El Gobierno autonómico de Salvador Illa se encuentra en el centro de una nueva controversia tras conocerse el reconocimiento otorgado por los Mossos d'Esquadra a Mohamed Said Badaoui, un activista expulsado de España después de que la Audiencia Nacional avalara su expulsión al considerarlo una amenaza para la seguridad pública. La polémica estalló después de que el propio Badaoui difundiera en redes sociales una imagen de la placa recibida, en la que se agradece su labor de mediación entre la comunidad musulmana y las instituciones catalanas.
La distinción destaca su contribución a la convivencia y a la defensa de los derechos humanos durante los años en los que residió en Cataluña. En el mensaje que acompañaba a la publicación, Badaoui expresó su satisfacción por el reconocimiento recibido y reivindicó su trabajo como interlocutor entre la comunidad musulmana y las administraciones públicas.
Sin embargo, el homenaje ha generado una fuerte reacción política debido a los antecedentes del activista. En mayo de 2025, la Audiencia Nacional confirmó la decisión del Ministerio del Interior de expulsarlo de España y prohibirle la entrada durante diez años. La resolución respaldó los informes elaborados por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que le atribuían la difusión de postulados salafistas radicales, labores de adoctrinamiento y vínculos con entornos extremistas. El tribunal concluyó que existía una "amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad pública".
