No fue el 18 de julio. No fue tampoco el asesinato de Calvo Sotelo. La tragedia comenzó antes, mucho antes, cuando el Estado dejó de existir como garante de la ley y se convirtió en cómplice del caos. Ese momento fue marzo de 1936.
Un mes apenas después de las elecciones del 16 de febrero de 1936, aquellas elecciones que la historiografía más rigurosa ha señalado como profundamente irregulares y manipuladas, España comenzó a deslizarse por una pendiente de violencia, desorden y persecución política que no haría sino acelerarse en los meses siguientes.
El Frente Popular, lejos de actuar como un gobierno responsable, se comportó desde el primer momento como lo que realmente era: una alianza revolucionaria que consideraba el poder no como un instrumento para gobernar, sino como una herramienta para destruir el régimen existente y ajustar cuentas con sus adversarios políticos.
Y el mes de marzo fue la primera gran señal de alarma.
Un país que se descompone
España entró en marzo de 1936 convertida ya en un país profundamente fracturado. La izquierda celebraba la victoria electoral como si fuese una legitimación para iniciar una revolución pendiente, mientras que amplios sectores de la sociedad observaban con creciente preocupación cómo el Estado comenzaba a desaparecer. Lo cierto es que después de la intentona golpista Socialista de 1934, el PSOE deseaba acelerar el proceso revolucionario y la democracia era un estorbo.
Las cifras de violencia política en aquellos meses son estremecedoras.
Entre febrero y julio de 1936, en apenas cinco meses, cerca de quinientas personas fueron asesinadas por motivos políticos, la mayoría de ellas opositores al Frente Popular: militantes de derechas, falangistas, tradicionalistas, sacerdotes, católicos o simplemente ciudadanos identificados como adversarios del nuevo poder.
Pero lo más grave no fue únicamente la violencia.
Lo verdaderamente alarmante fue que el Estado dejó de perseguir a los agresores y comenzó a perseguir a las víctimas.
Los agresores quedaban impunes.
Los detenidos eran, casi siempre, los compañeros o amigos de quienes habían sido asesinados.
La ley había dejado de ser neutral.
Las ocupaciones de fincas: la revolución en marcha
Uno de los fenómenos más significativos de aquel marzo de 1936 fue la ocupación masiva de fincas y propiedades agrícolas.
Grupos organizados de militantes socialistas, comunistas y anarquistas comenzaron a invadir propiedades privadas en diferentes regiones de España, especialmente en Extremadura, Andalucía y Castilla.
No eran actos espontáneos de campesinos desesperados.
En muchos casos se trataba de operaciones organizadas por sindicatos y organizaciones revolucionarias, toleradas o directamente alentadas por las autoridades locales.
Las fuerzas del orden, lejos de restablecer la legalidad, miraban hacia otro lado.
El mensaje era claro:
la ley ya no protegía la propiedad ni garantizaba el orden público.
España empezaba a vivir una revolución de hecho, aunque no hubiese sido declarada formalmente.
Huelgas revolucionarias, con la izquierda en el poder
El absurdo político alcanzó niveles grotescos.
Mientras el Frente Popular ocupaba el gobierno, las huelgas revolucionarias no cesaban. Al contrario, se multiplicaban.
España vivía una situación inédita:
los mismos partidos que gobernaban alentaban o toleraban movilizaciones destinadas a desestabilizar el propio Estado que controlaban.
Las huelgas se sucedían en fábricas, transportes, campos y servicios públicos.
No eran protestas laborales convencionales.
Muchas de ellas tenían un carácter claramente insurreccional, con enfrentamientos, sabotajes y violencia callejera.
El país comenzaba a entrar en un clima de ingobernabilidad permanente.
La detención de José Antonio Primo de Rivera
Uno de los episodios más simbólicos de aquel marzo fue la detención de José Antonio Primo de Rivera.
El 14 de marzo de 1936, el fundador de Falange Española fue detenido por orden del gobierno del Frente Popular.
José Antonio ya había sido objeto de persecución política en los meses anteriores, mientras numerosos militantes falangistas eran asesinados o agredidos por grupos de izquierda.
Pero la respuesta del gobierno no fue proteger la libertad política.
