La política de renovables vuelve a colocar al Ejecutivo ante un problema que nunca llegó a resolver. Durante décadas se ha vendido como un ejemplo de modernización, vuelve ahora como un problema enquistado que mezcla decisiones fallidas, litigios millonarios y nuevas sospechas judiciales.
Lo que empezó como una apuesta ambiciosa durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha acabado derivando en un conflicto que nadie ha sabido cerrar. Las primas dispararon la inversión, sí, pero también generaron un agujero que después se intentó corregir de forma brusca.
Desde entonces, el Estado arrastra una herencia que lejos de resolverse se ha ido complicando. El actual Gobierno no solo no ha logrado darle salida, sino que sigue instalado en una estrategia que prolonga el problema y mantiene abierta una factura que no deja de crecer.
Un agujero millonario que el Ejecutivo sigue sin resolver
Las demandas de los inversores extranjeros llevan años acumulándose y ya no se pueden presentar como casos aislados. España ha ido encadenando resoluciones en contra en tribunales arbitrales, dejando una imagen cada vez más deteriorada fuera de nuestras fronteras.
El Ejecutivo ha optado por aguantar el pulso y evitar pagar, escudándose en argumentos jurídicos que, de momento, no están frenando el aluvión de fallos desfavorables. Lejos de cerrar la crisis, esta postura está alargando el conflicto y elevando el coste final.
