Hay decisiones políticas que marcan el destino de un país durante décadas. Decisiones que revelan si un Gobierno está dispuesto a defender los intereses nacionales o si, por el contrario, prefiere sacrificar la dignidad de su nación en el altar de los intereses coyunturales. La política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.
Porque lo que ha hecho Sánchez no es simplemente cambiar una posición diplomática. Lo que ha hecho es algo mucho más grave: legitimar una ocupación y romper con décadas de política exterior española sin debate parlamentario, sin consenso nacional y sin respeto alguno al derecho internacional.
Y lo más preocupante de todo es que esta decisión puede sentar un precedente extremadamente peligroso para España.
El Sáhara Occidental: una provincia española abandonada
Para entender la magnitud del error cometido por el Gobierno de Sánchez, es imprescindible recordar la historia.
El Sáhara Occidental fue durante décadas una provincia española. No una colonia cualquiera, sino territorio administrado por España e integrado jurídicamente en el Estado.
Hasta 1975, cuando España atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia contemporánea.
Mientras el general Francisco Franco agonizaba, Marruecos aprovechó la debilidad política del Estado español para lanzar la llamada Marcha Verde, una operación de presión política y demográfica que pretendía forzar la salida de España del territorio.
En lugar de defender sus derechos y cumplir con sus responsabilidades internacionales, el Estado español optó por la retirada.
Los llamados Acuerdos de Madrid de 1975 supusieron en la práctica el abandono del territorio. España cedía la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania, sin consultar a la población saharaui y sin celebrar el referéndum de autodeterminación exigido por Naciones Unidas.
Aquella decisión fue el inicio de un conflicto que continúa hasta nuestros días.
Pero conviene recordar algo fundamental: España nunca transfirió legalmente la soberanía del territorio.
Según la doctrina de Naciones Unidas, España siguió siendo durante décadas la potencia administradora del territorio, con la obligación de facilitar un referéndum de autodeterminación.
Ese era el mandato internacional.
Y esa era la posición oficial de España durante más de cuarenta años.
El giro unilateral de Pedro Sánchez
Todo eso cambió en marzo de 2022.
Sin debate parlamentario, sin consenso político y sin explicar las razones al conjunto de los españoles, Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos apoyando el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.
En otras palabras: España respaldaba de facto la soberanía marroquí sobre el territorio.
Un giro diplomático histórico.
Un giro que rompía con décadas de neutralidad española.
Un giro que ignoraba las resoluciones de la ONU.
Y, sobre todo, un giro decidido unilateralmente por el presidente del Gobierno, sin consultar siquiera al Parlamento español.
La pregunta es inevitable:
¿Quién autorizó a Pedro Sánchez a cambiar una política de Estado de más de cuarenta años?
Nadie.
La sumisión estratégica a Marruecos
El reconocimiento de la posición marroquí no fue fruto de un debate estratégico profundo ni de una reflexión geopolítica seria.
Fue, más bien, un acto de sumisión política.
Después de la crisis diplomática provocada por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Marruecos utilizó, todavía más, la inmigración irregular como arma política contra España.
Miles de inmigrantes cruzaron la frontera de Ceuta con la pasividad —cuando no la colaboración— de las autoridades marroquíes.
Aquella crisis dejó algo claro: Marruecos estaba dispuesto a utilizar cualquier instrumento de presión para forzar concesiones políticas.
Y Sánchez terminó cediendo.
El precedente que puede volverse contra España
Pero lo más grave de esta decisión no es solo la humillación diplomática.
Lo verdaderamente preocupante es el precedente que se crea.
Porque si un país puede reconocer unilateralmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ignorando el mandato de Naciones Unidas, ¿qué impediría que otros países hicieran exactamente lo mismo con territorios españoles?
Siguiendo la lógica del Gobierno de Sánchez, mañana mismo otro Estado podría reconocer la soberanía marroquí sobre Ceuta o Melilla.
Incluso podría plantearse el caso de las Islas Canarias, territorio sobre el que ciertos sectores del nacionalismo marroquí han lanzado históricamente reivindicaciones absurdas.
Nunca han sido territorios marroquíes.
Nunca lo han sido.
