Afirma que el núcleo esencial de la información ya se difundió desde "la Comunidad de Madrid"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa. Lo hace a las puertas del juicio que afrontará por la supuesta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Ortiz sostiene que es inocente. Afirma que el núcleo esencial de la información ya había sido difundido desde “el aparato institucional de la Comunidad de Madrid”. Además, recuerda que unas 600 personas tuvieron acceso al contenido que ahora se le atribuye como filtración.
La Abogacía del Estado, que representa al fiscal general, insiste en que no hubo delito. Argumenta que Ortiz actuó en el ejercicio legítimo de sus competencias. Su objetivo, dice, fue proteger la imagen de la Fiscalía frente a una campaña de desinformación que ponía en duda la honradez de sus miembros.
El escrito rebate el relato del magistrado del Supremo Ángel Hurtado. Este sostiene que, la noche del 13 de marzo de 2024, Ortiz filtró a la SER un correo del abogado de González Amador. El medio lo publicó a las 23:23.
Ese correo había sido enviado el 2 de febrero. En él, la defensa del empresario se ofrecía a reconocer delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía.
La Abogacía expone un relato detallado. Empieza el 23 de enero de 2024, cuando comenzó la investigación, y termina el 14 de marzo, cuando Fiscalía difundió una nota de prensa. En ella se incluía el intercambio de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto.
Según este relato, no existe conexión lógica entre la publicación en la SER y las actuaciones de Ortiz. El origen estaría en una información publicada por eldiario.es el 12 de marzo. Sus periodistas aseguraron que conocían la investigación desde el día 6.
La defensa sostiene que desde la Comunidad de Madrid se organizó una operación política. El objetivo habría sido presentar a González Amador como víctima de una trama. Según él diseñada desde el Gobierno, con la complicidad de la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
El escrito apunta al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Asegura que, desde las 19:00 del 13 de marzo, lanzó mensajes a periodistas con datos falsos. Entre ellos, que la propuesta de pacto había salido de la Fiscalía y que se impidió un acuerdo.
Incluso habría puesto en contacto al empresario con un periodista de El Mundo. Según la defensa, de esa conversación salió la publicación que difundió una versión tergiversada de los hechos.
