían que abandonar el poder.
