En política hay decisiones que retratan a quien las toma. Y la decisión de registrar la marca “Frente Popular” por parte de sectores de la izquierda vinculados a Más Madrid no es una simple anécdota burocrática ni una ocurrencia ideológica. Es una provocación consciente contra la historia de España.
Porque el Frente Popular no fue una simple coalición electoral.
Fue el símbolo de un periodo de violencia, sectarismo y persecución que terminó arrastrando a España a una guerra civil.
Y lo verdaderamente inquietante es que la izquierda española no rescata ese nombre con vergüenza, ni con ánimo de reflexión histórica.
Lo rescata con orgullo.
No lo esconde.
Lo reivindica.
Es la prueba de algo que cada vez resulta más evidente: la izquierda española jamás ha hecho autocrítica sobre los años treinta. Nunca ha pedido perdón por la persecución religiosa, por el clima de terror en las calles o por la violencia política que precedió a la Guerra Civil.
Muy al contrario.
Empieza incluso a sentirse orgullosa de aquel pasado.
El fraude electoral que llevó al Frente Popular al poder
El 16 de febrero de 1936 se celebraron en España unas elecciones decisivas.
Durante décadas se nos ha repetido el relato oficial: una victoria democrática del Frente Popular frente a la derecha.
Pero la investigación histórica posterior ha desmontado esa versión.
Historiadores como Manuel Álvarez Tardío o Roberto Villa han documentado cómo aquellas elecciones estuvieron plagadas de manipulación, coacciones y alteraciones del recuento.
Se invalidaron actas favorables a la derecha.
Se modificaron resultados en varias circunscripciones.
Se produjeron presiones y ocupaciones de gobiernos civiles para alterar el resultado final.
No se trató de irregularidades menores.
Fue un pucherazo electoral de gran escala que permitió al Frente Popular hacerse con el poder.
Desde ese momento comenzó la demolición del orden público y del propio sistema institucional.
Los 150 días que incendiaron España
Entre el 16 de febrero de 1936 y el 18 de julio de ese mismo año, España vivió un periodo de violencia política prácticamente incontrolable.
En apenas cinco meses:
Cerca de 500 personas fueron asesinadas por motivos políticos.
Hubo cientos de atentados y agresiones.
Más de 200 iglesias fueron incendiadas o saqueadas.
Se multiplicaron las detenciones arbitrarias por razones ideológicas.
Las calles dejaron de pertenecer al Estado.
Quedaron en manos de milicias socialistas, comunistas y anarquistas que actuaban con una impunidad casi absoluta.
El Gobierno del Frente Popular no fue capaz —o no quiso— imponer el orden.
La violencia era, en gran medida, la violencia de sus propias bases políticas.
Un Estado que protegía a los verdugos
La degradación institucional alcanzó niveles que hoy resultarían inconcebibles.
Cuando un militante o dirigente de derechas era asesinado, las fuerzas de seguridad no buscaban a los culpables.
En muchos casos detenían a familiares o amigos de la víctima para evitar posibles represalias.
Los asesinos quedaban libres.
Las víctimas acababan detenidas.
Era la inversión completa del concepto de justicia.
El Estado había dejado de ser neutral.
Había dejado de proteger a los ciudadanos.
La persecución religiosa
Uno de los episodios más oscuros de aquel periodo fue la persecución contra la Iglesia católica.
Antes incluso de que estallara la guerra ya se habían producido numerosos incendios de iglesias, ataques a conventos y agresiones a sacerdotes.
La violencia anticlerical formaba parte del clima revolucionario de aquellos meses.
Durante la Guerra Civil serían asesinados cerca de 7.000 religiosos en territorio controlado por el Frente Popular.
Aquella persecución fue una de las más graves sufridas por la Iglesia en la Europa contemporánea.
Y sin embargo, la izquierda española jamás ha pedido perdón por ello.
El crimen de Estado que precipitó el abismo
El punto de ruptura definitivo llegó la noche del 13 de julio de 1936.
