Un informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama incorpora nuevos elementos a la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La documentación policial sostiene que los agentes han detectado una supuesta actuación de influencia relacionada con intereses empresariales en Bolivia. El informe analiza una serie de movimientos que, según la UDEF, habrían beneficiado a una compañía integrada en el Grupo Gloria. Las pesquisas se centran en Soboce, una empresa cementera boliviana perteneciente al citado conglomerado empresarial peruano, presente en varios países de América del Sur y con actividad en distintos sectores económicos.
De acuerdo con los investigadores, la actuación atribuida al expresidente estaría relacionada con un conflicto judicial que afectaba directamente a la compañía. La empresa había sido condenada por la justicia boliviana a abonar una importante indemnización económica. La resolución obligaba a la cementera a pagar alrededor de 107 millones de dólares a una empresa competidora tras una disputa vinculada a presuntas prácticas de competencia desleal en el mercado. Según recoge el informe policial enviado al magistrado, Zapatero habría realizado gestiones ante distintas autoridades bolivianas en favor de los intereses de la compañía afectada por la sentencia.
Entre las personas mencionadas por los investigadores figuran el expresidente de Bolivia, Luis Arce, así como otros altos cargos del Ejecutivo y de las instituciones estatales del país sudamericano. La UDEF señala que las actuaciones también habrían alcanzado a responsables de áreas estratégicas como Economía, Justicia y la Procuraduría General del Estado, organismos con capacidad de influencia en distintos procedimientos.
El documento incorpora además referencias a una supuesta contraprestación económica vinculada a esas gestiones. Los investigadores sostienen que se habría producido un pago de 200.000 euros.
Esa cantidad, según la tesis policial, habría sido canalizada mediante una sociedad denominada Focus Social Research SAC, una firma radicada en Perú que aparece reflejada en las diligencias.
