La asociación ACOM ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra la resolución aprobada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el pasado 10 de febrero de 2026, una medida que regula la aplicación de las restricciones previstas en el Real Decreto-ley 10/2025 sobre determinadas importaciones procedentes de territorios vinculados a Israel. La organización considera que la decisión vulnera la normativa europea y supone un trato discriminatorio hacia el Estado israelí.
La acción judicial amplía la ofensiva legal que la asociación ya inició a comienzos de año. En enero de 2026, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso presentado por ACOM contra una resolución anterior de la AEAT, aprobada en diciembre de 2025 y posteriormente sustituida por la actualmente recurrida. Ahora, la entidad solicita la anulación de la nueva resolución y de su anexo, donde figuran las localidades y códigos postales afectados por la medida.
Según sostiene la demanda, el Gobierno habría utilizado una herramienta técnica desarrollada por la Unión Europea para el control del origen de determinados productos con una finalidad distinta a la prevista inicialmente. ACOM argumenta que dicho mecanismo fue diseñado para determinar el acceso a beneficios arancelarios y no para servir de base a una prohibición nacional de importaciones.
ACOM cuestiona la legalidad y la motivación de la medida
La asociación considera que la resolución invade competencias exclusivas de la Unión Europea en materia de política comercial y unión aduanera. Además, sostiene que la medida establece un régimen específico dirigido contra determinadas localidades vinculadas a Israel, aplicando criterios que, según denuncia, no se utilizan en otros supuestos similares.
Otro de los argumentos centrales de la demanda se refiere a la falta de documentación administrativa que, a juicio de ACOM, debería respaldar la resolución. La entidad asegura que, tras examinar el expediente, solicitó información adicional sobre la metodología utilizada, los informes técnicos y jurídicos que sustentaban la decisión y los órganos responsables de validar el listado definitivo. Según explica, la propia Administración reconoció que parte de la documentación relevante se encontraba en el expediente de una resolución anterior y que no constaban otros informes complementarios.
Por todo ello, ACOM ha solicitado a la Justicia la anulación de la resolución de febrero de 2026 y la incorporación al procedimiento del expediente completo de la resolución previa. El presidente de la asociación, Ángel Mas, sostiene que la medida constituye un nuevo intento de aplicar un trato discriminatorio a Israel y asegura que la organización continuará recurriendo a todas las vías legales disponibles para impugnarla.
