Una decisión judicial ha vuelto a reabrir el debate sobre la política migratoria y los límites del sistema. Un ciudadano marroquí condenado a siete años de prisión por una violación ha logrado evitar su expulsión y regularizar su situación en España.
El caso ha generado polémica por el contraste entre la gravedad de los hechos y el resultado final. A pesar de que existía una orden de expulsión y de que la Policía lo consideraba un riesgo, el Tribunal ha optado por permitirle permanecer en el país.
La resolución llega además en un momento especialmente sensible, con el debate sobre la inmigración muy presente en el ámbito político y con el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo cambios en esta materia.
El tribunal prioriza el arraigo frente a la expulsión
La Delegación del Gobierno en La Rioja había dictado su expulsión tras un informe policial que alertaba de su peligrosidad. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha revocado esa decisión y ha avalado su permanencia en España.
Los magistrados han tenido en cuenta principalmente su situación personal. El hombre lleva más de 19 años en España y es padre de una menor con nacionalidad española, factores que han pesado en la decisión.
