
La clave del delito de malversación por el que juzgarán a Begoña Gómez son los correos
Los emails que el exvicerector Doadrio presentó hace una semana ya están en manos de la UCO
El caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, vive un giro decisivo. El juez Juan Carlos Peinado ha considerado clave una serie de correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, exvicerector de la Universidad Complutense de Madrid.
Estos mensajes refuerzan la acusación de malversación. La sospecha: que Gómez utilizó a una asesora de La Moncloa para tareas privadas, pese a que cobraba un sueldo público.
Más de 200 correos bajo la lupa
El material entregado incluye más de 200 correos. Todos están relacionados con la cátedra de Transformación Social y Competitiva, dirigida por Gómez en la Complutense.

En ellos aparece Cristina Álvarez, asesora de Presidencia y también imputada. Su participación activa o en copia refuerza la tesis de que dedicó tiempo y recursos del Estado a un proyecto privado.
Entre los correos figura uno muy señalado. En él, Álvarez pide a la aseguradora Reale Seguros que mantenga el patrocinio de la cátedra de Gómez. Ese gesto es considerado por el juez como un indicio de desvío de funciones.
Camino hacia un juicio con jurado
La decisión de Peinado abre un escenario inédito. La causa por malversación se encaminará a un procedimiento con jurado. Serán ciudadanos, no magistrados, quienes tengan que dirimir si hubo delito.
La cita ya tiene fecha. El sábado por la tarde, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre deberán acudir para ser informados de este paso.
En esa comparecencia las defensas podrán solicitar nuevas pruebas o pedir el archivo. El juez decidirá si admite diligencias adicionales o si prepara el terreno para juicio.

El papel de Francisco Martín
La acusación alcanza también a Francisco Martín Aguirre. Fue secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023 y hoy es delegado del Gobierno en Madrid.
Peinado le atribuye responsabilidad en la supervisión de la asesora. Considera que debió evitar que Álvarez actuara fuera de sus funciones oficiales.
La contratación de esta asesora se remonta a 2018. Durante meses, el juez buscó al responsable del fichaje. Incluso intentó implicar al actual ministro Félix Bolaños, pero el Supremo frenó esa vía.
Recursos pendientes y pulso judicial
La defensa de Gómez y de Álvarez ha recurrido la imputación. La Audiencia Provincial de Madrid ya se mostró a favor de investigar si se excedieron las funciones públicas, aunque entonces lo enmarcó en un posible tráfico de influencias.
A día de hoy, la causa acumula recursos pendientes. Entre ellos, la propia imputación de Francisco Martín y el acceso a los correos de La Moncloa. También la decisión de llevar el caso a un jurado podrá ser recurrida.
Un proceso con impacto político
El caso sigue abierto y cada paso tiene repercusión política. Los correos aportados refuerzan la tesis del juez y marcan un punto de inflexión.
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