Seis años después del estado de alarma que suspendió libertades, arruinó miles de negocios y sembró el miedo en España, sigue sin haber auditorías, responsables ni explicaciones.
Se han cumplido ahora seis años de una de las decisiones políticas más graves de la historia reciente de España. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y puso en marcha el mayor recorte de libertades que ha vivido nuestro país desde la II República.
Aquella noche comenzó algo más que una crisis sanitaria. Comenzó una etapa de control social, miedo y arbitrariedad política que marcó a toda una generación de españoles.
Seis años después, el balance es demoledor:
libertades suspendidas, decisiones declaradas inconstitucionales, miles de negocios arruinados, secuelas psicológicas profundas en la sociedad y, lo más indignante de todo, nadie ha asumido ninguna responsabilidad política.
El confinamiento ilegal
España vivió uno de los confinamientos más duros del mundo occidental.
Millones de ciudadanos fueron encerrados en sus casas, se prohibió la libertad de movimiento y se paralizó el país entero. Todo ello mediante el instrumento jurídico del estado de alarma, cuando en realidad lo que se produjo fue una suspensión de derechos fundamentales.
Algo que el Tribunal Constitucional terminaría confirmando: aquellas medidas fueron ilegales.
No se limitaron derechos, se suspendieron libertades.
España fue confinada mediante un mecanismo jurídico que no lo permitía.
Y aun así nadie dimitió.
El miedo como herramienta política
Aquellos meses estuvieron marcados por una estrategia basada en el miedo.
Comparecencias diarias, mensajes alarmistas, cifras repetidas sin contexto y una narrativa que convirtió a cada ciudadano en un potencial culpable.
Se instauró una auténtica psicosis colectiva.
Vecinos denunciando a vecinos.
Ciudadanos interrogados por salir a comprar.
Multas absurdas por caminar solos.
Controles policiales para vigilar desplazamientos.
Llegamos a ver escenas grotescas: personas obligadas a llevar mascarilla dentro del coche y completamente solas.
La paranoia llegó a tal punto que el propio Gobierno recomendó que en Navidad los abuelos comieran separados del resto de la familia, como si fueran un peligro sanitario.
España entera vivió una situación que hoy, vista con perspectiva, resulta sencillamente dantesca.
La ruina de miles de negocios
Mientras el Gobierno se felicitaba por su gestión, la economía española se hundía.
Miles de bares, restaurantes, comercios y pequeñas empresas se vieron obligados a cerrar.
Muchos jamás volvieron a abrir.
Detrás de las estadísticas hay tragedias humanas:
familias endeudadas, autónomos arruinados, jóvenes sin oportunidades y empresarios que perdieron el trabajo de toda una vida.
Las consecuencias sociales siguen hoy presentes.
España registra récords históricos de suicidio, una tragedia silenciosa que rara vez se menciona cuando se habla de las secuelas de aquella gestión política.
Las mascarillas y el negocio de la pandemia
Durante meses, las mascarillas se convirtieron en símbolo de obediencia.
Hoy sabemos que muchas de aquellas decisiones no tenían una base científica tan sólida como se afirmaba, pero sí generaron un negocio multimillonario.
El tiempo ha ido revelando contratos opacos, intermediarios cercanos al poder y comisiones en la compra de material sanitario.
El caso Koldo ha sacado a la luz parte de esa trama.
Mientras millones de españoles estaban encerrados en sus casas, otros hacían negocio con la tragedia.
La presión para vacunarse
Oficialmente, la vacunación fue voluntaria.
En la práctica, muchos ciudadanos sufrieron una enorme presión social y laboral para vacunarse.
Quien dudaba era señalado.
Quien preguntaba era ridiculizado.
Quien discrepaba era censurado.
Se instaló un clima de pensamiento único donde cualquier debate era tratado como una amenaza.
