Hubo un tiempo en que el Primero de Mayo no era una romería ideológica ni un desfile de pancartas huecas. Hubo un tiempo en que el trabajador salía a la calle jugándose el pan, el empleo y, en no pocas ocasiones, la libertad. El Primero de Mayo nacía de la dignidad, del sacrificio, de la conciencia de clase entendida como defensa real del obrero frente al abuso. No era una fiesta, era una batalla.
Hoy, sin embargo, asistimos a la caricatura de aquella lucha. El Primero de Mayo se ha convertido en un acto ritualizado, vacío de contenido, secuestrado por organizaciones que han dejado de representar a los trabajadores para convertirse en meros instrumentos del poder político. Especialmente cuando ese poder lo ostenta el Partido Socialista.
Ahí están Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, convertidos en estructuras burocráticas, subsidiadas, domesticadas. Sindicatos de clase, decían. Sindicatos de despacho, habría que decir hoy. Organizaciones que viven más pendientes de la subvención pública que de la nómina del trabajador al que dicen defender.
Porque esa es la gran verdad incómoda: estos sindicatos han dejado de ser independientes, si es que alguna vez lo fueron. Dependen económicamente del Estado. Y quien paga, manda. Y si el que manda es el Gobierno —y más aún si es un Gobierno del PSOE—, el resultado es el silencio cómplice.
¿Cómo se explica, si no, que tras años de gobierno de Pedro Sánchez no hayamos visto ni una sola huelga general? ¿De verdad no había motivos? ¿No había precariedad, inflación, pérdida de poder adquisitivo, subida de impuestos, deterioro del empleo? ¿O es que simplemente no interesaba molestar al poder?
La respuesta es evidente.
Estos sindicatos que hoy salen a la calle no lo hacen para exigir mejores condiciones laborales. No lo hacen para denunciar la pérdida de derechos. No lo hacen para defender al trabajador que no llega a fin de mes. Lo hacen para proteger su propio estatus, su red de privilegios, su entramado de liberados sindicales, subvenciones y prebendas.
Y lo hacen, además, con una desvergüenza absoluta: utilizando el Primero de Mayo no para señalar al Gobierno, sino para atacar a la oposición. Es decir, convierten una jornada histórica de reivindicación obrera en un mitin político al servicio del poder. Un fraude en toda regla.
Pero es que la deslegitimación de estos sindicatos no es nueva. Viene de lejos. Viene marcada por escándalos que dejaron al descubierto una realidad que muchos intuían y pocos se atrevían a denunciar. El caso de los ERE en Andalucía fue, probablemente, el golpe definitivo. Con anterioridad, cabe recordar el ya casi olvidado caso PSV.
En los ERES, más de 700 millones de euros, muchos de ellos destinados a la formación de parados, acabaron en destinos tan indecentes como el consumo de drogas, mariscadas o incluso locales de alterne. Dinero público, dinero de los trabajadores, utilizado para fines absolutamente ajenos al interés general. Un escándalo que no solo salpicó a dirigentes políticos, sino que también dejó en evidencia la connivencia de determinados sindicatos con ese sistema corrupto.
Desde entonces, la credibilidad de estas organizaciones quedó herida de muerte. Y lejos de hacer autocrítica, de regenerarse o de volver a sus orígenes, han optado por profundizar en su deriva: más dependencia del poder, más ideologización, más alejamiento del trabajador real.
Hoy vemos cómo convocan manifestaciones por causas internacionales —Gaza, Palestina, conflictos lejanos— mientras ignoran los problemas concretos del trabajador español. Que sí, que todo puede ser legítimo, pero no es su función. Su función es defender derechos laborales, no hacer geopolítica de pancarta.
