El 18 de noviembre de 1976 debería recordarse como uno de los días más trágicos de la historia política contemporánea de España. Aquel día, las Cortes franquistas —las mismas que juraron lealtad a los Principios del Movimiento Nacional y a la unidad de España— aprobaron, con 425 votos a favor, de los 531 procuradores, el llamado Proyecto de Ley para la Reforma Política, la llave que abriría el camino a lo que se denominó “la Transición”. Lo que pocos dijeron entonces, y casi nadie se atreve a reconocer hoy, es que aquella votación fue en realidad un acto de autodestrucción, una especie de haraquiri político que desmontó, pieza a pieza, el sistema que había garantizado casi cuarenta años de estabilidad, crecimiento y reconciliación nacional tras la guerra civil.
Aquel día, las Cortes no aprobaron una ley; firmaron su propia sentencia de muerte. Y lo hicieron con entusiasmo, cambiando de chaqueta en tiempo récord, convencidos de que el nuevo régimen les garantizaría impunidad, prebendas y continuidad personal. Fue, en definitiva, la primera gran traición a la España que ellos mismos habían contribuido a construir.
El haraquiri del Movimiento Nacional
La Ley para la Reforma Política, presentada por Torcuato Fernández-Miranda y defendida por Adolfo Suárez, era el vehículo que permitía desmantelar desde dentro el sistema nacido del 18 de julio. Se nos dijo que España necesitaba un cambio, que era necesario abrir el país a la democracia, que había que adaptarse a los nuevos tiempos, se habló entonces de “la ley a la ley” y sin rupturas. Nadie discute eso. Lo que se discute, y se denunciará siempre, es el modo en que se hizo: entregando la soberanía nacional a intereses ajenos, desmantelando las instituciones sin un plan patriótico y poniendo los cimientos de un sistema que pronto demostraría ser el instrumento perfecto para dividir, desmovilizar y corromper a la sociedad española.
La paradoja es evidente: las mismas Cortes que representaban el espíritu de unidad, de servicio y de sacrificio de una España renacida de sus cenizas, aprobaron el texto que las liquidaba. Ni uno solo de los grandes principios del Movimiento fue respetado: ni la unidad de la patria, ni la justicia social, ni la independencia nacional. Se impuso la consigna del oportunismo y la cobardía. A partir de aquel momento, la política española ya no giraría en torno al bien común, sino en torno a los intereses personales de los nuevos partidos y a la satisfacción de quienes, desde el extranjero, habían presionado para que España se desarmase moralmente.
Una Transición tutelada
Porque la llamada Transición no fue ni modélica ni española. Fue una transición tutelada. Tutelada por los Estados Unidos, interesada en una España dócil dentro del bloque occidental, y también tutelada por Marruecos, que apenas un año antes había probado la debilidad de un Estado en descomposición con la Marcha Verde y la traición al Sáhara español.
La última orden de Franco fue resistir en el Sáhara; la primera del nuevo rey fue abandonar la provincia española. Ese contraste define mejor que nada lo que vino después.
La Transición fue el precio que se pagó por la aceptación internacional del nuevo régimen. A cambio de la bendición extranjera, se renunció a la soberanía, se entregó la política exterior, se consintió la desindustrialización, se permitió la desmemoria y se instaló un sistema de partidos que ha degenerado en lo que hoy sufrimos: un modelo autonómico ruinoso, desigual y corrupto.
La gran estafa: del franquismo sociológico a la UCD
El pueblo español fue engañado. Despolitizado y desmovilizado tras décadas de estabilidad, creyó que aquel nuevo partido llamado Unión de Centro Democrático era una continuación del Movimiento Nacional. Y no les faltaba razón: muchos de sus rostros eran los mismos, aunque su lealtad ya no era a España, sino a sí mismos. Se nos vendió la ilusión de una “apertura democrática”, cuando en realidad fue un reparto de poder entre los mismos de siempre, con otros nombres y banderas distintas.
