La mujer del presidente enfrenta un futuro judicial color de hormiga
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se encuentra en el centro de una tormenta judicial. Su decisión de negarse a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado ha fortalecido los indicios en su contra.
Esto ocurrió durante su comparecencia el pasado 10 de septiembre en los juzgados de Plaza de Castilla. La investigación gira en torno a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias. Todo se relaciona con la contratación de su asesora, Cristina Álvarez.
El magistrado Peinado ha sido claro en su auto más reciente. Begoña Gómez solo respondió a las preguntas de su abogado, ignoró por completo las del juez, la fiscalía y las acusaciones populares.
El juez escribió:
No contestó a pregunta alguna que le hubiera podido formular este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal.
Esta actitud, aunque es un derecho constitucional, ha jugado en su contra. Peinado subrayó que las respuestas dadas a su letrado no sirven como descargo. Así, el tribunal se queda sin argumentos para atenuar las pruebas acumuladas.
La causa se ha elevado ya a procedimiento de juicio oral. Gómez, Álvarez y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, deben presentarse el 27 de septiembre a las 18:00 horas.
La notificación se hará ese sábado, quizás para esquivar el foco mediático. El juicio será ante un jurado popular, nueve ciudadanos sin formación jurídica decidirán el veredicto. Esto añade un matiz impredecible al proceso.
Los indicios son "racionales, fundados y sólidos", según el juez. Todo empezó con una denuncia por malversación.
Se cuestiona si el puesto de Álvarez en la Universidad Complutense se usó de forma irregular. Ella gestionaba la agenda de Gómez, sus correos y le daba apoyo en seguridad y protocolo durante viajes.
La comparecencia del 27 de septiembre marcará un hito. Allí se detallarán los cargos precisos, Begoña Gómez podría enfrentar penas severas si se confirma la malversación. El jurado popular decidirá basado en pruebas y testimonios.
