La política penitenciaria vuelve a situarse en el centro del debate tras la salida progresiva de varios presos de ETA en los últimos meses. El goteo de excarcelaciones y regímenes de semilibertad está generando malestar entre asociaciones de víctimas y reabre un debate que parecía cerrado.
En concreto, varios internos han comenzado a abandonar la prisión para acceder a fórmulas más flexibles, amparándose en mecanismos legales que permiten suavizar su situación penitenciaria. Un proceso que, aunque respaldado por la normativa vigente, está siendo duramente cuestionado.
El trasfondo político añade aún más tensión. Estas decisiones coinciden con el apoyo parlamentario de EH Bildu al Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha alimentado las críticas de quienes ven una relación directa entre ambas cuestiones.
El uso del artículo 100.2, en el centro de la polémica
El principal foco de controversia está en la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta fórmula permite flexibilizar el régimen de los presos sin necesidad de que intervenga de forma previa el juez de vigilancia penitenciaria.
En la práctica, esto se traduce en que algunos condenados por delitos de terrorismo pueden acceder a situaciones de semilibertad antes de cumplir íntegramente sus penas.
