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La UDEF atribuye a Zapatero nuevas gestiones en Bolivia en favor de una empresa privada

La UDEF atribuye a Zapatero nuevas gestiones en Bolivia en favor de una empresa privada
porRafael Alejandro Escalona
politica

Las pesquisas se centran en Soboce, una empresa cementera boliviana perteneciente al citado conglomerado empresarial peruano, presente en varios países de América del Sur y con actividad en distintos sectores económicos


Un informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama incorpora nuevos elementos a la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La documentación policial sostiene que los agentes han detectado una supuesta actuación de influencia relacionada con intereses empresariales en Bolivia. El informe analiza una serie de movimientos que, según la UDEF, habrían beneficiado a una compañía integrada en el Grupo Gloria. Las pesquisas se centran en Soboce, una empresa cementera boliviana perteneciente al citado conglomerado empresarial peruano, presente en varios países de América del Sur y con actividad en distintos sectores económicos.

De acuerdo con los investigadores, la actuación atribuida al expresidente estaría relacionada con un conflicto judicial que afectaba directamente a la compañía. La empresa había sido condenada por la justicia boliviana a abonar una importante indemnización económica. La resolución obligaba a la cementera a pagar alrededor de 107 millones de dólares a una empresa competidora tras una disputa vinculada a presuntas prácticas de competencia desleal en el mercado. Según recoge el informe policial enviado al magistrado, Zapatero habría realizado gestiones ante distintas autoridades bolivianas en favor de los intereses de la compañía afectada por la sentencia.

La UDEF atribuye a Zapatero nuevas gestiones en Bolivia en favor de una empresa privada
La UDEF atribuye a Zapatero nuevas gestiones en Bolivia en favor de una empresa privada

Entre las personas mencionadas por los investigadores figuran el expresidente de Bolivia, Luis Arce, así como otros altos cargos del Ejecutivo y de las instituciones estatales del país sudamericano. La UDEF señala que las actuaciones también habrían alcanzado a responsables de áreas estratégicas como Economía, Justicia y la Procuraduría General del Estado, organismos con capacidad de influencia en distintos procedimientos.

El documento incorpora además referencias a una supuesta contraprestación económica vinculada a esas gestiones. Los investigadores sostienen que se habría producido un pago de 200.000 euros.

Esa cantidad, según la tesis policial, habría sido canalizada mediante una sociedad denominada Focus Social Research SAC, una firma radicada en Perú que aparece reflejada en las diligencias.

Los agentes consideran que dicha mercantil habría desempeñado un papel relevante en la operativa investigada. Por ello, su actividad figura entre los aspectos analizados dentro del procedimiento. El informe añade que los pagos y servicios examinados se habrían articulado formalmente mediante contratos de asesoramiento, aunque los investigadores mantienen una interpretación diferente.

Entre las personas mencionadas por los investigadores figuran el expresidente de Bolivia, Luis Arce
Entre las personas mencionadas por los investigadores figuran el expresidente de Bolivia, Luis Arce

La hipótesis policial apunta a que esos acuerdos habrían servido para encubrir labores de intermediación e influencia desarrolladas en beneficio de la empresa cementera boliviana. Asimismo, los agentes sostienen que la sociedad peruana habría actuado como vehículo para canalizar los pagos que actualmente son objeto de investigación judicial.

El nombre de Focus Social Research SAC ya apareció durante la declaración prestada por Zapatero ante la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio, en el marco de la causa. Según consta en las actuaciones, el expresidente fue preguntado sobre dicha mercantil durante su comparecencia ante el juez instructor de la investigación.

La nueva documentación incorporada al procedimiento también recoge un episodio posterior relacionado con la situación judicial de la empresa boliviana. En mayo de 2025, una Sala Constitucional de La Paz acordó dejar sin efecto de manera temporal la resolución que obligaba a Soboce a afrontar el pago millonario.

Ese pronunciamiento modificó provisionalmente el escenario judicial que afectaba a la compañía mientras continuaban desarrollándose otras actuaciones en el país.


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