Un turbio horizonte le espera a Begoña Gómez tras la estrategia clave de Peinado

El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, toma un giro dramático. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que, si la investigación avanza, el juicio se celebre ante un tribunal de jurados populares.

Esta elección genera preocupación. En España, el 90% de estos juicios terminan en condena. La noticia llega en un momento tenso para el Ejecutivo.

La decisión de Peinado se conocerá este sábado. Afecta a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Todos están imputados  en una pieza separada.

La misma se abrió el 10 de marzo de 2025. Investiga la contratación de Álvarez, y  emails revelan tareas privadas para Begoña Gómez. Incluyen contactos con un vicerrector de la Universidad Complutense y empresas patrocinadoras.

Begoña Gómez enfrenta otros cuatro delitos graves. Entre ellos, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El juez sostiene que hay indicios sólidos, aunque aún no ha enviado el caso a juicio.

Pero la defensa de la imputada planea recurrir. Argumentan el alto índice de condenas, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 1995 hasta 2023,  el 89,9% de las sentencias de jurados fueron condenatorias. En 2016, ese porcentaje subió al 95,1%.

La Ley del Jurado se aprobó en 1995, fue bajo el Gobierno de Felipe González y contó con apoyo del PSOE e IU. Esta norma  busca involucrar a la ciudadanía en la justicia y cumple el artículo 125 de la Constitución.

Los jurados se eligen cada dos años por sorteo. La Oficina del Censo Electoral los selecciona y excluye a profesionales del Derecho. Cada tribunal tiene nueve titulares y dos suplentes, y el proceso incluye vetos para evitar sesgos.

Esto podría ser una buena estrategia de Peinado para desactivar las acusaciones de "lawfare"  del Gobierno. Este término alude a un uso político de la justicia.

Recientemente, el juez actuó contra ministros. Félix Bolaños y Óscar Puente cuestionaron la instrucción y Peinado exigió rectificaciones o indemnizaciones.

El Gobierno  no esperaba este paso estratégico del magistrado  Juan Carlos Peinado. Considera el jurado inapropiado para delitos como malversación.

Si el juicio avanza, la Audiencia de Madrid tendrá la última palabra. Podría revocar la decisión, pero el precedente es claro, en el 90% de casos, los jurados condenan.